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"10 años de Cumbre Internacional sobre la Profesión Docente: qué pueden lograr juntos gobiernos y sindicatos", por Andreas Schleicher y David Edwards

publicado 2 junio 2020 actualizado 9 junio 2021
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Hace diez años, la Internacional de la Educación y la OCDE empezaron a organizar, en colaboración con varios países, una reunión totalmente única (y un tanto insólita), pero sumamente necesaria, de ministros/as de Educación y dirigentes de sindicatos de docentes. El propósito era favorecer un diálogo político fundamentado y honesto entre representantes electos de la profesión docente y autoridades gubernamentales nacionales.

Una década después, a medida que la pandemia de la COVID-19 repercute en la sanidad, la seguridad, la educación y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo, resulta más importante que nunca reforzar el diálogo entre los ministerios de Educación y los sindicatos docentes.

La mitad de estudiantes y docentes de todo el mundo están participando en algún tipo de educación de emergencia ahora mismo, mientras que la otra mitad se ha quedado completamente descolgada de ella, así que regresar a la escuela de forma segura y satisfactoria es de una importancia extraordinaria.

Por eso nos hemos reunido una vez más en el marco de la Cumbre Internacional sobre la Profesión Docente (ISTP, por sus siglas en inglés) para entablar un diálogo virtual sobre la cuestión de la reapertura de las escuelas e instituciones educativas y sobre los cinco pilares que pueden garantizar que este proceso se lleve a cabo con éxito.

Dado que en la mayoría de los países las escuelas e instituciones educativas siguen estando total o parcialmente cerradas, hay determinadas cuestiones críticas que los gobiernos tienen que considerar cuando empiecen a reabrir gradualmente los centros de educación infantil, las escuelas y las instituciones de enseñanza superior.

Tanto para la OCDE como para la Internacional de la Educación, es imperativo que los gobiernos mantengan una comunicación transparente y fluida sobre los planes de reapertura de la educación presencial y que dichos planes concilien las necesidades educativas y los requisitos sanitarios.

La piedra angular para generar la confianza necesaria y para garantizar el éxito de las estrategias educativas es un diálogo social y político fluido con los profesionales de la educación y con los sindicatos. Las escuelas son elementos centrales para las comunidades, son esenciales para el aprendizaje y para las competencias sociales, por lo que resulta fundamental que las estrategias para su reapertura sean satisfactorias para estudiantes, familias y docentes.

La pandemia ha dejado al descubierto las numerosas carencias y desigualdades que existen en nuestros sistemas educativos, desde el acceso a la banda ancha y los ordenadores necesarios para la educación en línea, pasando por los entornos de apoyo necesarios para centrarse en el aprendizaje, hasta las dificultades encontradas para ajustar los recursos a las necesidades.

No obstante, conforme las desigualdades se amplifican en esta época de crisis, también se plantea la posibilidad de que no regresemos al statu quo cuando las cosas vuelvan a la “normalidad”. Los gobiernos y los sindicatos pueden colaborar, y la naturaleza de estas respuestas colectivas y sistémicas a las perturbaciones es la que determinará cómo éstas nos afectan. Hay un camino a seguir.

Participar en el diálogo social y político

La investigación demuestra que cuando las autoridades públicas entablan un diálogo social y político fluido con docentes y sindicatos con el objeto de evaluar las necesidades, incluidas las sanitarias, y de colaborar respecto a la mejor manera de efectuar la transición a la enseñanza y al aprendizaje presencial, la confianza generada se traduce en resultados positivos para las y los estudiantes y sus comunidades. Además, cuando se respetan los derechos laborales docentes y se mantienen unas condiciones de trabajo decentes, la atención puede centrarse en apoyar a las/los estudiantes, su bienestar socioemocional y su aprendizaje.

Convertir la equidad en una prioridad máxima

La equidad debe ser protagonista de todos los planes de transición, reconociendo que el impacto de la pandemia no es igual para todos/as y que estudiantes y trabajadores/as que ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad han sido y pueden seguir siendo los más afectados.

Así pues, se requieren unas estructuras de apoyo eficaces para estudiantes y miembros del personal más vulnerables que no hayan podido participar en la educación a distancia. También es preciso desarrollar una estrategia orientada al futuro para hacer frente a los posibles aumentos de las tasas de abandono escolar, prestando especial atención a las niñas y las mujeres, así como a aquellos casos en que la recesión económica entrañe mayores riesgos de trabajo infantil.

