Los docentes sindicalistas vuelcan toda su dedicación, esta semana en Ginebra (Suiza), en lo que muchos consideran la última oportunidad para rescatar la atribulada Ronda de Doha de negociaciones comerciales multilaterales.
La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha fijado el viernes 29 de abril como fecha límite para alcanzar un acuerdo sobre la reducción de aranceles y subvenciones a la industria y la agricultura, y la liberalización del comercio de servicios, entre los que se incluyen los servicios educativos.
“La Internacional de la Educación ha venido insistiendo, desde que en 2001 se pusieran en marcha las negociaciones de Doha, en que la educación no es una mercancía de compra y venta, sino un bien público. Es imprescindible excluir la educación de los acuerdos comerciales”, ha hecho hincapié Monique Fouilhoux, secretaria general adjunta de la IE.
La semana pasada, los presidentes de las distintas comisiones negociadoras de la OMC informaron del punto en el que se encontraban las conversaciones.
El presidente del Grupo de negociación de servicios, el embajador mexicano Fernando de Mateo, destacó el escaso progreso alcanzado en ampliación de la cobertura de la educación en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Tan sólo cinco de los 21 países invitados a liberalizar el sector de la educación han manifestado su voluntad de atender la solicitud.
“Aunque se han producido algunos avances, no deja de advertirse la existencia de marcadas diferencias”, concluyó el embajador de Mateo.
La resistencia de los países a adquirir compromisos en materia de servicios educativos en las negociaciones del AGCS, según indicó Monique Fouilhoux, responde a las “intensas acciones de lobby de la IE y sus afiliadas”.
También señaló que las conversaciones de la OMC relacionadas con el desarrollo de nuevas restricciones a la regulación nacional, incluyéndose los reglamentos que afectan a todos los niveles del sector educativo, se encuentran en un callejón sin salida.
“Ante el parón dado a las negociaciones sobre servicios y reglamentación nacional, cada país debe replantearse la conveniencia de ampliar las normas comerciales a áreas como la educación; y es que una cosa es que se desconozca su impacto y otra bien distinta que se descuide el riesgo conocido”, agregó.