En marzo de 2012 la confederación turca KESK organizó una manifestación para protestar contra el proyecto de ley sobre los sindicatos de servicios públicos y los cambios propuestos en el sistema educativo.
Según Egitim Sen, miembro turco de la región europea de la IE —el Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE)—, la reforma propuesta habría repercutido muy negativamente en la educación y la enseñanza. La policía dispersó las protestas pacíficas en las calles de Ankara, utilizando la violencia para disolver la manifestación.
Hubo cargas policiales con agua química y bombas de gas que hirieron a varios manifestantes y causaron daños a la propiedad pública.
Tras los enfrentamientos, el fiscal denunció a 502 personas —líderes, miembros sindicales y otros manifestantes que apoyaban la huelga. La primera audiencia del juicio se celebró del 13 al 17 de enero de 2014.
Durante esos cinco días, cien personas acudieron al tribunal judicial de Ankara para llevar a cabo su defensa. Más de 150 personas comparecieron ante los tribunales locales para responder a la citación judicial.
Como las 502 personas no pudieron llevar a cabo su defensa esos días, el tribunal ha pospuesto las audiencias al 8 y 9 de abril de 2014, a pesar de que los abogados sindicales y los acusados han solicitado que se desestimen los cargos. Por solidaridad, el CSEE ha ayudado de nuevo a organizar una delegación de observadores internacionales para las primeras audiencias de Ankara.
Es una situación irreal y hay que detener el acoso judicial del gobierno turco a los sindicalistas. El gobierno no debe condenar a nadie por ejercer derechos sindicales legales, como la organización y participación en actividades sindicales pacíficas.