Reunidos en Viena para debatir la agenda de liberalización, los sindicatos de toda Europa tienen como prioridad número uno excluir los servicios públicos, incluida la educación, de los acuerdos comerciales potenciales.
En los dos próximos días, más de 100 delegados sindicales del sector público, procedentes de 25 países europeos, se reunirán en Viena, Austria, para debatir los problemas potenciales que podrían conllevar la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI), el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS).
Este evento, organizado por la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP), el Comité Sindical Europeo de la Educación (CSSE), la región europea de la Internacional de la Educación, la Cámara de Comercio austriaca (AK) y la Federación Sindical austriaca (ÖGB), tendrá lugar el 15 y el 16 de enero.
Es responsabilidad de los gobiernos ofrecer una educación de calidad
"Las normativas sobre el acceso al mercado pueden restringir severamente la capacidad de los Estados que se han comprometido en favor de los servicios de educación con vistas a limitar y regular las operaciones de las instituciones y de las escuelas privadas y con fines de lucro", ha declarado Rømer.
El CSEE defiende firmemente la educación de calidad pública y gratuita para todos, y sigue convencido de que la educación es un derecho humano y un bien público, responsabilidad de los gobiernos. "El CSEE considera que las negociaciones comerciales en curso representan un riesgo considerable para la educación pública y, por tanto, exige que no se incluya la educación en los acuerdos comerciales - una postura que reiteraré en Viena.
Liberalización de los servicios públicos en los acuerdos comerciales: un peligro para el modelo social europeo
En una declaración conjunta publicada el pasado 14 de enero, el Secretario General de la FSESP, Willem Goudriaan, y el Director Europeo del CSEE, Martin Rømer, destacaron que "los gobiernos deberían concentrar sus esfuerzos en objetivos y medidas orientados a proteger y mejorar el acceso de todas las personas a una sanidad, una educación y otros servicios públicos de alta calidad, y no en los procesos de liberalización".
Asimismo, declararon que el CETA, la ATCI y el ACS no deberían minar los servicios públicos allá donde existen ni evitar que se desarrollen allá donde todavía están por ver la luz.
Destacaron que todos los ciudadanos se benefician de servicios públicos basados en la solidaridad, respaldados por los principios y los valores de acceso universal, de accesibilidad financiera, de control democrático, de continuidad y de igualdad. Asimismo, los servicios públicos son indispensables en la medida en que favorecen el desarrollo y la cohesión económica y social, la igualdad de oportunidades, la creación de empleo, así como la repartición equitativa de los ingresos y las riquezas.
La FSESP y el CSEE llevan muchos años exigiendo una agenda europea constructiva para los servicios públicos en el marco de sus reivindicaciones por una Europa social. El tratado de la UE y la Carta de los Derechos Fundamentales prevén el derecho al acceso a los servicios públicos. Sin embargo, ambas organizaciones lamentan que "la UE todavía deba dar más importancia al valor de los servicios públicos que apoya".
Para más información sobre la ATCI, visite la página dedicada al sitio web del CSEE