En respuesta a la publicación del informe anual de Scholars at Risk (Académicos en riesgo), que documenta y analiza los ataques contra las comunidades de educación superior de todo el mundo, la Internacional de la Educación denuncia firmemente los ataques a la libertad académica y reitera la necesidad de contrarrestar la falta de financiación, las precarias condiciones de empleo y la privatización y comercialización de la educación superior.
El informe Free to Think(Libre de pensar) de este año, publicado por Scholars at Risk, analiza 324 ataques contra las comunidades de educación superior en 56 países, frente a los 294 ataques del año pasado en 47 países. Los ataques tuvieron lugar entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019 e incluyeron ataques violentos dirigidos contra universidades; encarcelamientos y persecuciones de académicos y estudiantes, especialmente en China y Turquía; y un aumento de las tensiones en India, Sudán, Brasil y otros países. Estos ataques afectan a miles de personas y socavan la libertad académica y de expresión en comunidades enteras, lo que perjudica el desarrollo social, político, cultural y económico.
“Los ataques contra las comunidades de educación superior –independientemente de su ubicación, escala o alcance– tienen consecuencias para las sociedades de todo el mundo”, declara Robert Quinn, Director Ejecutivo de Scholars at Risk. “En nuestro mundo cada vez más interconectado, estos ataques erosionan un espacio esencial y global en el que los académicos, los estudiantes y los ciudadanos en general pueden reunirse para comprender y resolver los problemas complejos que nos afectan a todos”.
Scholars at Risk hace un llamamiento a los estados, a los líderes de la educación superior y alos ciudadanos para que reaccionen ante estos ataques, rechacen la violencia y la coaccióndestinadas a restringir la investigación y la expresión; protejan a los académicos, los estudiantes y las universidades; y reafirmen públicamente su compromiso con la libertad académica y los principios de que el discurso crítico no es deslealtad y que las ideas no son crímenes.
El informe también proporciona medidas que pueden tomar las diversas partes interesadas –estados, instituciones de educación superior, asociaciones y sociedades, cuerpo docente, personal y estudiantes, medios de comunicación y el público en general– para promover y proteger la libertad académica. Entre ellas se incluyen los llamamiento para que un mayor número de estados respalde la Declaración de Escuelas Seguras; que las instituciones de educación superior ofrezcan plazas temporales de refugio académico para los académicos que se encuentran en situación de riesgo; y queel personal docente y los estudiantes participen en las clínicas jurídicas sobre lalibertad académica (AcademicFreedom Legal Clinics)y en los seminarios decabildeo para estudiantes (Student Advocacy Seminars)de Scholars at Risk.
Preocupaciones compartidas en elCaucus sobreEducación Superior durante el 8º Congreso Mundial de la IE
Los altibajos de la educación superior también se analizaron en el 8º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación (IE), celebrado en Bangkok (Tailandia)en julio de 2019. ElCaucus sobreEducación Superior, que tuvo lugar el 20 de julio,reunió al personal de la educación superior y postsecundaria.
“Aunque la función de las universidades en calidad de instituciones públicas sea servir al bien común, tienen que luchar por obtener fondos públicos y enfrentarse a la presión cada vez mayor que ejercen las fuerzas del mercado, lo cual tiene unas tremendas repercusiones en la libertad académica y las condiciones de empleo”, subrayó el Secretario General de la IE, David Edwards.
También condenó el hecho de que “se desperdicie gran parte del potencial de nuestros estudiantes”e insistió en que “los estudiantes no son solo trabajadores, sino que son ciudadanos” y que “la educación, la investigación y la profesión docente son pilares de la democracia”, que actualmente se encuentran gravemente amenazados a nivel mundial.
La Internacional de la Educación también hace un llamamiento a los gobiernos, a las organizaciones miembro y a los ciudadanos comprometidosa tomar medidas enérgicas para proteger la libertad académica en todo el mundo. La recomendación de la UNESCO de 1997 relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior debe aplicarse plenamente.