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La violencia contra las mujeres y las niñas en Costa Rica, durante el obligado confinamiento, como medida precautoria, guarda similitudes con otras regiones del mundo.

En Costa Rica, se ha cumplido ocho meses de la declaración de Emergencia Nacional por la afectación de la denominada Covid-19, con más de 130.000 casos acumulados y 1.600 decesos, entre ellos dos niños. Es claro que las personas más perjudicadas, con consecuencias letales, han sido las adultas mayores. Nuestra niñez, si bien es cierto, ha sido la menos afectada (no llega a un 10% de contagio) es la que ha sufrido las mayores consecuencias de las medidas de restricción y confinamiento y a padecer un alto desarraigo de la escolaridad presencial, además de ser sujetos de una infundada advertencia de constituirse en agentes principales de la enfermedad.

Los errores en el abordaje político-económico y social de la enfermedad Covid19, en cuanto a proporción de riesgo de la enfermedad, dimensiones del contagio, desproporciones en las medidas de confinamiento y cierre de actividades, generación de pánico más que de un tratamiento sereno y con medidas de protección y cuido en la base de las estructuras sociales y de los servicios de salud primarios, han tenido muy graves consecuencias, comparables con lasde la pandemia misma. Pues sin negar, de ninguna manera, su presencia y existencia, la Covid19, que depende más de dar con una vacuna que de medidas de contención de dudosa eficacia, como fue abordada por las autoridades sanitarias y de Gobierno, así como por los medios de comunicación masiva, ha provocado gravísimos problemas a la economía, a la vida social, al ejercicio de los derechos sociales e individuales y ha tenido en los sectores más vulnerables, a las mujeres, las niñas, adultos mayores y poblaciones originarias como los más violentados.

El confinamiento y el aislamiento social, representan indicadores de riesgo, ya que se limitan las posibilidades de las víctimas de buscar redes de apoyo que les den contención en crisis y les ayuden a superar un episodio de violencia.

No podría abordar el concepto de violencia hacia las niñas y mujeres, restringiéndolas o visibilizándolas al espacio territorial familiar. Además de sufrir niveles alarmantes de violencia de género como resultado del cierre del Covid-19, las mujeres y las niñas de Costa Rica también están desfavorecidas en otros aspectos críticos. El cierre de escuelas ha expuesto a muchas de ellas a un aumento de la violencia de género dentro y fuera del hogar. El cierre de escuelas también ha significadopara las niñas, otras expresiones violentas que afectan el respeto a sus derechos humanos y sociales como el derecho a la educación, al servicio del comedor escolar, a una comida caliente, al menos, una vez al día, al transporte escolar y los derechos a participar en actividades lúdicas y recreativas como jugar en los parques y plazas, a socializar entre iguales. Sin lugar a dudas, pasar de la presencialidad a la virtualidad, alrededor de un millón de estudiantes han sido violentados a recibir una educación en condiciones igualitarias y ha excluido a centenares de niñas y jóvenes por carecer de conectividad y al imponerse una arquitectura injusta y hegemónica. En Costa Rica, solo el 43% del estudiantado ha tenido acceso a la plataforma oficial del Ministerio de Educación.

En el aspecto emocional, afectivo y sicológico nuestra niñez y juventud ha sufrido una afectación generalizada sin precedentes y la institución rectora de esa población, ha atendido a más de 3.200 niñas, niños y adolescentes por ser víctimas de negligencia severa, violencia intrafamiliar, intentos de suicido, abuso físico sexual y consumo de drogas. Las condiciones de hacinamiento, pobreza y desempleo acentúan esos procesos violatorios.

Me parece importante referirme a la situación de las mujeres en época del Covid-19 porque como nunca, se nos ha violentado el derecho al trabajo y a la igualdad en el mismo. Es importante resaltar que, durante el tiempo de pandemia se ha presentado un considerable incremento en las desapariciones de mujeres, principalmente adolescentes y se han asesinado a 34 mujeres. El desempleo, en mujeres, según cifras dadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos alcanzó un 29.0%. Buena cantidad de mujeres abandonaron su trabajo para atender a su familia y convertirse en cuidadoras de las personas adultas mayores. Las que han podido mantener su teletrabajo, han asumido jornadas simultáneas desgastantes de cuido, labores de trabajo y tutoras de las actividades escolares virtuales de sus hijas e hijos. Esta recarga de labores ha repercutido en la sobreexplotación y amenaza en la salud física, emocional y mental, tarea investigativa en las redes de mujeres de las organizaciones sindicales.

Al Gobierno, como cálculo político económico, le ha caído como anillo al dedo, instalar políticas de sospechosos intereses, detrás de medidas incorrectas adaptadas a esta pandemia y que ha favorecido a hacer más ricos a unos y más pobres a muchos, adelantar ofensivas contra conquistas y derechos del estado social de derecho o de bienestar y continuar con la imposición de medidas neoliberales emanadas de OCDE, BM, FMI y otros.

ANDE de Costa Rica, el sindicato al que pertenezco, emplea una estrategia interdisciplinaria desde la Secretaría Adjunta de la Mujer, la oficina de Psicología y Trabajo Social; con las cuales se ofrece a la afiliación, una variedad de servicios (llamadas telefónicas, espacios interactivos virtuales, acompañamientos presenciales, pronunciamientos, manifestaciones) que buscan promover los derechos humanos de las mujeres, siendo de gran importancia el incentivar la salud mental y la no violencia.

Desafíos integrales tenemos que proponer, en el periodo pos-pandemia, para que nuestra niñez y compañeras trabajadoras de la educación superen agresiones, violaciones y vejámenes. Es imperativo luchar por un Plan económico estatal que recupere la actividad productiva, el empleo, la defensa del salario, la recuperación de la Escuela Presencial en un entorno seguro y armónico, y renunciar a las prácticas persecutorias, ejercidas durante el confinamiento; los servicios de Comedores Escolares, los programas y contenidos respecto a los derechos de género y equidad, prevención y sanción del abuso sexual, y espacios de práctica de los mismos, en la vivencia real presencial, mediada por las y los educadores; el restablecimiento del derecho a la información reproductiva desde la escuela, así como la recuperación de los espacios de protección, de distracción y juego y de las actividades socializadoras que incluye la actividad educativa. No menos importante es proseguir con el trabajo interdisciplinario de intervención sicológica y reinventar los programas a favor de la salud mental en forma integral.