La semana pasada, 450 escuelas concertadas de la Comunidad Valenciana, España, amenazaron con cerrar sus puertas, dejando a 250.000 alumnos en la calle. La razón: la imposibilidad de seguir pagando servicios esenciales como la electricidad o el agua, al no haber recibido financiación pública durante más de seis meses.
El gobierno valenciano debe a estas escuelas alrededor de 50 millones de euros. En alguno de estos centros, una circular ha avisado a los padres del cierre inminente. En otros, los titulares llegaron a pedir a los docentes que renunciaran a su paga extra de Navidad o a una parte de su nómina para poder pagar al personal administrativo, de limpieza, conserjería, etc.
Desgraciadamente, no se trata de un caso aislado. Las escuelas de otras Comunidades Autónomas, como Baleares o Castilla, también están sufriendo dificultades financieras por impago de los gobiernos autonómicos.
Los principales sindicatos de la enseñanza valencianos, CCOO-PV, UGT-PV y FSES (ramas regionales de los afiliados de la IE FETE-UGT, FECCOO y STES) han convocado una manifestación el 26 de enero para protestar de forma unánime contra la grave situación.
Además, UGT-PV presentará una querella ante los tribunales para denunciar el supuesto uso indebido de los fondos públicos por parte del expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, al que responsabiliza del elevado endeudamiento de la Administración autonómica.
El sindicato se apoyará en los procesos abiertos contra la ex primera ministra de Ucrania, Yulia Timoshenko, condenada a siete años de prisión por abuso de poder y corrupción, y al exjefe del Gobierno de Islandia Geir H. Haarde, acusado de una actuación negligente en el colapso bancario que sufrió el país en octubre de 2008.
Entretanto, sindicatos y patronal se encuentran inmersos en negociaciones para acordar una polémica reforma laboral en España. Los temas troncales son cambios en los contratos, negociación colectiva o participación de las agencias privadas en la intermediación laboral. Ante la, hasta ahora, falta de acuerdo por parte de los agentes sociales, el recién estrenado gobierno conservador de Mariano Rajoy ha insinuado que aprobará unilateralmente su propia reforma. Sin embargo, poco o nada ha trascendido sobre el contenido de ésta.
La IE se solidariza con los sindicatos de la enseñanza españoles en su defensa de la educación de calidad y contra la pérdida de derechos sindicales derivada de la crisis económica.