La delegación de la IE compartió los resultados preliminares de una encuesta realizada entre el personal docente afgano sobre la situación actual de la profesión y del derecho a la educación en el país durante una reunión de mujeres sindicalistas y activistas celebrada el 13 de marzo.
Addressing a gathering of women unionists and activists on 13 March, the EI delegation shared the preliminary results of a survey among Afghan teachers on the current state of the profession and of the right to education in the country.
"Cuando los talibanes tomaron Afganistán, cerraron todos los centros educativos. Tras un tiempo, solo abrieron las escuelas para niños y ni siquiera se permitía salir de casa a las niñas. El cierre de las escuelas femeninas provocó el desempleo de un gran número de maestras. Un tiempo después, los talibanes solo autorizaron la educación de las niñas hasta el 7º curso. No tienen permitido estudiar hasta el 12º curso".
Testimonio anónimo de un profesor afgano
Para llevar a cabo esta encuesta, orientada a recopilar las opiniones del personal docente afgano, la IE creó una plataforma en línea junto con uno de sus afiliados en el país, el National Teacher Elected Council (NTEC). En total, entre marzo y mayo de 2023, se recopilaron en 23 provincias del país 2 517 testimonios de docentes afganos, de los cuales el 60 % eran mujeres. Estos testimonios de primera mano revelan los retos reales y multifacéticos a los que se enfrenta el personal educativo sobre el terreno y contribuirán a las acciones de defensa que se están organizando por sus derechos y su bienestar.
Esta encuesta forma parte de las iniciativas emprendidas por la IE para defender los derechos del profesorado afgano tras la toma del poder por parte de los talibanes en agosto de 2021. En 2022, la IE dio un paso importante en esta dirección con el lanzamiento del Observatorio de los Derechos del Personal Docente Afgano, una plataforma en línea creada para documentar la situación de la educación en Afganistán, abordar aspectos críticos como los salarios del personal docente, las condiciones de trabajo, las violaciones de los derechos humanos, la igualdad de género, el acceso de las niñas a la educación, las restricciones impuestas a las mujeres docentes, la seguridad y la conformidad de los planes de estudio con las normas internacionales de derechos humanos.
Perspectivas significativas a pesar de los retos
La iniciativa se enfrentó a obstáculos importantes, como el cierre de escuelas debido a las condiciones climatológicas del invierno y la preocupación por la seguridad de las personas participantes. En algunas provincias, sobre todo en el sureste, las personas encargadas de la encuesta incluso sufrieron acoso, fueron detenidas o se vieron obligadas a renunciar por su seguridad y por temor a ser procesadas.
"Admiramos al profesorado, hombres y mujeres, que siguen defendiendo los derechos de las niñas y las mujeres, a pesar de los riesgos que corren sus propias vidas", declaró Susan Hopgood, presidenta de la Internacional de la Educación.
Desde que tomaron el poder, los talibanes no han dejado de arremeter contra los derechos de las niñas y las mujeres. En agosto de 2021, restringieron el acceso de las niñas y las mujeres a la educación secundaria y superior y prohibieron a las maestras enseñar a los niños. En diciembre de 2022, prohibieron a las mujeres asistir a los centros de educación superior, lo cual afectó a más de 100 000 alumnas. Muchas maestras han perdido su trabajo y su medio de vida porque solo se les permite enseñar a niñas.
"¿Pueden las docentes mujeres crear un entorno seguro para su alumnado con este miedo y esta inseguridad? ¿Puede el alumnado recibir una educación de calidad con esta sensación de inseguridad que les transmite el profesorado? En mi opinión, si el gobierno talibán no se toma en serio este problema, provocará un enorme desastre en la enseñanza y la educación de las mujeres y las niñas en Afganistán".
Testimonio anónimo de una profesora de universidad afgana
Las repercusiones de estas políticas serán devastadoras para varias generaciones de niñas y mujeres en Afganistán. Se calcula que, en 2023, el país tenía 7,8 millones de niños y niñas sin escolarizar.
