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La lucha por las libertades es algo que comparten las mujeres y los hombres de todos los hemisferios y de todas las épocas. Como la piedra de Sísifo, nunca terminamos de empujarlas hasta la cima de la montaña. Aunque los contextos nunca son los mismos, particularizan las luchas de unos y otros y al mismo tiempo enriquecen la experiencia colectiva y global. La experiencia camerunesa en la materia podría fácilmente diluirse en el contexto general de las luchas africanas, o por lo menos en el de las luchas de los países africanos de habla francesa. Las características principales son las mismas: países jóvenes, naciones que experimentan una gestación difícil, economías satélites de una globalización dura y ultraliberal, experiencias sindicales relativamente recientes… Podríamos pensar que ya se ha dicho todo. Sin embargo, como afirma un truismo nuestro: “Camerún es Camerún”.

Democracia a prueba de realidad

Al inicio de la década de los noventa, Camerún no se convirtió en una democracia, sino que comenzó un proceso democrático. Los textos que han iniciado el camino hacia este proceso y lo han acompañado son sin duda de los más bellos que existen. En apariencia, el proceso democrático camerunés avanza bastante bien: multipartidismo integral con más de 250 partidos políticos registrados, una Constitución que retoma y reconoce las declaraciones y cartas internacionales y africanas de derechos más importantes, una refundición de leyes que también reconoce las principales libertades fundamentales conocidas, la organización periódica de elecciones por sufragio universal… no se omite nada del ritual democrático clásico. Sin embargo, la realidad política tiene poco que ver.

El país tiene el mismo presidente de la República desde hace 40 años, el mismo presidente de la Asamblea Nacional desde hace 30 años y el mismo presidente del Senado desde la creación de esta venerable institución. El presidente de la República no se ha reunido ni una sola vez con sus oponentes desde 1990. Ningún partido de la oposición ha podido organizar una reunión o una manifestación autorizada desde hace 20 o 30 años. El último que quiso ejercer este derecho vio cómo se detenía a sus militantes, se les juzgaba y se les condenaba a severas penas de prisión y siguen encarcelados a pesar de las “enérgicas protestas” en todas partes.

En el plano de los derechos humanos, el país está actualmente dividido en zonas de guerra (el extremo norte del país, donde prevalece el terrorismo islamista y el actor principal es la secta Boko Haram y el oeste anglófono, donde milicias rebeldes separatistas se enfrentan al ejército nacional desde 2017) y en zonas no de paz, sino, más modestamente, de no guerra.

En las zonas de guerra, los informes de las ONG camerunesas e internacionales ^[1] publican periódicamente informes abrumadores sobre las horribles atrocidades perpetradas por todas las partes presentes en los frentes. En el resto del país, fuera de las zonas de guerra, la independencia de la justicia está muy cuestionada. Se habla sobre todo de una justicia que sigue órdenes, dado que el jefe de Estado es también el presidente del Consejo Superior de la Magistratura, de una justicia más dispuesta a perseguir a los rivales políticos que a los delincuentes comprobados.

La labor de socavar sistemáticamente la acción y los actores sindicales

Respecto de los derechos sindicales, Camerún se distingue por la misma ambivalencia: textos magníficos, pero sin la intención de aplicarlos. El país ha ratificado los ocho convenios fundamentales principales y tres de los cuatro convenios de gobernanza de la OIT, pero al mismo tiempo ha conservado, en concreto para los sindicatos del sector público, una ley de 1967 y su decreto de aplicación de 1968, cuyas disposiciones más pertinentes contravienen estos convenios, y se trata de leyes que aplica violando el principio de jerarquía de las normas jurídicas ^[2].

Desde el regreso al multisindicalismo a partir de 1990, el 98 % de los sindicatos de docentes del sector público camerunés no han podido obtener un justificante que declare que se han constituido conforme a las disposiciones convencionales en vigor: por tanto, funcionan prácticamente en la ilegalidad, bajo un régimen de tolerancia administrativa. Desde el 23 de diciembre de 2014, una ley para luchar contra el terrorismo permite asociar todas las formas de manifestación no autorizadas a actos de terrorismo justiciables ante tribunales militares. Por tanto, ¿cómo se pueden defender y promover con algún tipo de éxito los derechos humanos y sindicales en este contexto?

