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¿Cómo consigue un sindicato docente influir en una reforma legislativa y recobrar el reconocimiento de sus afiliados y afiliadas en un entorno político tóxico, polarizado y polarizador? Mediante el compromiso, la resiliencia y una voluntad indómita. Esta es una crónica de la improbable victoria del Sindicato de Profesorado de Enseñanzas Superiores no Universitarias de Zimbabue (COLAZ), que logró que el Gobierno zimbabuense promulgara una nueva ley para mejorar las condiciones del personal docente y de apoyo educativo en la educación superior y la formación continua.

El COLAZ, que agrupa a instituciones académicas superiores (excluidas las universidades) de formación docente, politécnicas, industriales y profesionales, se fundó en 2005 con el mandato específico de restablecer las condiciones del profesorado de estos centros.

¿Y por qué hablamos de restablecer? Durante los primeros años tras la independencia de Zimbabue en 1980, el salario del profesorado de enseñanzas superiores no universitarias era del 70 % del recibido en las universidades e incluía otros muchos beneficios laborales comparables. Eso cambió a principios de la década de 1990, cuando el Gobierno acometió una evaluación laboral con intención de introducir el Sistema de Calificación de Patterson. El resultado fue la degradación del profesorado de enseñanzas superiores no universitarias al mismo nivel que el de la enseñanza básica, mientras el personal docente de las universidades mantenía su autonomía, seguía rigiéndose por los consejos universitarios regulados por Estatutos Estatales y conservaba su derecho a la negociación colectiva en virtud de la sección 28:01 de la Ley Laboral. Por su parte, el personal educativo de los centros terciarios no universitarios pasaba a engrosar las filas de las funciones públicas reguladas en la Ley de Servicios Públicos (16:04) junto a otras profesiones como las dedicadas a la enseñanza primaria o la enfermería.

La versión actual de la Ley de Servicios Públicos es un remanente colonial que niega al funcionariado público sus derechos laborales según lo establecido en los Convenios 87 y 88 de la Organización Internacional del Trabajo. En particular, la Ley de Servicios Públicos prohíbe las huelgas del funcionariado, que únicamente tiene derecho a consultas, no a la negociación colectiva. En cuanto a las medidas disciplinarias, el funcionariado público debe cumplir antes de poder recurrir. La Ley también estipula la creación de un comité nacional conjunto de negociación y que solo se puede recurrir al arbitraje cuando tanto la parte trabajadora como la empleadora declaran que la situación ha llegado a un punto muerto. Como cabe imaginar, el Gobierno nunca ha declarado un punto muerto y siempre se ha valido del argumento de la falta de capacidad de pago. El equipo de negociación gubernamental está formado por funcionariado de nivel directivo que carece de competencia para tomar decisiones y debe consultar sistemáticamente al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Finanzas. Es habitual que el tiempo dedicado a esas consultas se prolongue desmesuradamente y que se adopten ofertas rechazadas sin un acuerdo firmado.

En este contexto, el profesorado de enseñanzas superiores no universitarias se reunió en 2009 en el Instituto Docente Masvingo para celebrar un congreso extraordinario centrado en resucitar el COLAZ, que no había conseguido despegar desde su nacimiento en 2005. El congreso eligió un nuevo Consejo Ejecutivo Nacional, con David Dzatsunga como presidente. El mandato que recibió el Consejo Ejecutivo Nacional fue el de recuperar el estatus que el profesorado de enseñanzas superiores no universitarias tenía antes de la era Patterson, cuando sus condiciones eran similares a las del personal universitario. El Consejo Ejecutivo Nacional debía luchar por volver al principio del 70 % del salario universitario y reconquistar otros derechos vigentes en el pasado. También estaba la cuestión de ampliar la afiliación, ya que la mayoría del profesorado de enseñanzas superiores no universitarias pertenecía a sindicatos de primaria. El sindicato abrió su sede en Harare, la capital de Zimbabue, y contrató personal cuando las cuotas de afiliación empezaron a llegar. En 2011 ya estaba en marcha la infraestructura básica.

En 2011, el COLAZ convocó una conferencia anual que desató un vendaval de ataques antisindicalistas por parte del Gobierno a través del Ministerio de Educación Superior y, en especial, de su secretario. La conferencia resolvió ir a la huelga a pesar de la disposición de la Ley de Servicios Públicos que prohíbe expresamente ese derecho al funcionariado. El profesorado adujo que se trataba de una ley injusta y, por tanto, no existían razones de peso para cumplirla. Hasta ese momento, todos los esfuerzos por iniciar un diálogo social se habían topado con un muro de silencio del lado institucional.

