El 10º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación (IE), reunido en Buenos Aires (Argentina) del 29 de julio al 2 de agosto de 2024, toma nota que:
en el punto álgido de la pandemia de COVID-19, más de 1600 millones de estudiantes se vieron afectados y afectadas por el cierre de escuelas y que, a principios de 2022, más de 616 millones de niños y niñas siguieron afectados por el cierre total o parcial de escuelas. El alumnado más joven y marginado fue el que experimentó un mayor retraso de aprendizaje;
desde la pandemia de COVID-19, el absentismo escolar sigue creciendo, y que el alumnado procedente de entornos desfavorecidos es mucho más propenso al continuo absentismo;
el aumento de los niveles de deuda pública a los que se enfrentan los países en desarrollo tras la pandemia, que ha provocado que 3300 millones de personas vivan actualmente en países que gastan más en intereses de la deuda que en educación o sanidad, una situación que se espera que empeore, ya que más de la mitad de los países de ingresos bajos se encuentran hoy en día en situación de endeudamiento grave o en alto riesgo de padecerlo.
El Congreso celebra:
el informe de la IE Las consecuencias imprevistas de la Inteligencia Artificial (IA) y la Educación, ya que destaca los riesgos que plantea la creciente comercialización de la educación.
El Congreso condena:
el aumento de la inequidad entre estudiantes, y comunidades favorecidas y desfavorecidas;
el incremento de la comercialización de la educación y las empresas que han aprovechado la crisis para introducirse en el sector de la educación y promocionar sus productos de tecnologías de la educación (EdTech, por sus siglas en inglés) como solución para la recuperación educativa;
los Gobiernos de países de renta alta que siguen incumpliendo su compromiso de destinar el 0,7 % de su renta nacional bruta (RNB) a la ayuda oficial al desarrollo (AOD);
el impacto del empeoramiento de la carga de la deuda en la capacidad de los Gobiernos para financiar adecuadamente sus sistemas educativos, así como la inacción de los donantes, los socios internacionales para el desarrollo y las instituciones financieras internacionales respecto a la reducción de la carga de la deuda.
El Congreso resuelve:
realizar acciones para garantizar una educación de alta calidad, equitativa e inclusiva para todos los y las estudiantes, y destinar recursos y apoyo a quienes corren mayor riesgo. Esto debe incluir un enfoque implacable a la hora de contratar y retener una fuerza de trabajo docente y educativa de alta calidad, incluido el personal de apoyo y aquellas personas que se están preparando para convertirse en educadores y educadoras, y garantizar que los y las docentes y los educadores y las educadoras disfruten de buenas condiciones de trabajo, incluido el derecho a organizarse y a afiliarse a un sindicato;
que los sindicatos de los países de renta alta presionen a sus Gobiernos para que cumplan su compromiso de destinar el 0,7 % de su RNB a la AOD y que al menos el 15 % de esta financiación se destine a la educación, y que la utilización de estos fondos sea definida con la participación de los sindicatos, asegurando que los fondos externos respondan a las necesidades y prioridades nacionales;
que los sindicatos trabajen en colaboración para garantizar una fiscalidad progresiva, reformando sus sistemas fiscales nacionales para que aumente el ratio impuestos/PIB y destinen un 4-6 % del PIB y/o al menos un 15-20 % del gasto público total a la educación;
intensificar los esfuerzos a través de la campaña ¡Por la pública! Creamos escuela para garantizar una acción y una reforma internacionales enérgicas que apoyen una fiscalidad progresiva, así como el alivio y la condonación de la deuda a los países cuya carga de la deuda amenaza su capacidad de invertir adecuadamente en servicios públicos;
que los sindicatos deberían tener en cuenta las recomendaciones del informe Las consecuencias imprevistas de la Inteligencia Artificial y la Educación a la hora de articular su oposición respecto al uso inadecuado de la IA y la EdTech en las estrategias de recuperación educativa;
llevar a cabo investigaciones que analicen hasta qué punto las empresas privadas de tecnología y el uso de la tecnología educativa empleada durante la pandemia se han llegado a integrar aún más en los sistemas educativos nacionales y cómo esto ha afectado a la enseñanza y el aprendizaje, incluidos el plan de estudios, la pedagogía y la evaluación.