En un comunicado conjunto publicado hoy en Marrakech en el Foro de Educación del Foro Mundial de Derechos Humanos, más de 30 organizaciones de la sociedad civil africanas e internacionales han manifestado su gran preocupación por la importancia que otorga un informe reciente a la participación del sector privado en la educación en África.
Este informe del Banco Africano de Desarrollo (BAFD), la Comisión Económica para África (CEPA), la Comisión de la Unión Africana (CUA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el progreso de los ODM en África es importante ya que dará forma al debate para el próximo marco de desarrollo a partir de 2015.
La Declaración destaca que las políticas de privatización aumentan las desigualdades de acceso, no garantizan la calidad y socavan la noción de la educación como un bien público. Pide la retirada del Informe 2014 sobre los ODM: evaluación de los progresos realizados en África en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con el fin de reconsiderar las recomendaciones que apoyan la privatización de la educación y formular recomendaciones que sean coherentes con el derecho humano a la educación
El Sr. Limbani Nsapato de la Red Africana de la Campaña sobre Educación para Todos (ANCEFA, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones que lidera la Declaración, afirmó: “Estamos muy molestos por las recomendaciones de este informe de incrementar la participación del sector privado en la prestación de educación, puesto que ignora el hecho de que resulta cada vez más evidente que la privatización de la educación genera desigualdad y conduce a la segregación, como podemos observar ahora en Ghana”.
“Pese a reconocer que las dos políticas educativas aplicadas – la eliminación de los gastos de matrícula y las inversiones estatales a largo plazo en el ámbito de la educación – han sido especialmente eficaces para ampliar el acceso a la educación y la participación en la educación, las peticiones del informe de incrementar el papel de los agentes privados conducirían a la educación en África en la dirección opuesta y podrían mermar los logros alcanzados con respecto al incremento del acceso”, dijo el Sr. David Archer, de ActionAid.
La Sra. Caroline Pearce de la Campaña Mundial por la Educación (CME) comentó: “Sabemos que las matrículas y otros gastos de la educación son un obstáculo importante para el acceso a la educación. Los aumentos más drásticos de la escolarización en la enseñanza primaria en África desde el año 2000, en particular la escolarización de las niñas, se produjeron después de la eliminación de los gastos de matrícula. Sin embargo, este informe promueve una mayor privatización, que implica inevitablemente el pago de matrículas”.
Tal como reconoce el Informe de 2014 sobre los ODM, muchos países africanos “todavía se enfrentan a disparidades de escolarización entre los hogares más pobres y los más ricos”. La Unión Africana, a través del plan de acción para la Segunda Década de la Educación (2006-2015), reiteró la necesidad de velar por la equidad. Estos principios también están fuertemente protegidos por el derecho internacional.
Sin embargo, el aumento de la participación del sector privado en la educación es un fuerte motor de la segregación y la desigualdad de oportunidades. Tal como expresó recientemente el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación, la privatización “se burla de los motivos de discriminación prohibidos por los convenios internacionales en materia de derechos humanos, que son sobre todo el ‘origen social’, la ‘situación económica’, el ‘nacimiento’ o la ‘propiedad’”. [i]
La Declaración de la sociedad civil también advierte de que la privatización de la educación conduce a violaciones de la legislación internacional relativa a los derechos humanos. El Sr. Sylvain Aubry de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dijo: “Hemos realizado investigaciones sobre la privatización de la educación en Ghana, Marruecos, Uganda, Chile y Kenia, y hemos encontrado que se habían cometido violaciones del derecho a la educación, en particular del derecho a la no discriminación, de la obligación del gobierno a proporcionar una educación gratuita y de calidad, y deficiencias en la reglamentación y la gestión de las escuelas privadas”.
El Informe justifica el llamamiento a una creciente participación del sector privado en la educación basándose en que podría ayudar a mejorar la calidad. Sin embargo, las pruebas no apoyan esta posición. El Sr. Fred van Leeuwen de la Internacional de la Educación comentó que “unos docentes adecuadamente cualificados y formados, así como unas condiciones de trabajo decentes son factores fundamentales para garantizar la calidad de la educación. Sin embargo, en muchos países, las escuelas privadas emplean a docentes con escasa o ninguna capacitación. En Ghana, por ejemplo, sólo el 9,2% de los docentes de las escuelas primarias del sector privado están formados en comparación con el 69,4 % de las escuelas públicas”.
La calidad de la enseñanza privada es también problemática en Marruecos, donde tiene lugar el Foro Mundial de Derechos Humanos. Ahmed Sehouate, de la Coalición marroquí por una Educación para Todos, dijo: “En Marruecos, las inversiones privadas en el ámbito de la educación no equivalen a inversiones en la calidad. Tras casi 15 años de rápido aumento de la inversión privada en la educación, las escuelas privadas han fracasado en lo que respecta a la formación de los docentes, pero confían en gran medida en los docentes del sector público, y de esta manera lo debilitan.
Es evidente que, en virtud del derecho internacional, la educación es un bien público, por lo que debe ser protegida contra la comercialización y mercantilización. Los Estados destacaron hace unos meses en el denominado acuerdo de Mascate que “por conducto de los gobiernos, el Estado es custodio de la educación de calidad como bien público”. A pesar de ello, el Informe de 2014 sobre los ODM pide explícitamente la comercialización de la educación que “es propicia para la rentabilidad de las inversiones”. La Sra. Pearce de la CME destacó que “el ánimo de lucro en la educación es inaceptable, especialmente cuando se aprovecha de las aspiraciones a una vida mejor por parte de los padres más pobres”.