El 30 de noviembre se llevó a cabo un Día Mundial de Acción sobre Filipinas. El movimiento sindical internacional mostró su solidaridad con los y las sindicalistas y activistas que luchan por los derechos humanos y la democracia en un país en el que ambos peligran desde que Rodrigo Duterte fue elegido presidente en 2016.
A pesar de las severas restricciones impuestas a raíz de la COVID-19, los sindicatos organizaron una serie de protestas en Filipinas. Los partidarios de la Agrupación Global Unions intervinieron en las embajadas y consulados de Filipinas.
En las comunicaciones se insta al Gobierno a actuar con arreglo a cuatro prioridades, a saber:
- Poner fin a su táctica de inclusión de sindicatos y demás organizaciones legítimas en la “lista roja” (etiquetados de terroristas o comunistas) y hacer que los responsables rindan cuentas, especialmente los implicados en las ejecuciones extrajudiciales;
- Derogar la Ley Antiterrorista y sus reglamentos de aplicación;
- Garantizar la salud y seguridad en el trabajo de todos los trabajadores y las trabajadoras;
- Proteger el empleo y los ingresos de los trabajadores filipinos y las trabajadoras filipinas y emprender programas masivos de empleo público.
El Día de Acción se celebró una semana después de que el Consejo Global Unions llevara a cabo un seminario en línea que brindó a los sindicalistas y las sindicalistas filipinos la oportunidad de exponer la opresión, la intimidación, las amenazas de muerte y la violencia que sufren.
El Consejo Global Unions adoptó una declaración sobre la urgente crisis democrática en Filipinas, señalando que “el día de acción arroja luz sobre el avance del despotismo y solicita al Gobierno de Filipinas que cumpla sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”. Insta al Gobierno de Filipinas a que “deje de violar los derechos humanos y se reincorpore a la familia de países democráticos”.
La declaración hace un llamamiento a otros Gobiernos para que se nieguen a condonar estos crímenes y para que examinen y se replanteen la retirada temporal de determinadas ventajas comerciales y económicas, como el Sistema de Preferencias Generalizadas, que existen en la Unión Europea, los Estados Unidos y otras regiones del planeta. Recuerda a los Gobiernos que “las repetidas decisiones de la Organización Internacional del Trabajo y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han sido ignoradas o han dado lugar, en el mejor de los casos, a promesas vacías”.
La declaración del Consejo Global Unions concluye que:
“La democracia se encuentra en una situación crítica en Filipinas, pero todavía no está muerta. Esto se debe a que muchos filipinos y filipinas están luchando valientemente por ella. El pueblo filipino precisa y merece apoyo mundial y lo necesita urgentemente. Ha llegado el momento de que los Gobiernos que apoyan los derechos humanos universales den un paso adelante y demuestren que sus compromisos no son solo palabras”.