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La educación pública en Argentina se encuentra hoy amenazada por un programa político que ha llegado al gobierno nacional para -en palabras del propio presidente Milei- “destruir el Estado desde adentro”. Con el argumento de que el Estado es una “organización criminal” que atenta contra la libertad (del mercado), y que la justicia social es un agravio al principio del mérito individual y la libre competencia, Milei pretende realizar un proyecto que es menos delirante que sus conferencias en los foros de la internacional ultraconservadora, y tan despiadado como sus publicaciones en redes sociales. Los poderosos grupos económicos que lo respaldan y ocupan hoy puestos decisivos en el gobierno aspiran a establecer una fórmula de dominación irreversible, que les permita asegurarse a perpetuidad las condiciones necesarias y suficientes para acumular ganancias extremando la explotación de los recursos y los esfuerzos del pueblo argentino.

Es por ello que el actual gobierno se ha empeñado en lo que Milei entiende como una gesta de refundación, haciendo tabla rasa de la institucionalidad preexistente. No casualmente, la Argentina que la fantasía “libertaria” añora es exactamente la Argentina pre-democrática, sin derechos políticos, sociales y culturales, en la que una economía excluyentemente primaria, agroexportadora, alimentaba el goce dispendioso de una oligarquía escandalosamente enriquecida gracias a la miseria de la mayoría. Ese programa, que en los inicios del ciclo neoliberal se impuso a sangre y fuego en Argentina durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), no es novedoso. A poco de celebrarse 40 años de la recuperación de la democracia, el poder económico vuelve, con Milei, a tomar su revancha. Con la desregulación de la economía, la apertura a los capitales extranjeros, el ajuste del gasto público, la reforma neoliberal del Estado, la depreciación de los ingresos de los sectores populares, una reforma laboral regresiva y una política de criminalización de la organización y la protesta social. En el marco del endeudamiento externo provocado antes por el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y de la consecuente sujeción a los dictados del FMI, en apenas seis meses de gobierno “libertario” esa política ya ha provocado un aumento inédito de la pobreza, la indigencia y el desempleo. Devastadoras consecuencias sociales que no constituyen un accidente o un “daño colateral”, sino que apuntan a lograr un reordenamiento social bajo la disciplina de la desigualdad.

Y así como en un país como la Argentina ese propósito requiere eliminar la clase media, también exige a sus promotores suprimir la capacidad contestataria del movimiento popular - el sindicalismo, los movimientos sociales, el peronismo, el feminismo, los organismos de derechos humanos. De allí que el gobierno de Milei haya establecido a pocos días de asumir el gobierno un “Protocolo” para instruir la intervención de las fuerzas de seguridad ante las manifestaciones callejeras, en el que se limitan las libertades de expresión y de asociación, y se pretende criminalizar la protesta pacífica, contrariando todos los pactos y recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos. Con la aplicación de tal instrumento, ya se han producido no solamente situaciones injustificadas y violentas de represión de la movilización social, sino detenciones arbitrarias, penalización con multas a las organizaciones, extorsión sobre las personas beneficiarias de programas de asistencia social y, más recientemente, imputación caprichosa de delitos gravísimos a participantes de las protestas.

El ataque a la universidad pública y a la educación pública en general, se inscribe en ese múltiple registro de la política de ajuste y reforma neoliberal del Estado, la mercantilización de todas las esferas de la vida, y el disciplinamiento social. El actual gobierno -que eliminó el Ministerio de Educación, reduciéndolo a una Secretaría del nuevo Ministerio de “Capital Humano”- ha producido ya una brutal reducción del presupuesto educativo y universitario, suspendiendo el financiamiento de un sinnúmero de programas indispensables para asegurar condiciones adecuadas para la tarea educativa y la actividad académica. Ha dejado de pagar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una conquista histórica de la lucha docente que representaba un porcentaje significativo del salario en los niveles obligatorios de la educación, y ha paralizado de hecho el funcionamiento de la Paritaria Nacional Docente y de la Paritaria Nacional Universitaria, generando la pérdida de más de un tercio del poder adquisitivo de los salarios. Con ello, el gobierno nacional se desentiende de su obligación de garantizar en todos los niveles el derecho a la educación, y -mientras promueve la declaración de la esencialidad de la educación para suprimir el derecho de huelga- ha provocado la caída de miles de trabajadores y trabajadoras docentes por debajo del nivel de la pobreza.

