Las organizaciones de la sociedad civil están aunando esfuerzos para detener a Bridge International, un proveedor transnacional de educación privada que se ha propuesto sacar provecho del frágil sistema de educación pública de Liberia.
En una carta dirigida al Ministro de Educación liberiano George K. Werner, una coalición de organizaciones de la sociedad civil ha expresado sus inquietudes con respecto a los planes del Gobierno de establecer una asociación público-privada con Bridge International Academies, y respecto al proceso global de privatización y comercialización de los servicios educativos de Liberia. Una de las afiliadas de la Internacional de la Educación (IE) en el país, la National Teachers' Association of Liberia, forma parte de la coalición signataria.
Serias preocupaciones respecto al modus operandi de Bridge
La carta señala que el historial de Bridge International Academies (BIA) en otros países, como Kenia y Uganda, demuestra que la empresa dificulta el acceso a una educación de calidad gratuita al imponer la estandarización del aprendizaje mediante un sistema desconectado de la cultura local, implementado por docentes mal pagados y carentes de formación. Esto, según indican los signatarios, “apuntala el aprendizaje mecánico, socava los esfuerzos para que el aprendizaje sea relevante y apropiado y no deja espacio para la interacción, puesto que los docentes no están formados para desviarse del guión”.
Si se llegara a establecer un acuerdo entre el Gobierno de Liberia y BIA, las consecuencias irían mucho más allá del ámbito escolar y afectarían a la sociedad en general – subraya la carta. No se conseguirá reducir las desigualdades de género ni mejorar los resultados del aprendizaje a nivel nacional, ni tampoco se contribuirá al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre Educación, que pretende ofrecer una educación de calidad a todos los niños y las niñas, incluidos los 58 millones de niños/as no escolarizados/as que hay en el mundo.
Responsabilidad gubernamental
La sociedad civil liberiana recuerda al Gobierno sus obligaciones y responsabilidades: proporcionar una educación pública gratuita es una obligación del Estado que aparece reflejada en la Constitución liberiana, por la cual “el Estado ha de ofrecer a todos sus ciudadanos igualdad de acceso a las oportunidades e instalaciones educativas”. La carta plantea también la cuestión de cómo el Gobierno liberiano va a poder garantizar igualdad de acceso y sostenibilidad a partir de un sistema educativo de pago con fines lucrativos.
Los signatarios concluyen instando al Gobierno de Liberia a que consulte con la sociedad civil antes de establecer un compromiso con BIA u otros proveedores de educación con fines lucrativos, mencionando las inquietudes planteadas por el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación en su último informe sobre las asociaciones público-privadas.