Ei-iE

Los sindicatos y los gobiernos están enfrentados desde el principio de los tiempos. La mera existencia de los sindicatos como una fuerza que defiende los derechos de los trabajadores y las trabajadoras cuando los gobiernos no lo hacen lleva, por sí sola, a esta relación conflictiva. En África se ha consultado en contadas ocasiones a los sindicatos durante la crisis de la COVID-19 y, cuando se ha hecho, los gobiernos no han tomado casi nunca en consideración sus consejos. ¿Existe una forma de que ambas partes colaboren para responder de modo más dinámico, oportuno y acertado en tiempos de crisis?

Desde principios del 2020, la pandemia de la COVID-19 ha provocado trastornos inimaginables en la salud, las economías mundiales y la educación. Las escuelas están cerradas desde marzo-abril de 2020. Como consecuencia, 1725 millones de estudiantes no asisten a la escuela y alrededor del 99% de la población estudiantil mundial se ha visto afectada (Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la Unesco, 2020). Muchos países en todo el mundo han tratado de salvar lo que quedaba del curso académico poniendo en marcha la educación a distancia de emergencia a través de diferentes soportes y medios. Como era de esperar, algunos han tenido más éxito que otros a la hora de implantar esta educación gracias a una mejor conectividad y preparación del equipo docente para llevar a cabo esta tarea.

En África, numerosos sistemas educativos que ya padecían otros trastornos (como crisis políticas, desastres naturales o problemas de salud preexistentes) sufrieron un impacto más duro por una nueva amenaza: la COVID-19. Muchos países africanos no estaban bien preparados para el cierre de las escuelas y no pudieron implantar una enseñanza y aprendizaje en línea adecuados, lo que profundizó la brecha educativa que ya existía. La Encuesta sobre el Futuro del Trabajo en la Educación, llevada a cabo por la Internacional de la Educación y de próxima publicación, confirmó que, en todo el mundo, los barrios más pobres y las zonas rurales se vieron más afectados por la crisis, ya que su nivel de conectividad ya era bajo y los equipos docentes carecían de la preparación necesaria para enseñar en línea. En África, muchos estudiantes de las zonas más pobres y rurales dejaron de asistir a la escuela y tuvieron que trabajar para apoyar a sus familias porque sus medios de subsistencia, ya precarios, se vieron afectados por la crisis económica. En algunas áreas la violencia de género se ha incrementado debido a la frustración financiera y al hecho de que los niños y las niñas estén en casa más tiempo del habitual; los casos de violencia doméstica y matrimonio precoz han aumentado y se prevé que muchas niñas no regresarán a la escuela una vez se reanuden las clases.

Era necesario elaborar urgentemente políticas educativas adecuadas para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia. Durante la época en la que estuve en la IE, observé de primera mano cómo los sindicatos y los gobiernos colaboran para elaborar políticas. La serie de seminarios sobre el futuro de la educación en África que ayudé a organizar duró cuatro semanas y estuve presente en dos de ellos. Los progresos alcanzados durante las reuniones fueron palpables: los representantes y las representantes sindicales y gubernamentales que empezaron con una actitud de ataque y de defensa, respectivamente, se convirtieron poco a poco en aliados y empezaron a compartir la misma visión en cuestiones que eran pertinentes para ambas partes, como la lucha común contra los trastornos educativos, uno de los problemas provocados por la COVID-19. Los debates fueron muy productivos, ya que se plantearon los diferentes puntos de vista y se pusieron todos sobre la mesa. Los gobiernos que al principio pensaban que lo hacían lo mejor posible en una situación de crisis consideraron las alternativas y la existencia de maneras mejores y más eficaces de hacer las cosas propuestas por los sindicatos. Por su parte, los sindicatos que estaban indignados porque no se les había involucrado en el proceso de formulación de políticas sintieron que sus voces se escuchaban y se tenían en cuenta.

Una de las preguntas que nos viene a la mente es: ¿y ahora qué? Reunir a las diferentes partes en una misma sala siempre es un paso positivo, pero ¿es suficiente? Con la ayuda de organizaciones influyentes —como la IE; la Open Society Foundations (OSF); el Instituto Internacional para el Fortalecimiento de Capacidades en África (IICBA, por sus siglas en inglés) de la Unesco, y el Equipo Especial Internacional sobre Docentes (TTF, por sus siglas en inglés)—, los actores nacionales pueden estar más dispuestos a entablar un diálogo abierto. Pero ¿qué pasa después? Los ministerios y los sindicatos han firmado un documento de consenso en el que se describen los pasos que se van a tomar en cuanto a cuestiones educativas, haciendo hincapié en la importancia de la cooperación y la colaboración en el futuro para superar las dificultades derivadas de trastornos como la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, ¿cómo garantizamos la actualización continua y la aplicación de estas medidas? ¿Cómo puede asegurarse la comunidad internacional de que no se convierten simplemente en directrices normativas que los países deben tener en cuenta en lugar de una hoja de ruta para adoptar medidas en el futuro encaminadas a proteger el bienestar del alumnado y el profesorado y la calidad de los servicios prestados a los alumnos y las alumnas?

El proceso de elaboración de políticas es largo y complejo. El gobierno tiene la capacidad de dirigir el proceso, pero no puede llevarlo a cabo en soledad; la colaboración es esencial y las consultas con las partes interesadas son fundamentales para alcanzar los resultados necesarios para un sistema más equitativo y una educación de mejor calidad para generaciones futuras. Los gobiernos y los sindicatos que representan al profesorado y al personal educativo deben colaborar con el fin de garantizar la enseñanza al alumnado africano de los conocimientos y las competencias necesarios para hacer frente a un futuro incierto. Para ello, es necesario centrarse de forma inmediata y firme en el contenido del programa de estudios, los tipos de evaluación y el desarrollo profesional del equipo docente. Habida cuenta de que hay competencias más urgentes que el alumnado debe adquirir en tiempos de crisis, dejar atrás los planteamientos ortodoxos sobre la importancia de la alfabetización y la aritmética en la educación y reexaminar la forma en que se establecen los planes de estudio es sumamente importante en el contexto actual. Entre estas competencias cabe destacar el aprendizaje emocional y social, la formación psicosocial, cómo superar el trauma, cómo prevenir el cambio climático y cómo prepararse para un futuro más sostenible. Preparar al equipo docente para abordar las necesidades básicas del alumnado, en particular brindar apoyo psicosocial para hacer frente a los desafíos actuales, es una cuestión emergente que requiere la consideración de las instancias responsables de la formulación de políticas. El diálogo permanente y el acuerdo entre los representantes y las representantes del gobierno y del cuerpo docente para elaborar medidas conjuntas y la involucración del profesorado en todas las etapas de los procesos de formulación de políticas es la única manera de alcanzar un consenso y una solución.