A principios de este año se iniciaron las negociaciones comerciales destinadas a desarrollar un nuevo pacto global de servicios a raíz de la celebración de un acuerdo relativo a un marco de negociación.
El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios Internacionales (TISA, por sus siglas en inglés) está siendo negociado por los llamados ”Verdaderos amigos de los servicios” en la Organización Mundial del Comercio: Australia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Unión Europea, Hong Kong, Islandia, Israel , Japón, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Perú, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Turquía y Estados Unidos.
Las conversaciones informales dentro del grupo comenzaron el año pasado en respuesta a las presiones de grupos empresariales insatisfechos ante el estancamiento de las negociaciones en la OMC para crear compromisos nuevos y más extensos en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).
En marzo, los negociadores acordaron la adopción de un marco “híbrido” para las conversaciones, en las que participarían los países que asumen compromisos de acceso al mercado sobre una base de “lista positiva”, y de trato nacional sobre una base de “lista negativa”. Con un enfoque de lista positiva, los países se comprometen a liberalizar únicamente los sectores de servicios que figuran en la lista, mientras que con una lista negativa aceptan liberalizar todos los sectores, excepto los excluidos explícitamente.
Los miembros de la OMC que participan en las conversaciones han indicado que no se excluirá ningún sector de servicios, pero algunos están presionando para que se establezcan prioridades. Un documento conjunto entre Australia y la Unión Europea emitido a finales del año pasado propuso 10 temas en los que debe centrarse el acuerdo TISA: la circulación transfronteriza de profesionales; la regulación y la transparencia internas; los servicios financieros; los servicios profesionales: los servicios de información y comunicaciones; los servicios de transporte y logística; los servicios marítimos; los servicios medioambientales; los servicios de energía y la contratación pública.
“Aun cuando las conversaciones no se centran específicamente en los servicios educativos hasta la fecha, no podemos dejar de seguir muy de cerca la evolución de los acontecimientos”, señala el asesor en materia de comercio de la Internacional de la Educación, David Robinson. “Por ejemplo, la inclusión de la reglamentación nacional podría afectar a normas relativas a la acreditación de los establecimientos escolares, así como a los requisitos en materia de cualificación que podrían tener repercusiones en el diseño y prestación de la educación y la formación profesionales”.
Robinson añadió que la focalización de los servicios financieros en una mayor liberalización es particularmente preocupante teniendo en cuenta el papel tan importante que jugó la insuficiencia de controles reguladores en la crisis económica de 2008.
“Si hay algo que hemos aprendido en los últimos años es que la liberalización de los servicios financieros ha sido un pavoroso desastre para la economía, para las finanzas públicas, para los trabajadores y para servicios públicos tales como la educación”, afirma Robinson. “Los acuerdos comerciales amenazan con restringir el espacio político precisamente en un momento en que los gobiernos tienen que controlar el sector financiero.”
Robinson observa que, según diversos informes, el sector financiero está ejerciendo presión para utilizar los acuerdos comerciales como medio para debilitar las reglamentaciones nacionales.
De acuerdo con la senadora demócrata de EE.UU. Elizabeth Warren, hay “crecientes rumores” acerca de los esfuerzos del sector financiero para “conseguir calladamente a través de acuerdos comerciales lo que no pueden hacer en público, con las luces encendidas y a la vista de la opinión pública”.
En una carta publicada en mayo, Peter Allgeier, antiguo representante comercial de EE.UU. y ahora presidente de la Coalición de Industrias de Servicios, afirmó que las normas comerciales requieren que las regulaciones “distorsionen lo menos posible el comercio y la inversión” y que no constituyan una “restricción encubierta al comercio”.
Entre tanto, los miembros de la OMC que no participan en las conversaciones sobre TISA han criticado la iniciativa, ya que socava el enfoque multilateral de la OMC. Brasil, China y la India se han opuesto abiertamente al acuerdo TISA.