La expansión de la educación privada con ánimo de lucro en el país de África Occidental ha llamado la atención de los sindicatos de docentes, lo que ha llevado a realizar una investigación y a dirigir demandas al Gobierno.
Durante una reunión de educadores/as sobre la privatización y la comercialización de la educación celebrada en Abiyán, la capital económica de Costa de Marfil, se obtuvieron resultados interesantes. Los/las docentes y dirigentes sindicales reunidos, acompañados por Assibi Napoe, de la oficina regional para África de la Internacional de la Educación (IE), y Luc Allaire, del Comité sindical francófono de la IE, concluyeron que, ante el aumento de la privatización y la comercialización de la educación y el número creciente de escuelas privadas con ánimo de lucro en el país, era urgente y necesario realizar una investigación sobre el sistema educativo del país.
Este proyecto está en consonancia con el programa de la IE ‘Respuesta global a la privatización y comercialización de la educación’, tal y como se adoptó en la primera resolución de su Congreso Mundial celebrado en Ottawa en 2015, y sería el primer paso para analizar este fenómeno de los países africanos de habla francesa.
De la investigación a la promoción
Mediante la investigación sobre la privatización de la educación en Costa de Marfil se han obtenido datos empíricos sobre la necesidad de reglamentar y supervisar las actividades de las escuelas con ánimo de lucro en el país: como muchas familias no pueden permitirse pagar las tasas escolares, la educación privada implica la exclusión de muchos/as del sistema educativo.
Los seis sindicatos de docentes de Costa de Marfil, reunidos bajo la estructura global “Education International Section of Ivory Coast” (EISIC), han decidido pedir al Gobierno que evalúe las escuelas privadas para asegurarse de que cumplen todas las normativas, como la formación de docentes, infraestructura adecuada, rigor en la evaluación y salarios y condiciones de trabajo de los/las docentes. La reunión concluyó que las escuelas que no respeten las normativas no deberían recibir ayudas públicas del Gobierno ni una licencia para operar.
El EISIC también exigirá la reinversión de fondos públicos en escuelas públicas y buscará aliados para su causa entre los actores de la sociedad civil, desde padres de estudiantes hasta ONG activas en el campo de la educación y dirigentes locales tradicionales.