Adecuar las prioridades educativas a las nuevas realidades

Las prioridades de la enseñanza para el año que viene deben responder a las necesidades del alumnado y a las diferentes condiciones que pueden resultar necesarias para dar clase en los entornos escolares modificados por las directrices sanitarias, en casa y en los espacios de aprendizaje ampliados, esenciales para sostener la educación. A corto y medio plazo, las escuelas podrían estar más restringidas de lo normal, lo que hace imprescindible dedicar más tiempo a la higiene.

Por ejemplo, es posible que se reduzcan las posibilidades del trabajo colaborativo, el deporte y otras actividades extracurriculares que requieren contacto físico con otras personas. Será preciso rediseñar el aprendizaje y la enseñanza con el fin de ofrecer a las y los estudiantes las mejores oportunidades posibles para aprender, aprovechando al máximo las nuevas formas de enseñar y de aprender.

Garantizar una infraestructura eficaz para la colaboración en línea ha de ser prioritario por las posibilidades de interactividad que ofrece. El ejercicio de reequilibrar los planes de estudios debería comenzar con una visión integral de las competencias esenciales que necesitan las y los estudiantes, incluidos los aspectos cognitivos, sociales y emocionales. Este ejercicio debería identificar las oportunidades creadas por las nuevas condiciones, como, por ejemplo, la necesidad de fomentar un mayor protagonismo del alumnado, puesto que una parte significativa de su aprendizaje lo va a requerir.

Al mismo tiempo, es probable que el aprendizaje en las condiciones creadas por la pandemia haya generado nuevas necesidades emocionales. Del mismo modo, las aptitudes sociales esenciales que normalmente se cultivan mediante el compañerismo en las escuelas van a requerir de imaginación y creatividad para su desarrollo mediante otros enfoques. Esta situación plantea a gobiernos y sindicatos una oportunidad para trabajar juntos y examinar el impacto de la crisis sanitaria en la enseñanza, en el aprendizaje y en los planes de estudios. Esto no solo brinda la oportunidad de responder a las condiciones inmediatas creadas por la crisis de la sanidad pública, sino también la ocasión de empezar a acelerar el progreso a la hora de atender las necesidades del alumnado proveniente de entornos desfavorecidos a los que la pandemia ha hecho más visibles.

Apoyar la recuperación y el bienestar físico y emocional

La investigación muestra que el bienestar estudiantil y el bienestar docente están inextricablemente vinculados. En las áreas territoriales eficaces existen sistemas para apoyar el bienestar y la salud mental de los niños y las niñas, estudiantes y profesionales de la educación, como, por ejemplo, mediante el apoyo y el asesoramiento psicosocial especializado.

Además de que la pandemia provoca estrés y ansiedad, muchos niños y niñas, estudiantes y profesionales de la educación van a tener también dificultades para volver a la escuela y adaptarse a las nuevas rutinas, como son, entre otras, las restricciones a la interacción social. Esto puede requerir un apoyo específico para quienes han sufrido una pérdida, abusos, violencia u otros traumas emocionales.

Confiar en el profesionalismo de los docentes

Por último, un aspecto sumamente importante es que las autoridades educativas se comprometan con las y los profesionales de la educación y sus sindicatos para determinar y evaluar el impacto del cierre de las escuelas en la enseñanza, en el aprendizaje y en el bienestar del alumnado. Cualquier marco para la transición a la educación presencial debe basarse en la confianza en el profesionalismo y en la experiencia pedagógica de las y los profesionales de la educación. La mejor manera de lograr comprensión y claridad colectivas respecto a cualquier requisito de evaluación es mediante el diálogo con las y los profesionales de la educación y sus sindicatos, garantizando un trato justo e igualitario a todas y todos los estudiantes y la continua autonomía profesional de las y los profesionales de la educación.

En estos últimos diez años de organización conjunta de las Cumbres Internacionales sobre la Profesión Docente hemos sido testigos directos de los beneficios de un diálogo institucionalizado y basado en datos.

Hemos visto cómo se afianzan las reformas ascendentes y cómo se llevan adelante los compromisos conjuntos. La clave de todo ello es establecer un canal abierto de comunicación y compromiso, además de una voluntad de presentar un liderazgo que se mantenga centrado en el propósito principal.

La COVID-19 ha puesto de manifiesto las flagrantes desigualdades y la falta de preparación de muchos sistemas educativos para responder a una crisis. Pero también nos ofrece la oportunidad de construir mejor y aprender de nuestros errores. La forma en que decidamos abordar la reapertura de las escuelas no solo va a determinar el camino en el que nos encontraremos, sino también si llegaremos todas y todos mejor preparados para este viaje.

Las opiniones expresadas en este blog pertenecen al autor y no reflejan necesariamente ninguna política o posición oficial de la Internacional de la Educación.