En lo que respecta en particular a las universidades, el gobierno no sólo las somete a su plan general de reducción del gasto público y achicamiento del Estado, sino que pone deliberadamente en crisis su funcionamiento para abrir las puertas al mercado, amenazando destruir un sistema público que es excepcional por su condición democrática y popular. En nuestra experiencia histórica, la asfixia presupuestaria ha operado ya anteriormente como la condición extorsiva que procura supeditar la actividad académica a los objetivos del sector empresarial o de los organismos financieros internacionales. La intención presidencial de reorientar la forma de financiamiento educativo hacia la demanda -a través de los vouchers, créditos, o fórmulas similares- es un componente decisivo en la estrategia global de la privatización y mercantilización de la educación que ya ha avanzado de manera notable en otros países del mundo y especialmente en la región latinoamericana. En esa perspectiva, es preciso alertar sobre la pretensión de provocar la segmentación del sistema universitario, para conducirlo a un esquema en el cual algunos nichos de excelencia y “rango mundial” podrían coexistir -como ocurre en otros países- con instituciones o áreas cuya actividad, limitada a la función de enseñanza, sea sometida a la lógica del mercado sobre la base de la precarización del trabajo docente y la reducción de la educación universitaria a la oferta de credenciales para la “empleabilidad” de las personas. Pero la precarización y el quiebre de la igualdad de condiciones ya está a la vista en diversos aspectos de la vida académica: por ejemplo, y manera especialmente preocupante, en tanto la profundización de la crisis induce a buscar una salida de emergencia en la incorporación de instancias virtuales para sustituir la presencialidad educativa en las universidades, tal como ocurrió durante la pandemia.

La universidad pública argentina no sólo es innecesaria para un proyecto neocolonial como el que representa Milei. Ella es un obstáculo para sus pretensiones. Por eso a las consabidas acusaciones de ineficiencia y corrupción que suele esgrimir la derecha contra las universidades públicas, se agrega en este tiempo otra invectiva: las universidades públicas serían peligrosos centros de “adoctrinamiento” político e ideológico. La responsabilidad pública de una institución en la que la pluralidad de ideas y la integralidad de la formación promueve el desarrollo de una ciudadanía crítica y de una sociabilidad solidaria que no se somete a la imposición dogmática de la inevitabilidad del sufrimiento y la injusticia, que pone en debate los problemas que aquejan a las mayorías, y que se compromete en la búsqueda colectiva de soluciones para resolverlos, es un obstáculo para quienes pretenden un pueblo esclavizado.

Frente a ese ataque, nuestros sindicatos se encuentran en estado permanente de movilización, en defensa de la educación y la universidad pública, y del también diezmado sistema científico-tecnológico. Y, con el conjunto de las organizaciones populares, somos parte activa en la construcción de la resistencia a esta política que en todos sus términos es autoritaria y devastadora. El 23 de abril, más de un millón y medio de personas llenaron las calles, en la ciudad de Buenos Aires y en numerosas ciudades de todo el país, bajo la consigna de la defensa de la universidad pública. La transversalidad y masividad de esa convocatoria habla del fuerte arraigo de algunos sentidos compartidos en la población, y reafirma el valor de una institución central para la construcción de la democracia, la justicia social y la soberanía. En esa reivindicación y esa manifiesta voluntad de lucha reside nuestra confianza en un pueblo que en toda resistencia, a lo largo de nuestra historia, ha sabido recrear la esperanza empecinada de poder hacer realidad en estas tierras una sociedad más justa.