Considerando que:
Las tecnoburocracias internacionales que conducen los organismos de crédito, imponen políticas de evaluación educativa centradas en los resultados de pruebas estandarizadas. Dichas pruebas introducen la lógica mercantil en los sistemas educativos públicos.
El objetivo de esas evaluaciones meritocráticas y punitivas es introducir regulaciones que permitan direccionar focalizadamente los recursos destinados a la educación y responsabilizar exclusivamente a los/las docentes por los resultados obtenidos por los/las estudiantes en las mediciones cuantitativas.
Dichas pruebas carecen de capacidad de evaluar los procesos educativos en su integralidad y complejidad incluyendo la variable de la eficacia de las políticas educativas, responsabilidad del Estado.
No se derivan de los resultados de las evaluaciones, políticas públicas que garanticen a través de acciones concretas la superación de las dificultades detectadas y la participación de los trabajadores de la educación en el análisis de las prácticas pedagógicas e institucionales que sustentan el hecho educativo.
Aún en algunos países que están haciendo serios esfuerzos por garantizar el derecho a la educación para todas y todos a lo largo de toda la vida, se registran intentos de avanzar en políticas tecnocráticas de la evaluación, contratando consultoras externas que se llevan cuantiosos recursos que deberían ser destinados precisamente a la mejora de la calidad.
Recomienda que:
Los procesos de evaluación integral de la educación formen parte indispensable del hecho educativo en todas sus dimensiones y deben sostener las políticas que garanticen la educación de calidad. Que dichos procesos deben abarcar:
Monitoreo de las políticas educativas y su impacto en cobertura, tasas de egreso, repitencia, desgranamiento, sobreedad. El seguimiento de las políticas debe estar acompañado de un dispositivo de auditoría social: observatorios, consejos consultivos, etc, integrados por las organizaciones sindicales de los trabajadores de la educación y comunidades educativas.
Evaluación de la gestión administrativa de los sistemas educativos: designación de docentes, concursos, cobertura de los reemplazos. Prevención de la salud laboral de los trabajadores de la educación. Planeamiento estratégico de la construcción, refacción y mantenimiento de las escuelas, garantía de cumplimiento de las normas de seguridad e higiene de los establecimientos escolares. Se deberán incorporar estos aspectos a la negociación colectiva del sector.
Evaluación institucional en el nivel escuela: debe ser permanente, colectiva, sistemática, formativa, no punitiva. Deben evaluar las prácticas pedagógicas, didácticas e institucionales, vinculándolas con indicadores estadísticos de cada escuela: ingreso, egreso, tasas de repitencia, sobreedad y desgranamiento.deberán incorporarse dispositivos de participación de las familias y estudiantes en la evaluación de las prácticas institucionales. Los resultados derivarán en políticas de intervención específica para el mejoramiento de cada indicador.
Nivel Áulico: la evaluación de la calidad de los aprendizajes debe ser sistemática, permanente y cotidiana y sus instrumentos múltiples y combinados. Las pruebas estandarizadas pueden ser un aporte para el diagnóstico, si se construyen indicadores que den cuenta de las realidades en que se desarrolla la acción educativa y no se introducen en ellas la lógica meritocrática, competitiva y empresarial.