La Internacional de la Educación ha enviado una enérgica declaración de solidaridad a los compañeros docentes de Egitim Sen y KESK en Turquía tras la tercera audiencia de su juicio, celebrada el 22 de junio.
El polémico caso involucra a 31 sindicalistas del sector público, 27 de los cuales son docentes y miembros de Egitim Sen, un sindicato afiliado de la IE. Todos los acusados se enfrentan a penas de cárcel supuestamente por pertenecer a una organización kurda que está prohibida en Turquía.
Después de una breve audiencia el 22 de junio, el juicio colectivo de los 31 sindicalistas fue aplazado hasta el 22 de octubre de 2010.
Al igual que durante la primera audiencia, en noviembre de 2009, una delegación internacional integrada por docentes sindicalistas, incluidos representantes de GEW de Alemania, DLF de Dinamarca y la IE, estuvo presente para mostrar su apoyo a los acusados y a los testigos del proceso judicial.
La IE sigue pidiendo a las autoridades turcas que retiren todos los cargos contra los acusados y se respeten los derechos de los docentes y de sus sindicatos.
En el caso de que no se retiren todos los cargos, la IE espera que en la próxima audiencia se respeten los derechos fundamentales de los acusados. Este es un asunto de especial preocupación ya que el comportamiento del aparato judicial en la audiencia anterior, en noviembre de 2009, no cumplió con las normas nacionales o internacionales relativas a un proceso equitativo conforme a la ley.
La IE y los docentes de todo el mundo están decididos a seguir el juicio de Egitim Sen/ KESK y seguir supervisando la situación de los derechos sindicales en Turquía. Una delegación internacional estará presente en la próxima audiencia, prevista para el 22 de octubre de 2010.
La reciente Conferencia Internacional del Trabajo del mes de junio recibió el examen del caso de Turquía presentado por la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en virtud del Convenio 87 sobre libertad sindical. En sus conclusiones, la Comisión declaró que: "continuó observando con pesar las denuncias de importantes restricciones impuestas a la libertad de expresión y la libertad sindical de los sindicalistas, en particular en los sectores de la salud y la educación."
Asimismo, la Comisión: "instó al Gobierno a que siga tomando todas las medidas necesarias para garantizar un clima libre de violencia, presiones o amenazas de cualquier índole para que los trabajadores y los empleadores puedan ejercer libremente sus derechos de conformidad con el Convenio''.