La Internacional de la Educación denuncia los continuos ataques sufridos por dirigentes sindicales en Eswatini y condena la persecución de Mbongwa Dlamini, presidente de la Swaziland National Association of Teachers (SNAT), organización miembro de la Internacional de la Educación.
El monarca absoluto de Eswatini, el rey Mswati III, en el poder desde 1986, sigue reprimiendo a los defensores y las defensoras de los derechos humanos que protestan por el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. Hay varias leyes en vigor que restringen gravemente la libertad de expresión y de asociación, en particular, la Ley de Represión de la Sedición y las Actividades Subversivas de 1938, que continúa invocándose, la Ley de Orden Público de 1963 y la Ley de Represión del Terrorismo de 2008. Además, el estado de emergencia, que se declaró en 1973 y sigue en vigor, anula las libertades constitucionales y prohíbe los partidos políticos de la oposición.
El Gobierno presentó en 2014 una ley para disolver todas las federaciones de trabajadores/as y empleadores/as de Swazilandia, en particular el Trade Union Congress of Swaziland, al cual está afiliada la SNAT. En 2019 el presidente de la SNAT fue despedido de su puesto de docente por haber asistido a una reunión sindical. En octubre de 2021, docentes y trabajadoras/trabajadores del sector público fueron agredidos/as en el momento de entregar al Consejo Municipal de la capital una petición en la que reclamaban condiciones de trabajo decentes, una revisión salarial y derechos sindicales básicos.
En una carta dirigida el 7 de febrero al primer ministro de Eswatini, Cleopas Sipho Dlamini, el secretario general adjunto de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Owen Tudor, y el secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards, denunciaron “el brutal asesinato de Thulani Maseko, abogado defensor de los derechos humanos y sindicales”, así como “el exilio forzoso, por parte del Gobierno, de Sticks Nkambule y Mbongwa Dlamini, destacados representantes sindicales de Eswatini”. Los sindicatos internacionales consideran que el Gobierno está detrás del asesinato del abogado Thulani Maseko, puesto que se produjo tras aparecer su nombre en una lista negra.
Mbongwa Dlamini está siendo perseguido por sus actividades sindicales a raíz de las acciones de protesta de los sindicatos para reclamar mejores salarios y condiciones de trabajo para el personal docente. Ambos dirigentes sindicales se han visto obligados a exiliarse del país para salvaguardar su vida y su seguridad.
No se debe socavar el sistema de retención en nómina de la SNAT para el cobro de las cuotas de afiliación
Los y las dirigentes de la Internacional de la Educación y de la CSI también expresaron serias preocupaciones por “las amenazas formuladas por el ministro de Servicios Públicos, Mabulala Maseko, de acabar con el sistema de retención en nómina de la SNAT para el cobro de las cuotas de afiliación. El Gobierno también se ha negado a incluir el aumento del 3% de las cuotas de la SNAT y a los nuevos y las nuevas miembros reclutados/as por la misma”.
Estos ataques continúan pese a que el Gobierno de Eswatini y el Trade Union Congress of Swaziland han acordado someter estos conflictos a la mediación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El diálogo social es necesario para lograr la paz, la reconciliación social y el desarrollo
Eswatini ha ratificado los Convenios 87 y 98 de la OIT, que garantizan el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a la libertad sindical y a la negociación colectiva. La ratificación de sendos convenios obliga a Eswatini a garantizar que los trabajadores y las trabajadoras disfruten de una protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical en relación con su empleo.
La Internacional de la Educación y la CSI hacen un llamamiento al Gobierno de Eswatini “para que tome inmediatamente medidas que impidan a las unidades operativas de seguridad seguir perpetrando actos de represión y ejecuciones extrajudiciales de sindicalistas y defensores/as de los derechos humanos”. La IE y la CSI instan al Gobierno a “optar por el diálogo social para llevar la paz, la reconciliación social y el desarrollo al pueblo y a los trabajadores y las trabajadoras de Eswatini”.
Historial de violencia contra trabajadores y trabajadoras
En octubre de 2021, la Internacional de la Educación y la CSI denunciaron enérgicamente los ataques y la violencia perpetrados por la policía contra docentes y trabajadores/trabajadoras del sector público de Eswatini.
Condenaron enérgicamente el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos/as, que causaron decenas de heridos/heridas y la muerte de un estudiante.
La SNAT había notificado que las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y munición real. La policía también detuvo dos autobuses que transportaban a trabajadores y trabajadoras del sector público a la concentración pacífica, y disparó balas reales contra los pasajeros y las pasajeras.
En marzo de 2021, tras una aportación de la Internacional de la Educación, el examen de Eswatini por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas había señalado: “Según la Internacional de la Educación, el Convenio Colectivo, la Ley de Empleo de 2000 y la Ley de Relaciones Laborales de 2000, así como la Ley de Orden Público (2017), siguieron imponiendo restricciones a la libertad de expresión de los y las miembros de los sindicatos, algunos/as de los/las cuales también han sido intimidados/as, agredidos/as y detenidos/as. La Internacional de la Educación indicó que el Gobierno estuvo intimidando a docentes, incluso a través de plataformas mediáticas, para disuadirles de ejercer su derecho a la huelga”.
La ONU recomendó al Gobierno de Eswatini “reformar, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, toda la legislación que restringe indebidamente la libertad de expresión y de asociación, en particular, la Ley de Represión del Terrorismo y la Ley de Represión de la Sedición y las Actividades Subversivas” y “poner fin inmediatamente a la violencia de las fuerzas del orden y a otras restricciones contra las personas que ejercen sus derechos a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación”.