La Internacional de la Educación lleva mucho tiempo preocupada por las crecientes amenazas que sufre la educación en todos los niveles como consecuencia de la globalización económica y la liberalización del comercio. La enseñanza técnica y formación profesional (ET+FP) es un campo especialmente vulnerable a estas presiones.
La prestación de la enseñanza técnica y profesional, antes responsabilidad principal de las instituciones públicas, se extiende ahora a los sectores privado y lucrativo. Mientras tanto, la creciente provisión transnacional de ET+FP se basa cada vez más en imperativos comerciales y está sujeta a las normas de acuerdos comerciales
El grupo de trabajo de la IE dedicado a la globalización y la enseñanza técnica y profesional afirmó que la internacionalización de la educación debe promoverse siempre que potencie el conocimiento y fomente la cooperación y el desarrollo. Sin embargo, el intercambio debe estar firmemente basado en valores educacionales y no comerciales.
Por consiguiente, el grupo de trabajo de la IE ha desarrollado una serie de directrices para la provisión transnacional de enseñanza técnica y profesional que, a diferencia del AGCS y otros acuerdos comerciales similares, promueva la calidad, la accesibilidad, la igualdad y la protección de la condición y los derechos laborales del personal de la enseñanza.
El texto provisional de las directrices pretende abordar y contrarrestar las amenazas que representan los acuerdos de comercio y de inversión, no sólo para el trabajo y la calidad de vida del personal, sino para la calidad de la educación y la formación que reciben los estudiantes.
Las directrices propuestas parten del principio de la educación como bien público. Por eso, los gobiernos deben continuar financiando y regularizando un sistema de formación profesional, y no utilizar la prestación transfronteriza como un medio de renunciar a sus obligaciones.
Las directrices abordan además cuestiones importantes como la homologación y garantía de calidad; la relevancia local del contenido; la movilidad de docentes y estudiantes; la inversión y el suministro transfronterizos de la enseñanza técnica y profesional; y los derechos laborales del personal. Su propósito es garantizar que las normas de empleo y la calidad de la educación se vean reforzadas, y no disueltas, por las iniciativas transnacionales, al mismo tiempo que se respetan las condiciones y necesidades locales, incluida la diversidad cultural y lingüística. Asimismo, se advierte del peligro de la ‘fuga de cerebros’ entre el personal y los estudiantes de los países en desarrollo hacia los países desarrollados.
Este articulo fue publicado en Mundos de la Educación, No. 27, septiembre 2008.