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En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, resulta profético que, un año después del primer confinamiento nacional por el coronavirus, nuestros sindicatos del Reino Unido vayan a asistir juntos a la Black Workers’ Conference (Conferencia de los trabajadores negros) del Trades Union Congress (TUC) para promover una agenda progresista con miras a erradicar el racismo. Este último año hemos visto al país inmerso en una emergencia de salud pública, una emergencia económica y una emergencia de justicia racial. La respuesta del Gobierno a la pandemia sanitaria ha reabierto las profundas heridas del racismo estructural que sigue arruinando y marcando a nuestro país y nuestra economía.

Las comunidades y los trabajadores negros se han visto especialmente afectados por la pandemiaEl racismo estructural sigue siendo un lastre para las comunidades y arruina las oportunidades de vida. Esta realidad se observa con suma claridad en los datos que indican las mayores tasas de mortalidad por COVID-19 en las comunidades negras. La respuesta del Gobierno, que supuestamente tenía por objeto proteger a toda la población durante la pandemia, ha fallado sistemáticamente a estas comunidades. El análisis del TUC ha revelado que la tasa de empleo de las trabajadoras y los trabajadores negros ha disminuido un 5,3 % durante el último año, en comparación con el 0,2 % en el caso de sus homólogos blancos. El empleo de la población activa negra se ha reducido a una velocidad 26 veces más rápida que la de la población blanca durante la pandemia. Aproximadamente una de cada 12 personas negras que trabajan están desempleadas actualmente, en comparación con una de cada 22 personas blancas que trabajan. Las trabajadoras y los trabajadores negros de Londres experimentan una diferencia salarial por razón de etnia del 24 %. Estas personas tienen más probabilidades —en una medida desproporcionada— de trabajar en empleos precarios, a menudo con contratos de cero horas o en trabajos interinos a través de agencias.

Las mujeres negras tienen en torno al doble de probabilidades que el personal blanco de que se les contraten en empleos inseguros. Además, han sido menos propensas a recibir protección financiera durante la pandemia. Resulta abrumador apuntar que las mujeres negras siguen teniendo aún cuatro veces más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto. La pandemia de COVID-19 ha sacado a la luz esta disparidad todavía más pronunciadamente. La juventud de contextos negros tiene más posibilidades de estar desempleada que la mano de obra blanca con cualquier nivel de cualificación. Tal como presenciamos en la década de 1980 durante el gobierno de Margaret Thatcher, la juventud negra se enfrenta una vez más a una perspectiva muy real de que quede en el olvido a menos que se adopten medidas determinadas y concertadas para garantizar que la respuesta del país a la pandemia promueva la justicia racial. En el sistema educativo, hemos visto el modo en que el racismo sistémico sigue dañando la vida de las niñas y los niños negros, quienes tienen el triple de probabilidades de que se les excluyan de las escuelas, el triple de probabilidades de acabar desempleados y más posibilidades de terminar en prisión. Y las mujeres negras afrontan la realidad de la discriminación múltiple: el doble de probabilidad de acabar contratada en empleos inseguros y elegidas para tareas más duras y menos seguras en el trabajo en comparación con sus homólogas blancas. Resulta lamentable que, desde el inicio de la pandemia, la población activa negra haya tenido que enfrentarse a prácticas de “despido y nueva contratación” por parte de los empleadores a prácticamente el doble de velocidad que la población activa blanca, y uno de cada siete trabajadores negros ha tenido que escuchar a su empleador decirle que se arriesga a perder su trabajo si no acepta peores condiciones, en comparación con uno de cada 13 trabajadores blancos. De manera global, las personas trabajadoras negras se han llevado la peor parte de la pérdida de puestos de trabajo durante la pandemia. En todos los sectores donde se ha producido pérdida de empleo, el personal negro ha pagado un mayor precio. Y cuando han conservado sus puestos de trabajo, no solo aumentan sus probabilidades de trabajar en empleos mal remunerados e inseguros, sino que también tienen el triple de posibilidades de morir por contraer la COVID-19. Nuestras comunidades siguen aguantando ataques racistas en nuestras calles y el uso discriminatorio de detenciones y registros por parte de la policía. Durante la pandemia, las personas negras y asiáticas tienen un 54 % más de probabilidades de ser multadas por infringir normas relativas al coronavirus que la población blanca.

Los sindicatos exigen justicia racial en la respuesta de emergencia ante el coronavirusLas personas trabajadoras negras, las comunidades y los sindicatos no queremos más excusas ni retrasos. El Gobierno ha incumplido su promesa de poner fin a la injusticia racial, al recortar los fondos destinados a los organismos de control de la igualdad y negarse a publicar las evaluaciones del impacto que han tenido en la igualdad racial las medidas de emergencia adoptadas durante el último año. Es momento de que el Gobierno deje de hablar de la igualdad de boca para afuera y actúe de verdad. Nuestro movimiento sindical exige un cambio, como hacen nuestros sindicatos a través de la labor del grupo de tareas de lucha contra el racismo del TUC. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el racismo sigue actuando y donde las personas trabajadoras blancas y negras compiten entre sí mientras la injusticia racial sigue existiendo. Los sindicatos como la NASUWT trabajan para crear una nueva generación de activistas cuyas prioridades sean luchar contra del racismo en el lugar de trabajo y colaborar con las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos la determinación de emprender acciones tanto en primera línea como en contextos fundamentales para hacer frente al racismo allí donde exista, en nuestro sistema educativo, en el Gobierno, en el lugar de trabajo y también en nuestros sindicatos. Ha llegado la hora de que el Gobierno dé un paso al frente igualmente. Para ello, un buen comienzo sería garantizar una ley de igualdad efectiva que se aplique debidamente. No obstante, también se necesitan medidas que obliguen a los empleadores a presentar informes sobre sus diferencias salariales por razón de raza; un plan de acción nacional que aborde las desigualdades raciales en el trabajo, la salud, la educación y la justicia; y la prohibición de los contratos de cero horas y la consolidación de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores que tiene empleos inseguros. Asimismo, se requieren medidas proactivas que impidan el crecimiento del desempleo y mejoren la red de seguridad social para aquellas personas que pierdan sus empleos. Necesitamos igualmente legislación que blinde a todas las personas que trabajan, y un plan de estudios en nuestras escuelas que enseñe sobre las injusticias históricas que conducen al racismo estructural. Un plan de recuperación nacional crearía las condiciones adecuadas para poner fin al racismo en nuestras comunidades y en nuestros lugares de trabajo. La pandemia del racismo se puede vencer, pero para ello necesitamos un liderazgo comprometido y una acción concertada.