Las violaciones de derechos humanos y sindicales en Filipinas, así como la necesidad de mostrar pruebas de estos hechos a la comunidad internacional, fueron el tema fundamental de una reunión de alto nivel celebrada el 8 de octubre.
El debate de la mesa redonda, que llevó por título “Una respuesta internacional para los derechos humanos en Filipinas”, contó con el copatrocinio de la Internacional de la Educación y de otras organizaciones internacionales de la sociedad civil.
La organización del evento corrió a cargo de la Coalición Internacional por los Derechos Humanos en Filipinas (ICHRP), una red internacional de entidades preocupadas por la situación de los derechos humanos en Filipinas y comprometidas a hacer campaña para alcanzar una paz justa y duradera en el país.
Un informe de la ONU sigue presionando en favor de los derechos humanos
El presidente de la ICHRP, Peter Murphy, abrió el debate de la mesa redonda recordando el informe oral sobre Filipinas que se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU) el día anterior. Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se encargó de exponer las novedades un año después de que el CDHNU aprobara una resolución para proporcionar “cooperación técnica y oportunidades de capacitación” al gobierno de la República de Filipinas para la protección de los derechos humanos.
En su presentación, Bachelet hizo hincapié en los avances del programa conjunto de la ONU para la asistencia técnica y las oportunidades de capacitación sobre derechos humanos que se adoptó el 22 de julio de este año. Además, señaló la continua ausencia de responsabilidad por los asesinatos y violaciones de derechos por parte de la contrainsurgencia; el acoso incesante y las amenazas a —así como los asesinatos que sufren— personas que luchan por los derechos humanos, personal que trabaja con las iglesias, activistas por los derechos territoriales y ambientales, periodistas, sindicalistas y profesionales del mundo de la agricultura y el derecho. También criticó las persecuciones de activistas, medios de comunicación y otras personas por parte del gobierno, y pidió que deje de emplearse un discurso de odio en el desarrollo de la campaña electoral nacional.
La ICHRP exige una investigación oficial de la ONU
La ICHRP apoya firmemente las declaraciones de la Alta Comisionada Bachelet en cuanto a que la decisión de la Cámara de Juicio Previo de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación en Filipinas es una muestra clara de que las soluciones nacionales adoptadas en dicho país son poco adecuadas, cuando no inexistentes, destacó Murphy.
Por otra parte, Murphy declaró que la respuesta formal que ofreció el delegado de Filipinas fue una señal de que el gobierno de Duterte sigue rechazando cualquier crítica a su gestión de los derechos humanos. Por el contrario, aumenta su campaña de persecución para intimidar a las voces críticas alegando, sin prueba alguna, que están reclutando soldados para el Nuevo Ejército del Pueblo.
Según Murphy, el informe de la Alta Comisionada Bachelet demuestra de forma evidente la falta de mecanismos nacionales en Filipinas para poner fin a estas violaciones de los derechos humanos.
Dado el empeoramiento de la situación en cuanto a derechos humanos, la ICHRP respalda las recomendaciones de Investigate PH, incluida la solicitud de una investigación formal de la ONU sobre violaciones de los derechos humanos en Filipinas.
La ICHRP también pide al CDHNU que continúe con su labor para exigir responsabilidades al gobierno de la República de Filipinas y a sus funcionarios por los miles de violaciones de derechos humanos cometidas al amparo de políticas estatales oficiales.
“Queremos reflexionar sobre cómo podemos responder mejor ante las violaciones de los derechos humanos y mostrar nuestra solidaridad con la sociedad civil filipina”, concluyó Murphy.
Compromiso unánime de acción por parte del movimiento sindical global
Jeroen Beirnaert, director para los Derechos Humanos y Sindicales de la Confederación Sindical Internacional (CSI), mencionó la labor que ha llevado a cabo Global Unions para proteger los derechos humanos y sindicales y denunciar su violación en Filipinas.
“No resulta tan habitual contar con una coordinación y una unanimidad tan sólidas con respecto a la libertad sindical como sucede en el caso de Filipinas”, señaló.
“Los gobiernos y empleadores, capaces de prosperar en un entorno político que muestra hostilidad hacia los derechos sindicales, no comparten necesariamente nuestras preocupaciones”.
Beirnaert explicó que, mientras que los sindicatos en un ámbito internacional cuentan con la experiencia de la asistencia técnica, por ejemplo a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), existe una falta evidente de voluntad política en Filipinas para poner fin a las violaciones de derechos humanos y sindicales.
Por tanto, “debemos ejercer presión política en el país para impulsar un cambio real. Necesitamos documentación detallada y una recopilación de pruebas [y] los foros de lucha internacional tienen que trabajar juntos”.
Beirnaert, que insistió en que “debemos acabar con la excusa cómoda de la COVID-19 que emplean los gobiernos para no llevar a cabo actividades de investigación”, destacó que la implicación de la sociedad civil y de los sindicatos en un ámbito nacional e internacional es importante para supervisar y gestionar las violaciones de derechos humanos en Filipinas.
Pruebas contundentes de ataques estremecedores contra el pueblo filipino
La política australiana Janet Elizabeth Rice, una de las comisionadas de Investigate PH, declaró que “las pruebas recopiladas eran contundentes” y que “los ataques del gobierno de Duterte, en concreto contra indígenas, estudiantes y personas que defienden los derechos humanos y la paz, son estremecedores”.
Además, después de calificar el informe de Bachelet como “significativo”, insistió en lo siguiente: “Si conseguimos movilizar a los partidos políticos y a la opinión pública en nuestros países, presionaremos de forma efectiva al gobierno filipino y lograremos que el cambio se materialice”.
Tras pedir un aumento de la cooperación técnica, añadió que quienes luchan por los derechos humanos en Filipinas necesitan una investigación independiente de la ONU sobre infracciones de los derechos humanos.
“Estos ataques terribles tienen que parar. Los derechos humanos deberían respetarse y esto es algo que depende de todos y todas tanto en Filipinas como en el resto del mundo”, afirmó Rice, miembro del partido Los Verdes Australianos.
Las investigaciones requieren recursos humanos y económicos adecuados
La directora de la división sobre Libertad Sindical del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT, Karen Curtis, reiteró que Filipinas es miembro de dicha organización desde hace mucho tiempo. “Necesitamos disponer de recursos y personal suficientes para investigar esta situación”, enfatizó.
Se ha abierto un caso sobre libertad sindical en la OIT contra el Gobierno de Filipinas ( caso número 3185) por los asesinatos extrajudiciales de líderes sindicales en el que se menciona la incapacidad del gobierno para investigar de manera adecuada estas situaciones y poner a los autores en manos de la justicia. Esta falta de investigación y persecución refuerza la sensación de impunidad, violencia e inseguridad y sus efectos perjudiciales sobre el ejercicio de los derechos sindicales.
La diputada belga de Los Verdes Séverine de Laveleye explicó que es complicado colar el caso de Filipinas en la agenda política de un país extranjero como el suyo. También señaló que poner fin a las preferencias comerciales con Filipinas podría resultar útil y constituir un punto de partida.
Los y las participantes también felicitaron a la editora de Rappler, Maria Ressa, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2021. Ressa lleva años luchando por la libertad de expresión en Filipinas y sacando a la luz las violaciones de derechos humanos del gobierno de Duterte. Ha sido víctima de amenazas y persecuciones por su trabajo en repetidas ocasiones. Este premio constituye un importante reconocimiento no solo de su esfuerzo, sino también de la necesidad de contar con datos y con información honesta y ética. En muchos casos, los habitantes de Filipinas solo pueden acceder a la información disponible en redes sociales.