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Los docentes y la educación en Filipinas se encuentran bajo sitio. Los ataques cada vez más graves del Gobierno de Duterte contra todas las formas de disidencia, disfrazados de una "defensa global de la nación", supuestamente para poner fin a la insurgencia comunista local, está haciendo mella en el sector de la educación que tiene el mandato universal de propugnar y defender la justicia social, los derechos humanos y la democracia.

La federación sindical de la educación de Filipinas, la Alliance of Concerned Teachers (ACT) y sus sindicatos miembros han sido objeto de persecución por parte del Gobierno de Duterte por hacer una campaña persistente a favor de los derechos y el bienestar de los educadores, afirmar el derecho de las personas a la educación y criticar las políticas que perjudican los intereses de las personas. Esta persecución afecta igualmente a muchas otras organizaciones legales y progresistas en el país. Desde las malintencionadas declaraciones de altos funcionarios del Estado hasta pancartas y folletos espurios distribuidos en escuelas y comunidades, ACT y otras agrupaciones legales son vilipendiados y acusados ​​de ser "frentes comunistas" para justificar los ataques del Estado.

Desde finales de 2018, ACT Filipinas ha registrado treinta y seis casos en los que sus miembros son objeto de perfiles policiales ilegales en todo el país, como lo demuestra la correspondencia policial filtrada y los memorandos secretos. Los ataques se intensificaron en el segundo semestre de 2019, con trece de nuestros dirigentes nacionales y regionales sujetos a vigilancia directa, acoso y amenazas a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y visitas sorpesa por parte de agentes de seguridad del Estado. La agencia de inteligencia interfirió activamente en la realización de las elecciones para la certificación sindical en una región, haciendo rondas para denigrar y poner la etiqueta roja a la ACT entre los docentes y responsables escolares. La diputada del Partido de los docentes de ACT, France Castro, la presidenta de la Región X de ACT, Ofelia Tabacon, la coordinadora provincial de Bulacan, Digna Mateo y la ex coordinadora de la Región VI, Mermalyn Bito, fueron víctimas de acusaciones falsas. Estas dos últimas fueron detenidas. Dos miembros del sindicato, la pareja de docentes Ramil y Zhaydee Cabañelez sobrevivieron a un intento fallido de asesinato extrajudicial en su contra. La oficina nacional de ACT Filipinas se encuentra bajo la continua amenaza de redadas por parte de las fuerzas estatales, como ha sucedido con las oficinas de varias organizaciones donde se han utilizado órdenes de allanamiento para irrumpir en oficinas privadas y colocar armas y explosivos, para luego acusar y detener a todos los presentes en el momento de las redadas.

El Gobierno de Duterte utiliza incluso a los organismos responsables de la educación como herramientas para ejercer su labor de represión. El Departamento de Educación (DepEd) ordenó el cierre de 55 escuelas comunitarias indígenas acusadas por los militares de ser utilizadas como campos de entrenamiento para la insurrección. El Departamento de Educación, que administra las escuelas públicas de educación básica, y la Comisión de Educación Superior, que se ocupa de escuelas superiores y universidades estatales, facilitan la impartición por parte de los militares de seminarios de orientación para docentes y estudiantes sobre el enfoque global de la nación del Gobierno de Duterte contra la insurgencia, etiquetando como terrorista a ACT y otras organizaciones legales. Asimismo, el Departamento de Educación apoya activamente los esfuerzos para formar y dar plazas a docentes antisindicales, y deliberadamente deja de lado a ACT en las consultas a pesar del estatus de los sindicatos de ACT como único y exclusivo agente de negociación para el personal docente en las escuelas públicas. Varios programas educativos ahora se llevan a cabo en asociación con agencias militares y policiales. Después de realizar una investigación sobre el supuesto reclutamiento de rebeldes en las escuelas, la Comisión del Senado sobre Seguridad y Orden Público, encabezada por el senador Rolando de la Rosa, el ex jefe de policía que dirigió la sangrienta guerra contra las drogas, aprobó recomendaciones peligrosas que violan la libertad académica. Mientras la policía y los militares insisten en obtener acceso a las escuelas, el Congreso está presionando para la reactivación del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva, rechazado por la población en 2002 debido a la corrupción desenfrenada y las violaciones de los derechos humanos. Están tratando de restablecer este programa para estudiantes de la enseñanza secundaria, que son muy jóvenes (menores o casi menores de edad). El revisionismo histórico se está empleando para crear una generación de estudiantes que verán a Ferdinand Marcos como un héroe y no como un dictador.

Los/las docentes sindicalistas bajo la bandera de ACT Filipinas defienden con valentía su posición para defender sus derechos y contribuir a la lucha más amplia del pueblo filipino contra la creciente dictadura y tiranía en el país. Un elemento vital para la lucha es el fuerte apoyo y solidaridad de otros educadores y educadoras del mundo entero a través del liderazgo inspirador de la Internacional de la Educación.

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El 10 de diciembre, día de los derechos humanos, es un día mundial de acción en apoyo a los defensores de los derechos humanos y sindicales en Filipinas. ¡ Infórmese y participe!