Roberto Baradel es docente y secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). También es miembro de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA). Defensor incansable de la educación pública y los derechos sindicales, Baradel es una figura prominente en la lucha por la justicia educativa en América Latina. En esta entrevista para Mundos de la Educación, comparte sus perspectivas sobre los desafíos actuales, y reitera la importancia de la solidaridad internacional en la defensa de la educación pública y los derechos humanos en todo el mundo.
P: ¿Cómo ves el impacto del gobierno actual en Argentina en términos de derechos humanos y democracia?
R: Hoy en Argentina, lamentablemente estamos en una situación compleja donde ha ganado un gobierno de ultraderecha. El gobierno de ultraderecha de Javier Milei es un peligro para la democracia en Argentina. [Además] es ese sector negacionista de la Argentina. Niegan la dictadura cívico militar del año 1976 que además está reconocida en la justicia argentina y mundialmente como un genocidio.
Concretamente, y, por ejemplo, quieren liberar a todos los genocidas que están cumpliendo cárcel por los delitos de lesa humanidad que cometieron. Otro sector ultraliberal, plantea que las leyes de mercado son las únicas que tienen que regir en la vida social, política, económica de un país y el Estado.
La ministra de Seguridad, que fue ministra de Seguridad en el Gobierno donde nos persiguieron a nosotros, estableció un protocolo de que prácticamente impide, criminaliza la protesta social, impide las movilizaciones, plantea claramente que las organizaciones que se movilicen y si la movilización es masiva y cortan una calle, que todas las fuerzas de seguridad van a intervenir para desalojar, que van a ser sancionadas las organizaciones y sus dirigentes. ?Por qué? Porque están llevando adelante un plan de austeridad, de ajuste brutal. Lamentablemente buscan una transferencia de recursos a los sectores con mayor concentración de la riqueza y por eso tratan de impedir que el pueblo, las organizaciones, los sindicatos, salgamos a protestar.
Este protocolo además tiene una característica muy peligrosa. El gobierno anterior había establecido un protocolo donde la fuerza de seguridad no podía reprimir las manifestaciones con armas letales. Bueno, lamentablemente este gobierno acaba de autorizar el uso de armas letales por parte de la fuerza pública para reprimir la protesta social.
P: ¿Cuál es el estado de la educación, y cuál es vuestro rol en la coyuntura actual?
R: Estamos enfrentando grandes desafíos para preservar y mejorar nuestra educación pública. Por ejemplo, han eliminado el Ministerio de Educación directamente. Dicen que no se necesita Ministerio de Educación. También han eliminado el Ministerio del Trabajo.
La administración actual ya ha reducido la inversión en educación pública, impactando negativamente a docentes y estudiantes. Mi labor, junto con mis colegas en CTERA, es exigir una mayor inversión estatal en educación pública, y luchar por unas condiciones laborales justas para trabajadoras y trabajadores de la educación. Defendemos la educación pública como un derecho humano fundamental.
Ellos plantean la propiedad como un valor absoluto, la propiedad por encima del derecho a la vida, concretamente, excepto el derecho a la vida de ellos y de su familia.
Y creo que eso es el peligro más importante que atravesamos, que se profundicen esos procesos y que terminen en la destrucción de las libertades y de la vida y la posibilidad de luchar, de construir, de pensar una vida digna de ser vivida por todos y por todas, y no solamente por un sector de la sociedad que ostenta privilegios y concentre la riqueza.
P: ¿Qué impacto ha tenido la situación económica actual en el sistema educativo público argentino y en sus docentes?
R: La situación económica ha sido devastadora para las personas docentes. La inflación y los recortes presupuestarios han reducido los salarios reales, lo que ha afectado a la calidad de vida del docente y, por ende, a la calidad educativa. Nuestra lucha no es solo por los derechos laborales, sino también por el derecho de cada estudiante a una educación de calidad.
P: ¿Cómo ha contribuido la solidaridad internacional a la lucha por la defensa de la escuela pública en Argentina?
R: La solidaridad internacional es un salvavidas. El apoyo de la Internacional de la Educación, especialmente en momentos de amenaza y ataque, como cuando mi familia y yo fuimos amenazados, ha sido inestimable. Nos ha proporcionado un respaldo moral y recursos, fortaleciéndonos y recordándonos que no estamos solos en esta lucha por el derecho a la educación y los derechos de sus trabajadores.
P: ¿Cuál es la importancia de luchar por la educación pública y apoyar la profesión docente?
R: La educación pública es central para la construcción de ciudadanía y democracia. Es esencial para el desarrollo integral de jóvenes y para la construcción de sociedades más justas y equitativas. La campaña de la internacional de la Educación, ¡Por la pública! Creamos escuela, demanda una mayor inversión estatal en educación y respeto por la profesión docente en todo el mundo.
P: ¿Qué mensaje enviarías a docentes, personal de la educación y activistas que defienden la educación pública en todo el mundo?
R: Quiero enviar un mensaje de esperanza y unidad. A pesar de los desafíos, debemos continuar unidos en la lucha por la educación pública. Esta lucha es por el futuro, es una lucha por el derecho fundamental a la educación. La educación pública es fundamental para construir sociedades democráticas y justas, y debemos protegerla y fortalecerla.
En ese sentido, les esperamos en Argentina en el Congreso de la Internacional de la Educación, en julio de 2024, para seguir construyendo ciudadanía, unidad y organización en defensa de la escuela pública. Seguiremos “Creando Escuela”. Con unidad de acción, podemos lograr mayor financiamiento público educativo y construir un mundo más digno para todas las personas.
Las opiniones expresadas en este blog pertenecen al autor y no reflejan necesariamente ninguna política o posición oficial de la Internacional de la Educación.