Si bien todas las escuelas y universidades han permanecido cerradas desde el 23 de marzo como parte de las medidas adoptadas por el país para impedir la propagación del COVID-19, la Papua New Guinea Teachers' Association estudia con su gobierno formas de garantizar una educación de calidad y un regreso seguro a los centros educativos tanto para los alumnos como para los docentes.
El 2 de abril, el gobierno de Papúa Nueva Guinea amplió la paralización y cierre de los establecimientos educativos durante otros dos meses, extendiendo su estado de emergencia inicial de 14 días que fue declarado el 23 de marzo. Las medidas del gobierno, declaradas como respuesta a la pandemia mundial del COVID-19, comprendieron un toque de queda impuesto a los aproximadamente ocho millones de habitantes del país, una restricción de los desplazamientos dentro del país, así como el cierre de todos los centros escolares y universidades.
El país registró su primer caso confirmado de COVID-19 el 20 de marzo, un caso importado de un trabajador minero extranjero que fue enviado a Australia para recibir tratamiento.
Con todo, los especialistas en salud pública y los trabajadores en el ámbito del desarrollo advierten que las altas tasas de pobreza del país, la mala alimentación, los servicios de salud deficientes y problemas de salud preexistentes como la tuberculosis hacen que la población sea extremadamente vulnerable a la enfermedad.
No obstante, debido a que solo ha habido un caso de infección, podría producirse una relajación de las restricciones, sugirió el Secretario General de la Papua New Guinea Teachers' Association (PNGTA), Ugwalubu Mowana.
"Somos partidarios de reabrir los centros escolares hasta cierto punto y, teniendo en cuenta que se han tomado todas las precauciones necesarias, de permitir que se lleve a cabo cierto grado de enseñanza y aprendizaje en beneficio de los estudiantes", explicó.
La PNGTA enviará una carta al gobierno proponiendo formas de permitir cierto nivel de enseñanza y aprendizaje en los centros escolares.
Asimismo, la asociación ya ha instado a las autoridades públicas a que asignen un importe adecuado de medios económicos para que el Ministerio de Educación pueda garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, los recursos y el desarrollo curricular.
"Mi sindicato pone de relieve que se debería recurrir más a los docentes para crear conciencia dentro de sus comunidades", expresó Mowana. "Resulta especialmente importante educar a las poblaciones rurales sobre el COVID-19".