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Es una vergüenza para el Gobierno del Reino Unido que, en noviembre de 2021, 27 personas, incluida una mujer embarazada, se ahogaran en unas circunstancias totalmente miserables y espantosas a tan solo unas millas de un lugar donde poder solicitar asilo. Las rutas seguras legales para solicitar asilo se han ido restringiendo cada vez más. Las aerolíneas son objeto de multas si transportan a personas procedentes de zonas desde donde huye la mayoría de las personas refugiadas, a menos que tengan todos los documentos en orden.

Gran parte del personal docente está trabajando con niños y niñas refugiados en sus escuelas, y hace todo lo posible para ayudarles a que se sientan seguros. Una gran cantidad de activistas sindicales se prestan a acciones de voluntariado de otras formas, por ejemplo, para la obra benéfica Care4Calais.

Pero nuestro Gobierno, en lugar de dar una respuesta humana y solidaria, reacciona con el lanzamiento de dardos políticos y un planteamiento más restrictivo en vez de más humanitario. El nuevo proyecto de ley de nacionalidad y fronteras parece haberse diseñado para aumentar el entorno hostil para las personas migrantes y refugiadas, y prevé facultades para deportar a personas mientras se evalúan sus solicitudes de asilo, así como la creación de un nuevo estatuto temporal e incierto para los refugiados y las refugiadas. Asimismo, el proyecto de ley exime al Gobierno de notificar que se priva a una persona de la ciudadanía. Estos poderes draconianos socavan la base de la Ley de derechos humanos y todas nuestras libertades civiles.

Gran Bretaña contribuyó a establecer la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y, desde entonces, los sucesivos gobiernos han defendido los principios de una audiencia imparcial en suelo británico. Este Gobierno y, en particular, la Secretaria de Estado del Interior, en lugar de manifestar posturas políticas, deberían estar garantizando el desplazamiento seguro de las personas a Gran Bretaña para que tengan acceso a una audiencia imparcial y puedan solicitar asilo.

Tenemos derecho al enfado, y deberíamos estar movilizándonos para asegurarnos de que se puede trazar una ruta más segura y más humana. Debemos preguntarnos, ¿qué futuro queremos para nuestros hijos e hijas? ¿Queremos a personas armadas en nuestras fronteras, mientras otras personas se ahogan? ¿Queremos fomentar el miedo entre quienes solicitan refugio? ¿Queremos inculcar a la población infantil temor de las personas refugiadas? ¿Queremos ver el problema como si fuera “de otro lugar”, como algo que le pasa a los demás?

¿O queremos un mundo con más igualdad, donde nos tratemos como hermanos y hermanas? Uno en el que nuestros niños y niñas respeten y abracen la humanidad y acojan a las personas refugiadas en nuestras escuelas y comunidades.

El asunto de las personas refugiadas no se va a acabar sin más, al igual que no se va a acabar sin más la COVID-19, ni tampoco la emergencia climática. Estas cuestiones están relacionadas con el poder y el privilegio de los países europeos que pueden, y a menudo consiguen, levantar el proverbial puente levadizo con el pretexto de la protección nacional. Ha llegado el momento de adoptar medidas urgentes con respecto a ambos. Para protegernos, debemos estar dispuestos a proteger a todo el mundo.

El NEU está de acuerdo con los Gobiernos de Sudáfrica y de la India en relación con que debe haber una exención de patentes para las vacunas y una transferencia de la tecnología que sea necesaria. Coincidimos con James Meadway en que es fundamental que superemos los obstáculos de los derechos de propiedad intelectual para las vacunas, de modo que estas lleguen más allá de los países ricos de vacunas del Norte Global como, por ejemplo, los que se concentran en el África subsahariana:

“La respuesta correcta e igualitaria es exigir la eliminación de las protecciones a la propiedad intelectual sobre las vacunas, y la asignación de importantes recursos a su producción y distribución por el mundo menos desarrollado. Nuestro compromiso conjunto deberá ser con la justicia y con la libertad, ambas aplicadas universalmente” ^[1].

También nos sumamos a la IE en su llamamiento por adoptar medidas mucho más urgentes que aborden la emergencia climática y promuevan una educación climática de alta calidad. El personal docente y sus sindicatos desempeñan funciones esenciales a la hora de apoyar a las personas refugiadas, enfrentarse al racismo y educar sobre las causas de los numerosos movimientos de personas refugiadas.

Gran Bretaña puede ser una isla en términos geológicos, pero tiene conexiones políticas en todo el mundo y empresas históricas internacionales que incluyen la colaboración con muchos de los países de donde proceden las personas solicitantes de asilo. Esto no tiene por objeto atribuir culpas, sino ilustrar que las personas solicitantes de asilo no son “los demás”. Están vinculadas con nuestras conexiones. Son personas como nosotros. Son nosotros.