En Kenia, los sindicatos de docentes se han unido a organizaciones de la sociedad civil para presentar a las autoridades públicas un informe que contiene recomendaciones y medidas que se deben aplicar para garantizar una reapertura segura de las escuelas y las instituciones educativas.
Este informe tiene por objeto orientar el debate y la toma de decisiones en el sector de la educación en relación con la reapertura y la gestión de las escuelas, las facultades y las universidades. También aborda la continuación de la educación y de la enseñanza durante la pandemia de la COVID-19.
El Kenya National Union of Teachers(KNUT) y el Universities Academic Staff Union(UASU) —ambos afiliados a la Internacional de la Educación— colaboraron en la elaboración del informe con la Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC, por sus siglas en inglés), el K enya Medical Practitioners Pharmacists and Dentists’ Union(KMPDU), el Foro de Docentes Africanas-Kenia (FAWE-Kenia) y la red de educadores Elimu Tuitakayo.
Estas organizaciones presentaron el informe al Comité Nacional de Respuesta de Emergencias contra el Coronavirus, organismo establecido por el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, como marco para la ampliación y la coordinación de la capacidad para prevenir, contener y responder a la pandemia de la COVID-19.
Conclusiones basadas en datos
El informe se basa en un estudio detallado de datos realizado por un grupo de expertos y en un análisis de datos brutos de respuestas recibidas desde todo el país de docentes, profesores universitarios, personal no docente, activistas de derechos humanos en primera línea, doctores y expertos sanitarios en el campo de la COVID-19. Asimismo, incluye información y experiencias pertinentes en todo el planeta, como opiniones de expertos en salud internacional, directrices de organismos plurinacionales y recomendaciones de sindicatos de otros países.
Factores importantes que deben tenerse en cuenta
El informe, publicado el 27 de mayo, destaca elementos fundamentales:
- Implantar un proceso objetivo, inclusivo e integral basado en datos para establecer cómo las escuelas, los docentes, los profesores universitarios, el personal de apoyo educativo, los estudiantes y las comunidades están haciendo frente a los cierres y a la pandemia a fin de determinar el momento y la forma de reabrir las escuelas, las facultades y las universidades.
- Velar por el interés superior de los niños y las niñas, los docentes y el personal de apoyo educativo y tener en cuenta las consideraciones generales de salud pública, basándose en la evaluación de los beneficios y riesgos asociados, así como en los datos intersectoriales específicos del contexto, en particular los factores educativos, socioeconómicos y de salud pública.
- Mayor apoyo y flexibilidad para los docentes, profesores universitarios y personal de apoyo educativo, en particular para aquellos que trabajan en zonas remotas o comunidades marginadas. Esto garantizará que los niños y las niñas desfavorecidos no dejen de recibir una educación de calidad como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.
- Hacer un seguimiento de las tendencias de la infección de la COVID-19, las medidas de contención, la búsqueda de vacunas y una cura, así como del patrón de propagación del virus, especialmente en el período en el que se registrará el número máximo de contagios en Kenia y los países vecinos, previsto para agosto de 2020.
- Aumentar el nivel de preparación y la capacidad del Gobierno de Kenia para prevenir la pandemia de la COVID-19, así como contenerla y responder a ella.
- Utilizar los consejos de expertos en la lucha contra la COVID-19.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones principales del informe presentado al Comité Nacional de Respuesta de Emergencias contra el Coronavirus, cabe señalar:
- Asegurarse primero de que se ha aplanado la curva de infecciones por la COVID-19 antes de reabrir las escuelas, facultades y universidades, a fin de garantizar la seguridad de docentes, profesores universitarios, personal de apoyo educativo y estudiantes. Dado que los expertos prevén que el pico de la curva se registrará en agosto, las escuelas e instituciones educativas no deberían reabrir antes de septiembre de 2020.
- Con arreglo a las directrices de la UNESCO sobre la reapertura de escuelas, la decisión de reabrir los centros debería regirse por el interés superior de los niños y las niñas y por consideraciones generales de salud pública.
- El Gobierno debería realizar pruebas de detección masivas a todos los estudiantes y docentes de los internados antes de reabrir las escuelas una vez se haya contenido la pandemia; se debería permitir a aquellos que estén enfermos quedarse en casa hasta estar completamente recuperados antes de reanudar las actividades lectivas.
- Se debería elaborar, por parte de consultores en cuestiones de seguridad de la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, un plan sólido y minucioso para evaluar la salud y la seguridad en el trabajo en todas las escuelas.
- Se debería realizar periódicamente una evaluación de los riesgos para los docentes sobre la base de las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la evaluación de riesgos de los profesionales sanitarios.
- Como parte del proceso de reapertura, el Gobierno debe adoptar enfoques activos para reintegrar a los niños y las niñas marginados y a los que no asisten a la escuela, invertir en agua, saneamiento e higiene para mitigar los riesgos y centrarse en la realización de actividades educativas de recuperación para compensar el tiempo lectivo perdido.
- Al reabrir las escuelas, se debería poner en marcha un mecanismo para vigilar activamente los indicadores de salud, prestando especial atención al bienestar y la protección. El Gobierno debería invertir en el fortalecimiento de la pedagogía sobre la transmisión de infecciones y su prevención, además de en su enseñanza y su aprendizaje adecuados.
- Los exámenes nacionales deberían aplazarse hasta el primer trimestre de 2021.
- La reapertura de escuelas, facultades y universidades debe ser transparente y gradual e ir acompañada de comunicaciones claras por parte del Gobierno y las universidades, facultades y escuelas públicas, y ha de tener en cuenta las aportaciones de los profesionales de la salud pública, los profesionales sanitarios de primera línea, los educadores, el personal académico y los sindicatos. Las instituciones de educación pública, incluidas las universidades, deberían contar con políticas armonizadas con los requisitos de salud pública a fin de prevenir la propagación de la COVID-19.
Medidas inmediatas
Las organizaciones expusieron también las medidas siguientes, que las autoridades públicas deberían adoptar antes de reabrir las escuelas y las instituciones educativas:
- Involucrar de forma significativa y eficaz a los docentes, el personal de apoyo educativo y los padres en la toma de decisiones sobre la posible reapertura de las escuelas y establecimientos educativos y sobre el momento en que debe hacerse.
- Promover las medidas de seguridad recomendadas por la OMS en las escuelas.
- Proporcionar un suministro sostenible de equipos de protección personal para docentes, trabajadores y estudiantes.
- Prever un espacio suficiente para mantener el distanciamiento social en las escuelas, facultades y universidades.
- Formar y brindar apoyo a docentes y profesores universitarios en materia de pedagogía adaptada a la COVID-19, teniendo en cuenta también las cuestiones relacionadas con el género y la discapacidad y la ayuda a los supervivientes de la COVID-19.
- Contratar más docentes y personal escolar para reforzar la enseñanza y el aprendizaje intensos que se prevén.
Planear bien, salvar vidas
“Si no se toma ninguna de las medidas descritas, no se deberían reabrir las escuelas”, destacaron las organizaciones firmantes. “Hay que planear bien para salvar vidas”.