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El Gobierno catalán ha decidido recientemente retirar el concierto a todas las escuelas privadas de Cataluña que segregan a los estudiantes por sexo1, ya que no cumplen el principio de coeducación. Estos centros educativos, la mayoría pertenecientes a instituciones religiosas de carácter conservador, llevan décadas recibiendo subvenciones públicas. Sin embargo, puede que los fondos públicos terminen en el año académico 2021-2022 tras la decisión del Gobierno catalán.

En el contexto de España, las escuelas privadas subvencionadas con dinero público —conocidas como escuelas concertadas— aparecieron como un fenómeno estatal entre finales de la década de 1970 y comienzos de la década de 1980, en el período posterior a la dictadura franquista (1939-1975). Tras décadas de falta de apoyo a la educación pública, el primer gobierno democrático posterior a la dictadura afrontó el gran desafío de mejorar el sistema educativo (Verger, Fontdevila y Zancajo, 2016). Además de tener que sortear aspectos como los elevados niveles de desigualdad en la educación, las deficiencias en la formación del profesorado y los bajos salarios, una de las principales dificultades era la necesidad urgente de ampliar la educación pública.

A tenor de la función destacada que había desempeñado históricamente el sector privado —especialmente la Iglesia católica— con respecto a la financiación del sistema educativo español, y su influencia en el mismo, y de las posibilidades económicas a corto plazo del Estado, el primer gobierno democrático desarrolló una solución transitoria para la ampliación de la educación pública. La solución consistía en subvencionar a las escuelas privadas —incluidas las católicas— durante algunos años, mientras el Estado ponía en marcha progresivamente una ampliación de la red de escuelas públicas. Las subvenciones iban acompañadas de condiciones, a saber, que las escuelas privadas concertadas deben enseñar el plan de estudios nacional, deben seguir las mismas normas de admisión que los centros públicos, no deben cobrar derechos de inscripción a las familias y no pueden tener fines de lucro. Estos requisitos pretendían garantizar —aunque solo temporalmente— la función pública de las escuelas privadas concertadas.

No obstante, esta solución "transitoria" se convirtió en permanente: al ser una opción más barata para el Estado que construir nuevas infraestructuras públicas, las subvenciones a las escuelas privadas para ampliar la educación se volvió una medida crónica. El concierto ha continuado hasta hoy en día, y las escuelas privadas concertadas se han convertido en un sector importante para la prestación de servicios de enseñanza. De hecho, el último año académico, en la región catalana, los centros privados concertados proporcionaron escolarización en torno al 31,8 % de todos los estudiantes de los niveles de enseñanza obligatoria (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2020), lo cual indica su alta relevancia en el sistema educativo. Además, la cronificación de la medida ha creado un círculo vicioso: actualmente, el departamento de Educación de Cataluña depende de estos centros educativos a corto y medio plazo para garantizar la prestación universal de educación —supuestamente— pública inclusiva, dado que las escuelas públicas no pueden satisfacer la demanda por sí solas.

Sin embargo, aunque debería considerarse la heterogeneidad de las escuelas incluidas en este sector, es ampliamente conocido y se acepta que las escuelas privadas concertadas traen consigo problemas relativos a la equidad en la educación, ya que generalmente proporcionan escolarización a una población con privilegios socioeconómicos. A pesar de las condiciones que acompañan a las subvenciones, en la práctica, la mayoría de los centros cobran derechos de inscripción a las familias, y algunos incluso ponen en marcha mecanismos sutiles o explícitos de selección de estudiantes. Asimismo, algunos centros privados concertados —debido a sus altos derechos de inscripción, entre otros aspectos— se pueden considerar directamente "escuelas de élite".

Este grupo comprende actualmente a 11 escuelas religiosas en Cataluña que segregan a los estudiantes por sexo, un hecho que se justifica con las supuestas diferencias en los estilos de aprendizaje y las experiencias sociales del alumnado. Según estos centros, los niños y las niñas se benefician de la separación en las escuelas, así que la educación diferenciada es la mejor alternativa para ambos. No obstante, estas afirmaciones son falsas; en la práctica, las escuelas no mixtas basan en gran medida sus prácticas educativas en los estereotipos de género, y van directamente en contra de los principios de la educación pública catalana, que se define como inclusiva y coeducativa.

Esta falta de coeducación inclusiva es precisamente el motivo por el que el Gobierno de Cataluña ha decidido retirar el concierto a estas escuelas: aunque sean privadas, cabe esperar que desarrollen una función de educación pública —equivalente a la de las escuelas públicas—, ya que reciben fondos públicos. Aunque esto puede reanimar la tensión entre los principios de la educación pública catalana y el derecho de las familias a elegir una educación para sus hijos en función de sus creencias, la cuestión fundamental es que los intereses privados no se pueden anteponer a los mandatos públicos de la coeducación inclusiva. Por consiguiente, si las escuelas privadas concertadas son una opción supuestamente necesaria, el Gobierno debería velar por el cumplimiento de las condiciones que acompañan a la subvención y debería luchar contra cualquier tipo de práctica que contravenga los principios de igualdad, inclusión y coeducación.