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Al cumplirse 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, parece inevitable preguntarnos si desde entonces hasta la actualidad, hemos logrado avanzar en su realización o si, por el contrario, aquellos principios no han logrado ser otra cosa que los enunciados de una buena pero finalmente estéril voluntad humanista o, peor aún, la fachada retórica tras la que se ocultaría la inevitable persistencia de la desigualdad y la opresión en la sociedad contemporánea.

Las cosas, sin embargo, no son tan sencillas, y el balance no está cerrado. Porque, por una parte, es evidente que esa pauta no se cumple en la totalidad de los países y para la gran mayoría de la población mundial, pero también es cierto que en el transcurso de estos años algunos países han incluido en sus propias legislaciones y a veces también en sus políticas públicas el reconocimiento de esos y otros nuevos derechos, y que el propio sistema internacional ha ido incorporando en sus instrumentos el enunciado de derechos de segunda, tercera y hasta una cuarta generación. Se ha ido configurando así un consenso normativo que, mientras promete una más densa trama de garantías establecidas como derechos personales y colectivos, se muestra cada vez más débil frente a los poderes fácticos que colonizan con creciente impunidad el espacio político del Estado democrático, y dominan las relaciones internacionales imponiendo condiciones que lesionan la soberanía de los países. Preguntarnos qué representan los derechos humanos hoy, y en perspectiva histórica, puede ayudarnos a comprender su lugar central en una concepción de la democracia que debe ser pensada como tema de una lucha inconclusa e inagotable, en la que las organizaciones de la clase trabajadora desempeñan un rol fundamental.

Los derechos humanos constituyen la expresión contemporánea del fundamento ético de la “revolución democrática” basada en el reconocimiento de que no existen jerarquías naturales entre las personas y que, por lo tanto, la única fuente de legitimación de cualquier ordenamiento político reside en la voluntad de quienes autorizan y se someten a las disposiciones que regulan la vida en una comunidad que, de este modo, se auto-gobierna. Ninguna configuración política puede ya ser pensada como eterna e indiscutible, ni puede pretender afirmarse en otro poder que el que el demos le otorga y reconoce en cada momento histórico. Abierto el orden democrático a una disputabilidad e incompletitud constitutivas, los derechos humanos también están sujetos a debate y reescritura, esto es, a los avatares de la lucha política en la que medimos fuerzas quienes entendemos que la igual dignidad de las personas debe ser asegurada en toda circunstancia y contra toda forma de opresión, y quienes pretenden reservarse un status de privilegio que coloca al resto precisamente como eso: como resto, lo que sobra, lo que no merece ser tomado en cuenta. Los derechos humanos no nos llegaron escritos en una tabla, son producto del esfuerzo por comprender y enunciar esta idea de la igual dignidad de las personas que está en el centro de la lucha democrática. Construimos con ellos una noción de humanidad. Y deben volver a ser pensados, exigidos, defendidos una y otra vez, en tanto las condiciones de la vida humana se modifican, surgen nuevas posibilidades para pensar el buen vivir y, sobre todo, en tanto aparecen nuevos obstáculos, nuevas amenazas, nuevas formas de violencia, opresión, y negación de la humanidad en las relaciones sociales.

En esta perspectiva, en la que la lucha por el reconocimiento y la realización de los derechos humanos es inescindible de la lucha por la democracia, es preciso destacar el rol del movimiento sindical y de la movilización e intervención política de la clase trabajadora, a cuya capacidad de condicionar la organización social incluso en el marco de la primacía relativa de las fuerzas del capital debemos en buena medida no sólo la declaración de 1948, sino el desarrollo previo y posterior del conjunto de instrumentos que a nivel internacional y en los distintos países ha ido instituyendo la trama regulativa a la que remiten hoy nuestras demandas de libertad e igualdad. Los propios derechos laborales y sindicales se inscriben en este proceso de construcción democrática como un componente fundamental de la determinación de las condiciones necesarias para asegurar la dignidad de las personas, y para garantizar también la misma acción colectiva que es la fuente de la producción del derecho.

