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Para asegurar el bienestar del alumnado, de nuestras comunidades y nuestros países, los Gobiernos deben invertir más en los sistemas públicos de educación, inclusive en una formación docente y un desarrollo profesional de calidad, además de garantizar los derechos laborales y unas buenas condiciones de trabajo, implicar a los sindicatos docentes en la formulación de políticas y demostrar su confianza y respeto por el profesorado y por su experiencia.

Aunque el párrafo anterior bien podría pasar por uno de los principios o las aspiraciones fundamentales de la Internacional de la Educación, en realidad no es más que un breve resumen de un importante conjunto de recomendaciones publicadas este año por las Naciones Unidas.

El Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Profesión Docente —que reúne a destacadas figuras gubernamentales, académicas, sindicales y de la sociedad civil de todo el mundo, entre ellas, la presidenta de la IE, Susan Hopgood— se ha manifestado de forma clara y unánime, urgiendo a los Gobiernos a actuar con decisión para resolver la crisis educativa mundial mediante la mejora y la transformación de la función y las condiciones de una profesión docente que, en estos momentos, está sobrecargada de trabajo, infravalorada y mal pagada.

Este consenso internacional surgido de la cooperación sigue los precedentes sentados, durante más de una década, por sucesivas Cumbres Internacionales sobre la Profesión Docente (ISTP), la última de las cuales tendrá lugar este mismo mes en Singapur, de la mano del Gobierno singapurense y el Sindicato Docente de Singapur, que han contado con el patrocinio de la IE y la OCDE, como todas las cumbres organizadas en estos 14 años.

Nuestras cumbres han demostrado la capacidad de la colaboración entre organizaciones docentes y Gobiernos para impulsar políticas educativas que se ajusten a las necesidades de todo el alumnado en un mundo turbulento.

La cumbre celebrada el año pasado en Washington se centró en el cambio de función del profesorado y en cómo proporcionarle al personal docente no solo el apoyo y los recursos necesarios para mejorar sus condiciones de trabajo, sino también habilidades y conocimientos para gestionar retos emergentes como la digitalización y la crisis climática. Enfatizamos que hay que combinar la calidad con equidad e inclusión, elementos vitales para promover la ciudadanía mundial.

Este año exploraremos cómo transformar la educación y garantizar que desarrolla todo su potencial para contribuir a una sociedad más justa, pacífica y sostenible. Debatiremos sobre el papel de la tecnología en el futuro de la enseñanza y la formación técnica y profesional (EFTP) y abordaremos los tipos de colaboraciones que requerirá el aprendizaje para la vida.

Los últimos documentos conjuntos de políticas de la IE y la OCDE sobre la recuperación de los sistemas educativos después de la pandemia, el bienestar del profesorado y el alumnado y el uso justo y eficaz de la inteligencia artificial en el aula constituirán un importante telón de fondo para estos debates. Todos estos informes, que inciden en que para reimaginar la educación es esencial adoptar un enfoque centrado en las personas, constituyen una sólida base para la labor política que han de llevar a cabo sindicatos y Gobiernos.

De hecho, la esencia de las ISTP durante estos 14 años ha sido nuestra intención, estudiada y compartida, de potenciar y ampliar la colaboración entre ministerios y sindicatos con el fin de lograr políticas eficaces. Sin duda, las Naciones Unidas le han imprimido un impulso sin precedentes a ese empeño de cambiar el sistema a través de la colaboración.

Las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel reclaman una transformación urgente que trasciende el trabajo docente y pasa por la valoración social de la profesión y la importancia nacional de los sistemas educativos. Este año, en cada sesión de la ISTP, las delegaciones contarán con las recomendaciones correspondientes del Grupo.

Un punto crucial será el debate de las delegaciones sobre la transcendencia de las recomendaciones y sobre los requisitos para ponerlas en práctica en su contexto nacional.

Como bien saben quienes participan en el complejo ámbito de la práctica y la política educativa, el diálogo social o incluso el consenso son solo los pasos iniciales para reformar la educación. Si de verdad nos importan la educación de calidad, la transformación de la profesión docente, la alfabetización digital y el compromiso cívico de nuestro alumnado, debemos adaptar los sistemas que apoyan esos objetivos.

Hay desigualdad, y es debido al sistema. Hay cargas de trabajo inaceptablemente altas, remuneraciones muy bajas y demasiados abandonos de la profesión, y es debido al sistema.

Si transformamos los sistemas, cambiaremos las condiciones de enseñanza, las de trabajo y las de aprendizaje del alumnado.

Es fundamental apuntar que el Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas afirma que los medios principales para diseñar políticas sobre la educación, la enseñanza y la profesión docente deben basarse en un marco de colaboración que conduzca a su puesta en práctica. Esa es una buena definición del trabajo de la ISTP desde su creación en 2011: reunir a Gobiernos y docentes para abrir camino, para pasar del diálogo social a medidas que logren el cambio sistémico necesario para asegurar una educación de calidad para todos y todas.