La dirección de los centros superiores de formación profesional de Zimbabue estaba en manos de personas cuyas prácticas corruptas eran bien conocidas, que habían llegado al puesto por motivos políticos y que gozaban de impunidad. Cuando le entregamos el aviso de huelga a la Comisión de Servicios Públicos, el secretario del Ministerio de Educación Superior citó a todos los equipos directivos, con instrucciones de llevar a la reunión a dos docentes, un hombre y una mujer, que no estuvieran afiliados al COLAZ. Se iban cerniendo nubes negras. El sistema se estaba blindando para reprimir al sindicato, como pronto confirmaron los colegas que asistieron a aquel infame encuentro. El secretario del Ministerio y los equipos directivos decidieron hacer todo lo posible para borrar la presencia del COLAZ de los centros educativos. Quienes estuvieron en la sesión nos hablaron de un grupo activo y resuelto que se había acordado tratar al sindicato como el enemigo. En aquel momento también supimos de la implicación de los equipos directivos y del funcionariado ministerial en una trama fraudulenta consistente en embolsarse dinero mediante "proyectos" como el alquiler de las instalaciones educativas para fines de producción agrícola o de reparación de vehículos, obteniendo unas ganancias de las que también participaba el secretario del Ministerio, que había aprobado una Política de Producción y Precios para justificar el saqueo. El sindicato alzó la voz contra esta práctica, incluso en la prensa, granjeándose su animosidad. Estábamos torpedeando su línea de flotación y teníamos que desaparecer.

La huelga comenzó en septiembre de 2011 y paralizó todos los programas en la mayoría de las instituciones. La respuesta no se hizo esperar. El secretario del Ministerio ordenó a los equipos directivos suspender a las y los líderes sindicales del COLAZ y abrir expedientes por mala conducta a las y los afiliados que habían secundado el paro. Las bases del sindicato abandonaron la huelga tras la suspensión de la dirección nacional y de la sección sindical, optando por enfrentarse al menor de los males, el de las acusaciones de mala conducta. Fue un ejemplo de manual de cómo descabezar a un movimiento. No se libró ni el presidente del sindicato y se puso de manifiesto que carecíamos de derechos laborales y que la lucha iba a ser mucho más dura de lo que habíamos supuesto. La brutalidad con la que habían sofocado la huelga nos impactó. No hubo ni el más mínimo intento de diálogo; fue un simple ajuste de cuentas. Si no queríamos ahogarnos, teníamos que aprender a nadar. Necesitábamos liderazgo. Necesitábamos fondos para contratar un servicio jurídico competente, pero dado el tamaño del sindicato, no nos sobraban.

Mientras pensábamos cómo defendernos, el Ministerio empezó a programar las vistas por mala conducta y envió equipos disciplinarios a todos los centros de enseñanza afectados. Las actas dejaron claro que los veredictos estaban decididos de antemano. Técnicamente, había base jurídica para ganar los casos, pero estábamos ante una farsa judicial marcada por la intimidación y el acoso puro y duro. Atravesábamos una crisis existencial y necesitábamos hibernar como una serpiente para mudar la piel, es decir, para cambiar de estrategia.

A principios de 2012 se anunciaron los fallos de las vistas. A la mayoría de las personas afiliadas les impusieron multas. A las y los líderes nacionales y de las secciones sindicales los trasladaron con carácter inmediato, en muchos casos, a localidades muy alejadas. Separaron a parejas de docentes que trabajaban en el mismo centro. Privaron a niños y niñas del cuidado de sus progenitores. Además, los cambios de destino conllevaban multas deducibles de los magros salarios. En total, los traslados afectaron a 30 dirigentes de la sección sindical. Fue la hora más oscura de la breve vida del COLAZ. Nuestro servicio jurídico nos aconsejó acertadamente acatar las sentencias para evitar despidos inmediatos. Y eso hicimos, mientras el sindicato iniciaba un proceso de apelaciones que nos deparó otras sorpresas.

Las apelaciones se pueden cursar por dos vías: solicitando una revisión de la Comisión de Servicios Públicos o presentando una diligencia ante el Tribunal Laboral. El sindicato hizo uso de ambas opciones. Aunque el Tribunal falló a nuestro favor, descubrimos que no tenía competencia para ejecutar su propio dictamen y que debíamos recurrir al Tribunal Superior. Así averiguamos que, en caso de tener derecho a una indemnización económica, el sindicato no podría hacerla valer debido a la Ley de Responsabilidades Estatales, que impide embargar los bienes gubernamentales. Estábamos en un callejón sin salida, debíamos abandonar los procesos judiciales y en el sindicato se respiraba un ambiente de rencor, en especial, entre quienes habían sufrido los traslados. Quedó patente que la vía legal favorecía al empleador y enriquecía a nuestro servicio jurídico mientras drenaba los recursos y la energía del sindicato.

