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Photo: Green Chameleon/Unsplash
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“Prohibir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”, por David Edwards.

publicado 11 junio 2019 actualizado 11 junio 2019
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Más de 800 millones de mujeres han sufrido alguna forma de violencia o acoso, desde agresiones físicas o verbales, a hostigamiento e intimidación. #MeToo y otros movimientos similares contribuyeron a exponer la escala del problema en el mundo del trabajo, alentando a las mujeres a manifestarse y exigir justicia. Pero, aunque son las mujeres quienes resultan mayoritariamente afectadas, los hombres tampoco están inmunes. Además, la discriminación hacia ciertos grupos exacerba la violencia y el acoso.

Ningún sector está exento: formal o informal, público, privado o voluntario. No obstante, se registra una incidencia particularmente importante en sectores como el transporte, cuidados de salud y sociales, hoteles y restaurantes, medios de comunicación y espectáculo, agricultura, y trabajo doméstico. La violencia y el acoso en el trabajo puede provenir de la dirección, supervisores, colegas, consumidores y clientes. Puede tener lugar en el lugar de trabajo físico, en eventos, actividades sociales o de formación en relación con el trabajo, durante el trayecto hacia y desde el trabajo, o en cualquier lugar donde se requiera la presencia del trabajador o la trabajadora por motivos laborales. Unas condiciones de trabajo abusivas pueden asimismo contribuir al incremento de la violencia y el acoso, teniendo en cuenta que los casos de estrés y trastornos mentales relacionados con el trabajo registran actualmente niveles históricamente altos.

Pero se nos presenta una oportunidad para adoptar medidas decisivas. Este mes, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), agencia de Naciones Unidas responsable de establecer las normas legales respecto a las condiciones de trabajo, completará las negociaciones con vistas a la adopción de una nueva norma destinada a prohibir, prevenir y remediar la violencia y el acoso. Si las negociaciones tienen éxito, la nueva norma internacional asignara claras responsabilidades a empleadores y gobiernos a la hora de combatir el flagelo que representan la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. También incumbe a los trabajadores la responsabilidad de abstenerse de cometer actos de violencia y acoso, y de cumplir cualquier política, procedimiento u otras medidas que adopten los empleadores para prevenirlos.

Aunque persisten diferencias que deberán resolverse en cuanto al contenido final de la nueva norma, se cuenta con un amplio apoyo para su adopción por parte de sindicatos, gobiernos y algunos empleadores. Ya antes de las negociaciones, algunas compañías hicieron público su apoyo, demostrando que pueden tomarse medidas no sólo para prevenir y responder a la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, sino también para abordar los efectos de la violencia doméstica en el mundo del trabajo. Tales medidas incluyen permisos remunerados para las víctimas de violencia doméstica, facilitar el acceso a la información, a servicios de asesoramiento y consultoría, o establecer horarios de trabajo flexibles para reducir al mínimo el asedio por parte de ex-parejas violentas. Las compañías se involucran además en negociaciones colectivas con los sindicatos a nivel de empresa, sectorial o global, a fin de asegurarse de que las personas que trabajan, o que quieren trabajar para ellas, estén protegidas y libres de cualquier temor.

La violencia y el acoso en el mundo del trabajo es un problema global, que requiere soluciones globales. Las negociaciones en la OIT tienen lugar en un momento óptimo, sobre todo teniendo en cuenta que la agencia de la ONU celebra este año el Centenario de su existencia. Los sindicatos vienen haciendo campaña a favor de esta nueva norma ya desde mucho antes de las desgarradoras revelaciones de #MeToo. Nuestros gobiernos y empleadores deberán ahora poner de su parte para hacerlo realidad. Nadie debería ir a trabajar con miedo de sufrir violencia y acoso.

Las opiniones expresadas en este blog pertenecen al autor y no reflejan necesariamente ninguna política o posición oficial de la Internacional de la Educación.