La Internacional de la Educación (IE) ha acogido favorablemente el envío de una Misión Tripartita de Alto Nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que visitó Filipinas recientemente. La misión es el resultado de una prolongada campaña por parte de activistas defensores de los derechos humanos y sindicales en el país, incluyendo las organizaciones miembros de la IE –la Alliance of Concerned Teachers (ACT), la Federation of Free Workers-Trade Federation VIII (FFW), la National Alliance of Teachers and Office Workers (SMP-NATOW) y la Teachers' Organisation of the Philippine Public Sector (TOPPS)–.
Tras más de tres años de campaña y retrasos por parte del Gobierno, la Misión Tripartita de Alto Nivel de la OIT finalmente tuvo lugar en Filipinas entre el 23 y el 26 de enero de 2023.
La misión investigó las quejas presentadas por los sindicatos sobre ejecuciones extrajudiciales, ‘etiquetado rojo’ y otras formas de acoso antisindical en Filipinas. Una de sus principales recomendaciones a las autoridades públicas filipinas fue el establecimiento de “un único organismo con mandato presidencial, facultado para identificar y abordar de forma exhaustiva, mediante un plan de acción específico que incluya plazos, recursos y rendición de cuentas, todos los casos pendientes de presuntos secuestros y ejecuciones extrajudiciales relacionados con el trabajo”. El Gobierno filipino deberá informar a la OIT sobre los progresos realizados antes de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2023, que dará comienzo el 5 de junio.
Recomendaciones de la ACT
El último día de la misión, la ACT, una de las organizaciones que remitió a la OIT el mayor número de casos, efectuó una serie de recomendaciones con vistas a proteger los derechos sindicales en Filipinas, incluyendo las siguientes:
1. Hacer justicia de manera efectiva a todas las víctimas de violaciones de la libertad sindical tomando medidas inmediatas para la investigación, el procesamiento, la condena y la imposición de castigo a los perpetradores, además de conceder la reparación apropiada a las víctimas y sus familias.
2. Rescindir todas las leyes y órdenes ejecutivas que permiten la violación del derecho de sindicalización y libre asociación de docentes y trabajadores/as filipinos/as, como la Orden Ejecutiva 70 y la Ley Antiterrorista. Ha de abolirse asimismo la Unidad de trabajo nacional para poner fin al conflicto armado comunista local.
3. Poner término al despliegue de campañas contra la insurgencia, de donde emanan ataques contra sindicatos y sindicalistas, como el señalamiento ilegal, el etiquetado rojo, el acoso, la presentación de cargos falsos, las desapariciones forzosas y las ejecuciones extrajudiciales.
4. Poner fin a la injerencia de la policía y agencias gubernamentales militares y civiles en procesos sindicales, como las elecciones de certificación, la negociación de convenios colectivos, las campañas de sindicalización y otras actividades sindicales.
5. Adoptar legislación para garantizar los derechos de trabajadores/as y docentes del sector público a la negociación colectiva y la realización de actividades concertadas pacíficas, incluido el derecho de huelga.
6. Penalizar el etiquetado rojo en la legislación.
7. Brindar a las víctimas de ataques contra los derechos sindicales y del personal docente asistencia jurídica y protección frente a represalias, incluso en zonas remotas.
8. Invitar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a los Relatores Especiales de la ONU sobre el Derecho a la educación y sobre la Promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión a llevar a cabo investigaciones independientes en relación con docentes y educadores en Filipinas.
Ninguna acción positiva por parte del nuevo Gobierno para mejorar las vidas de las personas trabajadoras
“Esperamos que la investigación de cuatro días en Filipinas por parte de la misión haya aportado a sus miembros una imagen clara respecto a los continuos ataques promovidos por el Estado contra trabajadores y trabajadoras y sus sindicatos. Nuestros docentes esperan que la misión de la OIT obligue de una vez por todas al Gobierno filipino a poner término a sus violaciones sistémicas y sistemáticas de la libertad sindical”, recalcó el secretario general de la ACT y miembro del Consejo Ejecutivo de la IE, Raymond Basilio.
Concluyó diciendo que: “Después de siete meses en el poder, la administración Marcos no ha adoptado ninguna medida positiva para mejorar la suerte de nuestros trabajadores, que tienen que lidiar con bajos salarios y altos precios, mientras prosiguen los ataques contra nuestros derechos sindicales como con el anterior régimen de Duterte. Intensificando nuestra defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras a nivel local y nacional, confiamos en contar con el apoyo de organismos internacionales para exigir cuentas al Gobierno por sus violaciones de los derechos laborales y su negligencia respecto al bienestar de la gente trabajadora”.
Solidaridad internacional
“La Internacional de la Educación y sindicatos en la educación del mundo entero se solidarizan plenamente con sus colegas en Filipinas”, declaró el secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards, añadiendo que: “Apoyamos y seguiremos apoyando su lucha hasta conseguir que sus derechos sindicales sean plenamente respetados e implementados. Instamos al Gobierno a garantizar los derechos humanos y sindicales y poner término de inmediato a los escandalosos ataques contra la población –en particular pueblos indígenas, estudiantes, defensores de los derechos humanos, periodistas y partidarios de la paz–”.
La Internacional de la Educación seguirá de cerca la situación de los activistas de la educación y sus sindicatos en Filipinas.