La historia contemporánea de mi país muestra sin lugar a dudas esta relación: cada vez que el poder económico ha intentado ampliar su margen de maniobra para seguir acumulando riqueza, lo ha hecho violentando las instituciones democráticas y cercenando derechos. Las organizaciones, las dirigencias y la militancia sindical han estado siempre en la mira de quienes necesitan, para poder hacer avanzar sus planes, disciplinar a la clase trabajadora y desarticular toda posibilidad de resistencia ciudadana. El terrorismo de Estado en la última dictadura que nos tocó padecer en Argentina tuvo exactamente ese propósito. Hoy se sigue demostrando la participación de las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, en el dispositivo represivo que produjo desaparición y muerte en aquellos años, mientras el terror y la persecución de toda forma de activismo sindical facilitaba la implementación de un programa económico que sólo trajo miseria para la mayoría de la población.

No casualmente, con el ejemplo y la permanente presencia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la defensa de los derechos humanos ha estado en el centro de la reconstrucción de la democracia luego de siete años de la más brutal dictadura que registra nuestra historia. En torno a la reivindicación de los derechos humanos ha girado también la articulación de las luchas contra el neoliberalismo pos-dictatorial: nuestra lucha por la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la cultura, la memoria, la justicia. Y, luego, la recuperación de los derechos conculcados, junto al reconocimiento de otros nuevos, la ampliación del territorio de la igualdad en nuestras sociedades, ha sido también la marca distintiva de los procesos democrático-populares que, en Argentina y en no pocos países de América Latina, alumbraron la primera década y media de este siglo con la esperanza de que efectivamente otro mundo era posible, y se empezaba a construir desde el Sur.

Hoy las oligarquías locales y el poder económico transnacional se han aliado para volver a intentar someter la irreverencia igualitarista de los pueblos allí donde el proceso democrático estaba logrando revertir una larga historia de desigualdades y exclusiones. Pero el avance de la derecha no es, de ningún modo, un problema periférico. Se está desplegando en todo el mundo un muy peligroso proceso de cierre autoritario, que pone en jaque a la democracia desde su propia base, alentando el repudio de la política por parte de quienes sólo a través de ella podrían aspirar a transformar sus condiciones de vida, desacreditando a los sindicatos, y estimulando los comportamientos más primitivamente antisociales y mezquinos frente a los otros y las otras. La construcción del miedo se dirige deliberadamente a provocar la legitimación suicida de un poder represivo. El lenguaje de los derechos es sustituido por la brutal imposición de la desigualdad de los privilegios. Nos enfrentamos a una estrategia de dominación ideológica que hace del sentido común un terreno decisivo en la batalla por la democracia. En ese terreno, la reivindicación de la educación como un derecho, y como una potencia crítica y emancipatoria, se torna una cuestión de primer orden.

Los sindicatos tenemos, en estas circunstancias, la responsabilidad de asumir nuestro puesto en la lucha en defensa de la democracia. La reivindicación de los derechos humanos no es de ningún modo, no puede ser, una mera declamación retórica. Es hoy, como ha sido siempre, una bandera de lucha por la humanidad.

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El 10 de diciembre de 2018 se celebran 70 años de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). La Declaración sigue siendo una importante fuente de inspiración para docentes y sindicalistas de todo el mundo, al garantizar el derecho a crear sindicatos, la libertad de expresión y el derecho de todos a una educación de calidad. Los derechos humanos necesitan que las personas exijan, de forma informada y continua, su protección. Para celebrar esta ocasión especial, la Internacional de la Educación publicará una serie de artículos recopilando las voces y las reflexiones de sindicalistas en torno a las luchas y a los logros alcanzados en este ámbito. Los artículos reflejan el compromiso permanente de los sindicalistas de la educación, en todo el mundo, en cada comunidad, por promover, defender y avanzar en la consecución de los derechos humanos y libertades para el beneficio de todos.