En medio de esta situación, el sindicato se unió a la Internacional de la Educación (IE) en 2015. Presentamos de inmediato nuestro caso a la Secretaría General de la IE, que nos remitió a David Robinson, director ejecutivo de la Asociación Canadiense de Docentes Universitarios (CAUT), quien expresó su deseo de ayudar al COLAZ. No tardamos en firmar un acuerdo de cooperación al desarrollo con la CAUT que contribuyó a mejorar la capacidad del sindicato mediante equipos de oficina, financiación de conferencias y establecimiento de contactos con otros sindicatos de educación superior y formación continua de la Internacional de la Educación. Las autoridades de Zimbabue recibieron multitud de cartas de protesta de sindicatos del Norte Global que pedían al Gobierno que desistiera de su actitud. Contar con voces externas que se unieran a nuestra causa supuso una inmensa ayuda. Fue la muestra de solidaridad de la que carecimos al principio y sacudió el sistema.

Además, el sindicato decidió en su conferencia anual de 2017 dejar atrás el enfoque radical y optar por una campaña más mesurada de promoción y concienciación destinada a sacar a la luz los excesos del Ministerio, al tiempo que le dábamos más visibilidad a nuestras quejas mediante estudios bien documentados, campañas de prensa, contactos parlamentarios, exposición mediática y apelaciones a la Oficina de la Presidencia y del Consejo Ministerial, entre otras estrategias. Sindicatos como el NTEU (Australia), el UCU (Reino Unido) o Danish Masters nos prestaron su apoyo financiero y moral.

El primer resultado, ampliamente celebrado, fue la destitución del denostado secretario del Ministerio por parte del presidente Mugabe tras un revelador artículo que publicamos en el periódico Herald. En la pieza, titulada "El COLAZ devuelve el golpe a Mbizvo: Derecho a la réplica", nuestro secretario general exponía con brutal claridad las actividades corruptas del secretario y los motivos que lo inhabilitaban para el cargo. Gracias a este éxito, la única salida del Ministerio y los equipos directivos de los centros era dar un paso atrás. El sindicato había sobrevivido y estaba disfrutando del placer de haber destronado a un pequeño dictador.

El gran avance hacia la recuperación de las condiciones del profesorado de enseñanzas superiores no universitarias llegó en 2017 con el golpe que destituyó al octogenario presidente Robert Mugabe y condujo a la Segunda República en 2018.

Ese año, el profesor Amon Murwira fue nombrado ministro de Educación Superior y Terciaria, Innovación, Ciencia y Tecnología. Cuando se constituyó el nuevo parlamento, el sindicato se apresuró a presentar una petición a la Comisión Parlamentaria del Ministerio, que formuló la consulta pertinente al ministro antes de citarnos para una vista oral. Sin embargo, en lugar de responder a la Comisión, el ministro optó por invitar a la directiva sindical a una reunión. Reconoció que la petición estaba más que justificada y que la solución solo podría llegar a través de su colaboración con el sindicato. Recomendó al COLAZ retirar la petición parlamentaria para posibilitar una intervención ministerial directa. Aunque el ministro estaba de acuerdo en que nuestra lucha por recuperar el 70 % del salario universitario era justa y correcta, nos expuso que no había suficientes motivos para convencer a la Oficina de la Presidencia y del Consejo Ministerial, ya que el Sistema de Calificación de Patterson había subsumido en la función pública a otras muchas profesiones (como la medicina o la ingeniería). Nuestros títulos o doctorados no tenían nada de especial.

Murwira nos ofreció otro argumento: Nuestros centros de enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP) son la opción perfecta para materializar los esfuerzos gubernamentales por introducir la educación 5.0. Pueden impartir enseñanzas basadas en la tradición y formar a las personas que producirán bienes y servicios. Sin embargo, estos centros educativos deberán tener autonomía para que su personal académico goce de la libertad de cátedra necesaria para innovar sin las trabas burocráticas que supone la función pública. Además, el personal del sector necesitaría condiciones favorables similares a las de las universidades. Por lo tanto, todos los centros de EFTP deberían pasar de depender de la Comisión de Servicios Públicos a una nueva autoridad laboral, el Consejo de Servicios Educativos Terciarios (TESC). En consecuencia, se planteó un cambio legislativo y se propuso modificar la Ley de Desarrollo y Planificación de la Fuerza Laboral para acomodar el cambio de paradigma conducente a la educación 5.0.

Tras obtener el debido apoyo de la Oficina de la Presidencia y del Consejo Ministerial, el proyecto de ley se aprobó en ambas cámaras, con el acuerdo del presidente. Así nació la Ley de Desarrollo y Planificación de la Fuerza Laboral de 2020, como culminación de una lucha sindical iniciada en 2009. Contra todo pronóstico, en uno de los entornos más difíciles para organizarse, un sindicato pequeño pero paciente y decidido consiguió forzar un cambio legislativo y asegurar a sus afiliados y afiliadas un merecido reconocimiento.