A pesar de todo, es necesario hacerlo y a esto se dedican numerosos actores sindicales cameruneses cada año. Obtienen tan pocos resultados que la opinión de la mayoría de los observadores más o menos informados es que el sindicalismo camerunés es actualmente, por su debilidad, la verdadera piedra de toque de la política social del Gobierno. Sea como sea, se elaboran y aplican estrategias, antiguas e innovadoras, para superar estos obstáculos y los desafíos principales.

Las instancias que ocupan el poder en Camerún, maestras del reloj, apuestan casi siempre por la prolongación en el tiempo y cuentan, casi siempre con éxito, con el desgaste para mermar la determinación y desmovilizar los compromisos más sólidos: los casos de violaciones, incluso flagrantes, de los derechos sindicales que se presentan ante los tribunales siguen pendientes año tras año y terminan olvidados y abandonados. No existe mejor forma de disuasión ante la perspectiva de recurrir a la justicia.

El Estado crea sus propios sindicatos y se apoya en ellos para mitigar a ojos de la opinión pública los puntos de vista sindicales que resultan hostiles a su régimen. Estos sindicatos eliminan las convocatorias de huelga que no han lanzado y defienden en los medios de comunicación la política social del Gobierno, que generalmente es la de los grandes grupos de capitales que controlan la economía del país.

El Gobierno alienta y mantiene viva la fragmentación de los sindicatos que oponen resistencia y esto ha dado lugar a un panorama sindical muy accidentado: cerca de 12 centrales representan a los trabajadores, más de 400 sindicatos a los trabajadores del sector del transporte, una veintena a los de la educación…

Sin embargo, el Gobierno lleva a cabo una labor profunda desde hace años que tiene efectos todavía más devastadores para los sindicatos.

En los últimos años, el Estado ha arremetido sistemáticamente contra los derechos adquiridos en el sector público: retrasos de cuatro, cinco o más años en el pago de los salarios al inicio de la carrera (hablamos de “hacerse cargo” del personal que integra la profesión), pago de dos tercios de los salarios en lugar de la totalidad y reserva del último tercio durante años, impago de la prestación para alojamiento, acumulación de impagos de adelantos firmados, pero no seguidos inmediatamente de efectos financieros… Esta estrategia tiene varios objetivos simultáneos: empobrecer y fragilizar a los trabajadores, desalentar las cotizaciones sindicales, desviar las luchas sindicales de los temas relacionados con la mejora de los entornos de trabajo y las condiciones de vida hacia problemas básicos de supervivencia y desviar la acción sindical de las reivindicaciones estructurales a reivindicaciones coyunturales.

Por otra parte, esta estrategia ha funcionado muy bien hasta la fecha: de la fragmentación sindical hemos pasado a la ultrafragmentación de las reivindicaciones del cuerpo docente en una multitud de microreivindicaciones de las que se ocupan colectivos temáticos, colectivos de promoción, que reivindican que “se hagan cargo” de las necesidades de este pequeño grupo, de las prestaciones para alojamiento de este otro, de las bonificaciones por documentación e investigación, las retribuciones adicionales cuando se pagan dos tercios de los salarios o los recordatorios pendientes por uno u otro motivo de otro grupo; después, estas mismas reivindicaciones sirven para crear nuevos colectivos según los puntos que han de promocionarse por año o periodo. Llegamos a un desmenuzamiento, una pulverización pura y simple. Estos colectivos, recibidos de forma prioritaria y con una gran publicidad por el Gobierno, han captado y acaparado la atención de los medios de comunicación, de la opinión pública y del personal docente estos últimos años (en concreto, desde 2017, con la creación del colectivo de docentes indignados) y han relegado a los sindicatos a un segundo plano y a la presunción de impotencia. Prácticamente se ha logrado la pérdida de credibilidad de los sindicatos.

Pistas para una renovación sindical

Ante este despliegue, los sindicatos, los más lúcidos de ellos conscientes de sus puntos débiles, intentan a pesar de todo llevar a cabo un programa de renovación sindical (la edad de oro del sindicalismo camerunés se sitúa en las décadas de los cuarenta y los cincuenta durante la colonización, con una minirrenovación sindical al principio de la década de los noventa): un programa de entramado territorial y posteriormente de densificación de la implantación regional, departamental y local. El objetivo es construir un poder sindical nacional creíble susceptible de corregir el evidente desequilibrio de fuerza que beneficia al Gobierno. Esta elección estratégica no era intrínsecamente mala, pero carecía de un análisis completo de la situación en el terreno: al desatender, aunque sea temporalmente, las necesidades coyunturales, pero cotidianas y urgentes, del personal docente en nombre del largo plazo y lo estructural, los sindicatos los han desviado sin duda por mucho tiempo del movimiento sindical y los han arrojado a los brazos abiertos de colectivos que, si bien son más dinámicos, también son más efímeros porque se ocupan de reivindicaciones más individualizadas. Se ha instaurado una desconsideración de los sindicatos que probablemente durará mucho tiempo y constituirá uno de los principales desafíos de los próximos años.

