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El fenómeno de la violencia de género vincula, en el marco de una cultura profundamente machista, la violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, particularmente de los sectores más pobres de la sociedad y de pueblos indígenas. Paraguay ostenta una de las primeras posiciones en Sudamérica de abuso sexual de niñas y niños: una/o cada tres horas. Unas 650 niñas entre 10 y 14 años quedan embarazadas por año. Y los feminicidios, al igual que la violencia doméstica en general, van aumentando año tras año.

Situación de la violencia de género en Paraguay

La violencia de género, tiene, sin duda, profundas raíces históricas y culturales. A diferencia de otras regiones latinoamericanas en las que abundaba el oro y la plata, el proceso de colonización en Paraguay se caracterizó por el sometimiento de algunos pueblos indígenas, sobre todo guaraníes, al poder español para la explotación de la mano de obra indígena. La institución cultural del cuñadazgo guaraní (el tovaja) derivó en servidumbre (mita) y esclavitud (yanacona) de hombres y mujeres para la explotación agrícola y el servicio personal. El abuso de las mujeres generó la triste fama al Paraguay de Paraíso de Mahoma. Muchos grupos indígenas no tardaron en rebelarse y fueron masacrados. El sometimiento y el sentimiento de inferioridad ante el poderoso, el abuso de las mujeres y de los más débiles, y la crianza de hijos con padre ausente marcaron profundamente el posterior desarrollo histórico cultural del país. La ausencia de hombres después de la guerra de la Triple Alianza (1864-1870) vino a remachar el complejo fenómeno social del machismo paraguayo.

Esta herencia de fuego se plasmaba tiempo atrás en un discurso que el anterior presidente paraguayo, Horacio Cartes, pronunciaba ante representantes del empresariado brasileño, ofreciendo el Paraguay como “una mujer bonita...disponible para que la usen y abusen”.

Un estudio reciente revelaba las desigualdades laborales que afectan a las mujeres, situación que también provee un terreno fértil para el desarrollo de la violencia de género. Un tercio de las mujeres de 15 y más años no estudia y carece de un ingreso financiero propio. Poco más de la mitad de las mujeres está inactiva, el 9,2% trabaja, pero no recibe remuneración, y el 7,1% está desempleada. El ingreso mensual promedio de la mujer que trabaja, agrupando las que viven en las ciudades como en el sector rural, llega apenas a G. 1.862.641(U$S 286.5), frente a los G. 2.462.508(U$S 378.8) de los hombres. “El trabajo por cuenta propia, como familiar no remunerado y el empleo doméstico ocupan al 57,1% de las mujeres, cifra que se eleva al 78,3% en el sector rural. Las mujeres jóvenes, se ocupan como trabajadoras no remuneradas, lo cual las afecta doblemente. Por un lado, no cuentan con recursos propios y, por otro lado, la cultura patriarcal y adulto céntrica al interior de las familias generan conflictos que se traducen en migración en el caso de las jóvenes rurales”.

Paraguay implementó como principal medida sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 el aislamiento social, una medida muy acertada que, sin embargo, implicó el aumento de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. Con respecto al año anterior, la violencia ha aumentado en más del 87%. Las 39 víctimas de feminicidios de este año confirman esta tendencia.

Qué hacemos frente a esta situación

La ideología patriarcal tiene raíces muy profundas en nuestra cultura, y es utilizada por los sectores más conservadores de la sociedad contra cualquier manifestación que cuestione los fundamentos del orden establecido. Afecta a sectores mayoritarios de la población, e inficiona a las organizaciones de los propios sectores populares. Es particularmente difícil trabajar para el desarrollo de la conciencia de derechos la temática sobre género.

Grupos católicos y evangélicos, en alianza con las instituciones del Estado, emprendieron años atrás una verdadera cruzada contra la “ideología de género”, poniendo en entredicho inclusive acuerdos internacionales firmados por Paraguay. Así, lograron evitar que se implemente la educación sexual en el sistema educativo público, y un ministro de educación hasta se ofreció para “quemar libros en las plazas”.

Las resistencias al interior de las organizaciones sindicales también se manifiestan con hostilidad en muchos casos, y el solo abordaje de temas de género puede generar serias divisiones, por lo que tenemos que tomar especial cuidado al plantearlas.Con muchas dificultades en nuestra organización logramos avanzar al menos en algunos aspectos: la instalación del equipo mujer; la formación sistemática en materia de género; la vinculación con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este ámbito; y la denuncia pública sistemática de casos y situaciones de abusos o violaciones de derechos de mujeres.

Hoy estamos con nuestro mejor entusiasmo en la tarea de formar mujeres docentes como verdaderos sujetos políticos del cambio impostergable de nuestro país y nuestra educación, tratando de recuperar el terreno perdido con la pandemia.

Como organización sindical la OTEP AUTÉNTICA SINDICATO NACIONAL (Organización de Trabajadores de la Educación-Auténtica) hemos planteado propuestas de políticas públicas, incluyendo mayor inversión para educación y atendiendo el actual contexto de excepcionalidad en materia de protección de la salud en todas sus formas, principalmente la salud mental de cada uno de los miembros de la comunidad educativa ante las consecuencias que trae consigo los efectos de la pandemia.

La inversión en educación es de apenas el 3,4% del PIB, y en estas condiciones no puede sostenerse con seriedad el derecho a una educación pública de calidad para los sectores sociales empobrecidos por el modelo neoliberal. Estamos trabajando organizativamente lograr una articulación sindical en reclamo de, al menos, el 7% del PIB de inversión en educación, y el cumplimiento de la ley en relación a derechos laborales y profesionales de los docentes.

Todavía es un gran desafío instalar el debate sobre las redes de protección y desarrollo de estrategias para el abordaje de las consecuencias que tiene la violencia en las niñas, adolescentes y mujeres adultas, y, aunque sabemos que la violencia trasciende las clases sociales, también es una precisión que la población empobrecida al mismo tiempo es la más desprotegida. Esto cobra importancia al enmarcarlo en la educación pública, no solo porque la educación en sí misma es la base para el conocimiento de los derechos básicos y los posibles mecanismos de defensa de los mismos, sino también, porque la escuela o colegio seguirá siendo la segunda estructura social y cultural fundamental de referencia para los/las niños/as y adolescentes, y por tanto que este desafío pase a convertirse finalmente en política de estado.