Las trabajadoras y los trabajadores de la educación de la provincia de Jujuy, Argentina, llevan meses movilizándose por salarios dignos y en defensa de la educación pública frente a las reformas regresivas impulsadas por el gobierno provincial. Las movilizaciones pacíficas de los trabajadores de la educación y de la sociedad civil que los acompaña, están siendo violentamente reprimidas por la fuerza pública.
Hay personas con heridas graves, un joven de 17 años perdió un ojo por el disparo de balas de goma de parte de la policía local y mucha gente ha sido detenida de manera arbitraria, trasladada en vehículos no identificados. De igual manera, la policía provincial ha entrado en las casas sin orden judicial y ha detenido a varias personas. La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), afiliada a la Internacional de la Educación, denuncia y esta represión violenta y arbitraria que sufren las personas manifestantes por parte de la policía y las autoridades.
Jujuy es una provincia de Argentina que se encuentra en el extremo noroeste del país, en la frontera con Chile y Bolivia. Tiene una gran riqueza natural y minera, destacando el litio como uno de sus recursos. Su población está compuesta por diversas comunidades de pueblos originarios que han resistido la opresión y la discriminación a lo largo de la historia, especialmente por la defensa de sus tierras ancestrales. Sin embargo, Jujuy es una provincia pobre que ha sufrido el autoritarismo y la represión de sus gobernantes, vinculados a la derecha neoliberal.
El actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, mantiene presa desde el 2016, por medio de procesos judiciales irregulares y politizados, a Milagro Sala , líder de la organización social TUPAC AMARU y parlamentaria del PARLASUR.
Morales también ha reprimido violentamente las protestas sociales y ha impulsado una reforma constitucional que limita los derechos de los ciudadanos. Su ambición política lo lleva a aspirar a la presidencia del país en las próximas elecciones, que se realizarán el 22 de octubre de 2023.
El gobernador Morales intentó limitar el derecho de huelga y despedir a los trabajadores que participaran en las protestas, pero tuvo que retroceder ante la presión social. Sin embargo, sigue adelante con una reforma constitucional que amenaza los derechos humanos, el medio ambiente y la soberanía nacional. La Internacional de la Educación expresa su solidaridad con los trabajadores de la educación jujeños y exige el respeto a sus reivindicaciones y a su libertad sindical.
La represión del gobierno de Jujuy contra las protestas sociales y sindicales ha generado el rechazo de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), así como de organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnesty International y Human Rights Watch.
La CIDH ha instado al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, a cesar el uso de la fuerza y reestablecer el diálogo con los pueblos originarios. Sin embargo, según esta organización, desde el sábado 17 de junio se han registrado casos de uso excesivo de la fuerza, de gases lacrimógenos y balas de goma para disolver manifestaciones no violentas, resultando en heridas y lesiones en las personas manifestantes.
Durante la reciente Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), (Ginebra, junio de 2023) el Roberto Baradel, secretario adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y secretario internacional de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA-T), entregó una denuncia contra la represión ejercida contra los trabajadores y las trabajadoras y se inició una queja ante la agencia tripartita por violación de los derechos humanos, laborales y sindicales y de Convenios ratificados por Argentina, por parte del gobierno de Jujuy.
Hugo Yasky, presidente del Comité Regional de la Internacional de la Educación América Latina y presidente de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados de la Nación, ha denunciado que la reforma constitucional impulsada por Morales viola el Convenio 169 de la OIT, que establece la obligatoriedad de consultar a los pueblos originarios para cambios legislativos. La reforma constitucional busca eliminar el límite a la reelección del gobernador y modificar el sistema electoral.
El conflicto en Jujuy no solo afecta a los jujeños y jujeñas, sino que tiene repercusiones nacionales e internacionales. La reforma constitucional de Morales es un intento de imponer un modelo autoritario y neoliberal que beneficia a las grandes corporaciones y perjudica a los sectores más vulnerables de la sociedad. Entre ellos, se encuentran los trabajadores y trabajadoras de la educación, que reclaman por mejores condiciones laborales y salariales, y la líder social Milagro Sala, que lleva más de cinco años presa por motivos políticos.
La Internacional de la Educación, que representa a más de 32 millones de docentes en todo el mundo, expresa su solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras de la educación y con el pueblo jujeño, y exige el respeto a los derechos humanos, la libertad de Milagro Sala y el fin de la represión y la persecución política en Jujuy. Asimismo, llama a la comunidad internacional a estar atenta y movilizada ante esta grave situación que amenaza la democracia y el estado de derecho en Argentina.