La Internacional de la Educación acoge con satisfacción la decisión de Chipre de aprobar la Declaración sobre Escuelas Seguras, un compromiso que tiene por objeto proteger a alumnos, docentes, escuelas y universidades en tiempos de guerra.
El 26 de julio, Chipre se convirtió en el 68º país en aprobar la Declaración sobre Escuelas Seguras, uniéndose así al compromiso político contraído por los Estados de proteger la educación durante los conflictos armados, afirmó la Coalición Mundial para la Protección de la Educación de Ataques (GCPEA, por sus siglas en inglés).
Con el respaldo de Chipre, 21 países de la Unión Europea —tres cuartos de sus miembros— se han sumado ya a la creciente comunidad de Estados comprometidos con la adopción de medidas concretas destinadas a proteger la educación durante los conflictos armados.
La Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre, creada en 1964, sigue operando en la isla de Chipre. Su papel consiste en supervisar las líneas de cesación del fuego; mantener una zona de contención; llevar a cabo actividades humanitarias y apoyar la misión de buenos oficios realizada por el secretario general. De los 22 países que actualmente proporcionan personal uniformado a la misión, 12 también han ratificado la Declaración: Argentina, Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Irlanda, Italia, Montenegro, Rumanía, Eslovaquia y Paraguay.
Los países se comprometen a fortalecer el seguimiento y la denuncia de los ataques a la educación; a mejorar la rendición de cuentas en caso de ataques y a prestar apoyo a las víctimas; a fomentar políticas "sensibles a los conflictos" que garanticen que el contenido y la oferta de la educación no se conviertan en factores instigadores de conflictos; así como a tomar medidas para respaldar el mantenimiento de la educación segura, por ejemplo, reconstruyendo escuelas.
Un factor clave de la Declaración sobre Escuelas Seguras es el compromiso de incorporar las Directrices para prevenir el uso militar de escuelas y universidades durante conflictos armados a los marcos normativos y operacionales nacionales pertinentes, así como a las misiones de mantenimiento de la paz.
Las escuelas y las universidades situadas en zonas de conflicto suelen ser utilizadas por las fuerzas armadas y los grupos armados para fines militares. Las repercusiones de emplear estas instituciones educativas para usos militares pueden ser devastadoras para los alumnos, los docentes y sus comunidades, pues las escuelas se convierten en el blanco de los ataques, privando a los niños del acceso a la educación y poniendo en peligro su seguridad y la de sus profesores.
Antecedentes
Dichas Directrices se elaboraron en un proceso liderado por la GCPEA y se concluyeron en un proceso impulsado por el Estado y encabezado por Noruega y Argentina en diciembre de 2014. El 29 de mayo de 2015, la Declaración sobre Escuelas Seguras se abrió para su ratificación en la Primera Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras en Oslo. Asimismo, la Segunda Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras se celebró en Buenos Aires en marzo de 2017.
El respaldo a la Declaración ha generado un impulso considerable en los últimos dos años. Así pues, en el informe de mayo de 2017 sobre la protección de los civiles en los conflictos armados presentado ante el Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU instó a todos los Estados miembros a ratificar la Declaración sobre Escuelas Seguras.
La GCPEA constituye una coalición única de organizaciones internacionales, que comprende Human Rights Watch, el Fondo Para Académicos en Riesgo del Instituto Internacional de Educación, Protect Education in Insecurity and Conflict, Save the Children, la red Scholars at Risk, el ACNUR, el UNICEF y la UNESCO.