¿Qué estrategias se pueden aplicar para superarlo? Después de numerosos análisis y debates, parece que existen cuatro vías estratégicas principales.

En primer lugar, habrá que continuar e insistir en la vía del derecho a pesar de los puntos muertos y las decepciones. Por este motivo, la gran mayoría de los sindicatos del sector público se ha negado a someterse al procedimiento de reconocimiento impuesto por el Gobierno y ha optado por acogerse al procedimiento de declaración de existencia previsto en el Convenio 87. Sin embargo, este brazo de hierro limita sus actuaciones en el terreno ^[3], principalmente debido a la imposibilidad de que los sindicatos abran una cuenta en un banco clásico, con las consecuencias que esto conlleva para la financiación de los sindicatos y la gestión de las finanzas sindicales.

En segundo lugar, será necesario trabajar en aras de la construcción de un verdadero poder sindical y esto implica una implantación nacional efectiva, una densificación de la adhesión regional y una formación seria de los cargos sindicales (primero los dirigentes intermedios, después los de base y finalmente los afiliados) en el dominio de los retos de las luchas sindicales. Esta tarea parece inmensa, pero con una buena combinación de métodos se puede avanzar a una velocidad razonable en este ámbito.

En tercer lugar, es necesario enfrentarse al problema del desmenuzamiento sindical, primero en el sector de la educación y después, de forma más transversal, en toda la esfera social. La unidad de acción ya conseguida en el sector de la educación es solo la primera etapa. Si no se supera con el tiempo y se llega a la unidad sindical, los empleadores y el Estado siempre se aprovecharán. ¿Será fácil alcanzar este objetivo a corto plazo? No lo creo: el grado actual de comprensión de los retos entre los actores importantes es bajo y todos los grupos sindicales son prácticamente iguales. Como objetivo a largo plazo, creo que las posibilidades de lograrlo son razonablemente elevadas.

Por último, habrá que quedarse permanentemente en el terreno de la acción, incluso si esto pudiera tener un costo negativo muy elevado. En cada huelga, las sanciones impuestas a los sindicalistas, en general totalmente ilegales, hacen retroceder el impulso de sindicalización. Las reivindicaciones del personal docente están cada vez más relacionadas con sus necesidades básicas, sobre todo en un contexto de falta de compromiso del Estado con los sectores sociales en beneficio de los sectores comerciales o comercializados: siempre les cuesta un poco más llegar a final de mes. Como indicamos anteriormente, uno de los grandes errores de los sindicatos ha sido desatender esta situación para centrarse en lo estructural. Se trata de no repetir los errores. Pero la acción sindical puede y debe diversificarse. Por consiguiente, es necesario también pensar en acciones que vuelvan a ilusionar al movimiento sindical, estén orientadas hacia un ideal de generosidad y promuevan una imagen positiva del sindicalismo. En este sentido, los sindicatos deben desarrollar sistemas para luchar por una educación de calidad, un medio ambiente sostenible, organizaciones más inclusivas, más democráticas, más transparentes y preocupadas por la rendición de cuentas.

En resumen, ¿podemos defender y promover las libertades políticas y los derechos humanos y sindicales en un contexto no democrático? Evidentemente no es fácil y, sin embargo, no queda otra opción. Implica una inversión más peligrosa y requiere una cantidad infinitamente mayor de tiempo. El tiempo que requieren un buen diagnóstico y la elaboración de soluciones adecuadas compartidas. El tiempo también que requieren el estudio y la movilización de los recursos necesarios. En Camerún, el enemigo más importante de los sindicatos ha sido a menudo el tiempo: generalmente se ha querido cambiar todo de inmediato, como con una varita mágica. Algunos líderes actuales comienzan tal vez a entender que, del mismo modo que los empleadores y el Estado, los sindicatos tendrán que encontrar posibilidades de fijar un plazo prolongado para reconstruir el movimiento sindical y, a la larga, lograr la renovación sindical.