Aunque el informe final se espera para más adelante este año, los resultados preliminares presentados en la UNCSW ya ofrecen una perspectiva significativa de las vivencias del personal docente afgano.
Seis provincias (Herat, Samangan, Balkh, Nangarhar, Badakhshan y Kabul), que representan el 84 % de todas las respuestas, registraron una alta participación, con una proporción significativa de mujeres, que reflejan más del 70 % del total de personas encuestadas.
A pesar de la presión ejercida por los talibanes para cerrar las escuelas de niñas, más del 44 % de los testimonios procedían de docentes de este tipo de escuelas. Más del 94 % del total de las personas encuestadas afirmó que el derecho a la educación de las niñas debe protegerse y aplicarse plenamente. Solo 33 encuestados (entre ellos 22 docentes mujeres) afirmaron que las niñas "nunca deberían recibir educación".
Sin embargo, la mayoría (un 70 %) opinaba que las mujeres deberían poder enseñar en los institutos de secundaria masculinos, y 1 220 encuestados afirmaron que deberían poder hacerlo "siempre".
La encuesta reveló que tanto la satisfacción con la experiencia docente como con las condiciones de trabajo eran relativamente bajas. Respecto a las condiciones de trabajo, solo el 15 % de las personas encuestadas afirmó estar "muy satisfecho", mientras que el 34 % dijo estar "satisfecho". De todos los encuestados, 603 se mostraron contentos con su experiencia docente, mientras que 557 expresaron su descontento, y la mayoría (un 39 %) dijo estar "algo contento".
Un dato a destacar está relacionado con la percepción de la sociedad afgana sobre la profesión docente. El 16 % considera que la sociedad "nunca" tiene en alta estima la profesión docente, mientras que el 20 % cree que lo hace "siempre".
El salario del profesorado oscila entre 7 000 y 10 000 AFG (entre 83 y 120 euros) al mes, una cantidad insuficiente para cubrir los gastos básicos de subsistencia. Además, los ingresos del personal docente se han reducido en 1 000 AFG en muchas provincias. No obstante, cabe destacar que más del 80 % de las personas encuestadas confirmaron haber recibido su salario íntegro (un 65 %) o la mayor parte de él (un 16 %), con una distribución equitativa entre maestros y maestras.
También se les preguntó si creen que los sindicatos de docentes son importantes, y la inmensa mayoría, el 92 %, dio una respuesta positiva. El número de mujeres y hombres afiliados a sindicatos es bastante elevado, más del 83 % de los encuestados. Las mujeres (un 50 %) están más sindicadas que los hombres (un 33 %).
Desde 2021, la IE ha exigido en repetidas ocasiones a las autoridades afganas que garanticen que todo el alumnado tenga un acceso igual y sin restricciones al aprendizaje en un entorno seguro y protector; que apoyen al personal docente con el pago puntual de sus salarios y a través del diálogo político con sus organizaciones representantes; y que eliminen todos los obstáculos a la participación de las niñas y las mujeres en la educación.
Deslegalización del sindicato de docentes NTEC
En enero de 2024, tras meses de obstáculos burocráticos y retrasos administrativos, los dirigentes del NTEC recibieron la noticia de las autoridades de que la organización no obtendría el registro oficial.
El revés fue doble: el NTEC no solo no obtendría el reconocimiento como sindicato de docentes, también se impediría su registro como organización de la sociedad civil.
De hecho, en enero, el Consejo de ministros decidió despojar al funcionariado público de su derecho fundamental de sindicación. Este giro de los acontecimientos supuso un duro golpe para el NTEC, que quedó en un limbo legal, privado de cualquier estatus reconocido para llevar a cabo sus actividades o comprometerse de forma efectiva con sus docentes afiliados.
Las consecuencias de esta medida adoptada por las autoridades afganas son enormes, ya que anula por completo el derecho a la libertad sindical y a organizarse en el sector público. Este hecho pone de relieve la necesidad de que los sindicatos de todo el mundo redoblen sus esfuerzos para proteger y defender los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, especialmente en el ámbito fundamental de la educación.