La Asociación de Docentes de la República de Indonesia (PGRI), una de las afiliadas nacionales de la IE, ha aceptado una propuesta del Gobierno para la evaluación de docentes, con ciertas condiciones.
El sindicato ha hecho hincapié en que los salarios de los docentes no deberán, bajo ningún concepto, verse condicionados a los resultados de la evaluación.
Los docentes titulados serán evaluados este año por el Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. El Presidente de la PGRI, Sulistiyo, ha instado a los docentes a que no teman la prueba porque sólo se utilizaría para evaluar sus competencias, conforme a lo especificado en sus asignaciones profesionales. “Es un buen plan, y los docentes no deberían tener miedo a ser evaluados”, dijo. Sulistiyo también declaró que esta evaluación es una oportunidad para que los docentes demuestren su profesionalismo.
Por otra parte, expresó su pesar por la amenaza ministerial de recortar los salarios de los docentes que obtengan una puntuación baja en el examen. “El Gobierno tiene la obligación legal de proveer los salarios. Por lo tanto, el Gobierno debería cumplir con su obligación y no amenazar a los educadores de esa forma.”
También subrayó la importancia y la responsabilidad cruciales de los institutos pedagógicos a la hora de preparar a docentes cualificados y altamente competentes: “El nivel en los centros de formación de docentes no es todavía suficiente como para permitir a los docentes desarrollar sus competencias pedagógicas a un grado óptimo”, añadió.
Atrasos en los pagos
Los docentes se quejan de que les suelen pagar con retraso las asignaciones profesionales de la enseñanza, haciendo que los educadores tengan dificultades para cubrir sus gastos – y ello a pesar de las promesas que el Gobierno hizo a los educadores de mejorar sus estándares profesionales y de vida. La asignación profesional de la enseñanza pretende incrementar la calidad de la enseñanza animando a seguir estudiando y ayudando a cubrir los gastos de manutención. Los educadores instaron al Gobierno a que mejore la distribución de la asignación, y a que no complique aún más los procedimientos burocráticos para el pago de salarios, a los cuales los docentes tienen un derecho legal garantizado.