El último informe sobre Haití del Comité de los Derechos del Niño destaca la importancia de una calidad gratuita de calidad y advierte de los efectos peligrosos de las asociaciones público-privadas no reguladas.
El Comité de los Derechos del Niño, un órgano de expertos/as independientes de las Naciones Unidas que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ha mostrado gran preocupación por el acceso y la calidad de la educación en Haití a través de la publicación de su último informe sobre el país.
La discriminación, la privatización y la comercialización dificultan el acceso
El texto destaca dos áreas principales de mejora, ambas relacionadas con el acceso a la educación de calidad. La primera está relacionada con las grandes disparidades de acceso entre niños y niñas y en particular entre las zonas rurales y las urbanas. Pone de relieve la discriminación sufrida especialmente por las chicas embarazadas, las madres jóvenes y las víctimas de violación, a las que se obliga a menudo a abandonar sus estudios.
En segundo lugar, el informe advierte que “el sector de la educación está dominado por las escuelas privadas”, que a menudo no están autorizadas oficialmente ni supervisadas por las autoridades. A continuación recuerda al Estado de Haití su responsabilidad primordial de garantizar y regular la educación y de proporcionar un acceso gratuito a la educación primaria, especialmente para los/las niños/as en situaciones vulnerables.
Recomendaciones innovadoras
Además de instar a los/las responsables políticos/as en Haití a aumentar el presupuesto asignado a la educación y garantizar condiciones de trabajo justas para los/las docentes, recomienda el establecimiento de un marco normativo con el fin de supervisar a los proveedores privados de enseñanza. La recomendación indica explícitamente que los proveedores privados no deberían prestar servicios educativos con ánimo de lucro.
Esto representa un cambio en el análisis del Comité, ya que hace referencia a la discriminación estructural, un término que solo había utilizado anteriormente en un informe sobre Brasil. Asimismo, es sorprendente que el Comité aborde por primera vez los problemas que presentan las asociaciones público-privadas, indicando claramente que no deberían representar un obstáculo para el acceso de la educación de calidad para todos/as los/las niños/as, servir a los intereses privados ni ser una forma de comercialización de la educación.
Las recomendaciones coinciden con la resolución de la Internacional de la Educación (IE) sobre la promoción de un marco legal que rija las condiciones de trabajo en el sector no público de la educación en Haití, adoptada durante su último Congreso Mundial en julio de 2015 en Ottawa, Canadá, y con la resolución sobre la privatización y comercialización en y de la educación.