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Las personas LGBTI que integran las comunidades educativas de América Latina se enfrentan diariamente a situaciones en que deben decidir si comparten o no información sobre su orientación sexual o identidad de género en los centros educativos en que trabajan, estudian o llevan a sus hijos. ¿Pueden transformarse las escuelas, colegios y universidades latinoamericanas en espacios seguros, respetuosos e inclusivos con las personas LGBTI?

La Oficina Regional de la Internacional de la Educación América Latina (IEAL) decidió, en el contexto de la pandemia por la Covid-19, elaborar un documento ‘ Respeto a la identidad de género de las personas y la diversidad sexual en las organizaciones sindicales de la educación de América Latina’. Este documento se desarrolló desde una perspectiva de derechos humanos, con el objetivo de brindar una herramienta a las organizaciones sindicales de la educación para promover el respeto a la identidad de género y la orientación sexual de las personas que integran las comunidades educativas de la región.

Si bien este documento no tiene propósitos pedagógicos, la inclusión de un glosario con términos relativos a diversidad LGBTI, le permite a cualquier persona conocer definiciones de conceptos básicos de este tema. Además se incluyen recomendaciones para las organizaciones sindicales de la educación, que les permite colaborar con la construcción de espacios seguros y respetuosos para las personas LGBTI, en los sindicatos y los centros educativos.

Luchar contra la discriminación que padecen las personas LGBTI en América Latina

La idea de elaborar esta publicación responde a la necesidad de actuar frente a la realidad de la región, marcada por la desigualdad en muchos aspectos. El Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) confirmó que América Latina continúa ostentando el penoso título de segunda región más desigual del planeta ^[1]. En materia de acceso a derechos de la población LGBTI se reproducen estas desigualdades. Así hay países a la vanguardia del avance en el reconocimiento de derechos y otros en los que la población LGBTI se ve forzada a migrar para escapar de la violencia y la discriminación.

Estas desigualdades también se replican dentro de los países, con notables diferencias entre las grandes ciudades y las zonas más rurales o periféricas, donde los avances en el reconocimiento de derechos para personas sexualmente diversas son limitados o nulos. Además, las situaciones de exclusión hacia personas LGBTI se profundizan si se suman determinadas variantes como nivel socioeconómico, color de piel, etnia, condición migratoria o género.

La llegada al poder de líderes políticos de derecha y extrema derecha vinculados con grupos conservadores y fundamentalistas religiosos, como los casos de Bolsonaro en Brasil, Duque en Colombia o Giammattei en Guatemala, coloca a la población LGBTI de estos países en una situación de vulnerabilidad. Si el presidente de Brasil se expresa sistemáticamente de forma despectiva hacia las personas LGBTI ^[2], ¿no es previsible que un adolescente gay en Manaos sea acosado por sus compañeros de clases? ¿Puede sentirse segura una docente lesbiana en Cuiabá compartiendo información de su vida privada?

El papel de los sindicatos de la educación

Ante estos complejos escenarios de discriminación y violencia latente, es necesario sensibilizar y educar a la población en general, y particularmente a las personas docentes. La falta de voluntad de las autoridades estatales o su incapacidad de acción para garantizar centros educativos inclusivos y acceso igualitario a los derechos humanos para las personas LGBTI, ponen a las organizaciones sindicales de la educación frente a la disyuntiva de tomar posición y actuar en consecuencia o mirar al lado e ignorar este contexto.

Si las organizaciones sindicales de la educación de América Latina apuestan por incluir las reivindicaciones de los colectivos LGBTI en sus agendas de luchas y sensibilizan a sus bases en materia de derechos humanos, pueden contribuir a la construcción de escuelas y comunidades educativas inclusivas; en donde las personas LGBTI se sientan seguras, queridas y respetadas. La fuerza colectiva de los sindicatos de educación permite hacer cambios incluso en donde las autoridades estatales no hacen su tarea.

El trabajo de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil (CNTE) al acompañar reivindicaciones de las comunidades LGBTI es un buen ejemplo de la incidencia que pueden tener las organizaciones sindicales para garantizar la enseñanza de educación sexual integral, y como resultado contribuir a espacios seguros para personas LGBTI en los centros educativos.

En medio de la ola conservadora que llevó al Palacio de la Alvorada ^[3] al candidato condenado a pagar multas por sus declaraciones homofóbicas [3], autoridades locales impulsaron medidas para omitir referencias a la diversidad de género y la orientación sexual en los programas educativos, pretendiendo imponer la censura sobre estos temas. CNTE acompañó a otras organizaciones y colectivos LGBTI en gestiones ante el Supremo Tribunal Federal (STF), por lo que consideraron una violación a los derechos básicos de las comunidades educativas. El STF estableció de forma unánime la inconstitucionalidad de estas leyes municipales y reafirmó que la inclusión de educación sexual y temas de género en los currículos es un deber de las autoridades educativas, de las escuelas y de las personas docentes ^[4].

El caso de Brasil no es el único. La influencia de las iglesias neopentecostales y los sectores más conservadores de la Iglesia Católica propicia la aparición de grupos opuestos a la inclusión de educación sexual integral científica y laica en los currículos educativos, y cualquier avance en materia de derechos humanos de las personas LGBTI. Estas agrupaciones están presentes en todos los países de la región, y en algunos han conseguido imponer sus posturas antiderechos.

En Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez nombró al iniciar su gestión a un reconocido líder evangélico a la cabeza del Ministerio de Educación y Ciencias: Eduardo Petta. En noviembre de 2018, a pocos meses de asumir el cargo, Petta recibió a una manifestación contra la “ideología de género”, frente a la que reafirmó sus posiciones conservadoras y por ende su oposición a educación sexual integral con enfoque en derechos humanos ^[5].

"A mis hijos los educo yo”, o “con mis hijos no te metas”, son ejemplos de las consignas que han utilizado estas agrupaciones antiderechos en otros países de América Latina. Su propósito, además de oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo o al reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, es eliminar de los currículos educativos cualquier referencia a temas LGBTI o abordajes con perspectiva de género y de derechos humanos. Son propuestas muy similares a la ley “No digas gay” ( don’t say gay) aprobada recientemente en Florida, Estados Unidos.

Si las organizaciones sindicales de la educación y las personas docentes deciden actuar ante esta situación, un primer paso en la tarea de construir centros educativos inclusivos y respetuosos hacia la población LGBTI es denunciar estos discursos discriminadores y antiderechos: establecer con claridad que no hay espacio en la lucha sindical ni en la docencia para manifestaciones de violencia o discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género. En segundo lugar, pueden exigir a las autoridades de gobierno las acciones pertinentes para garantizar el derecho a la educación pública inclusiva para todas las personas, sin discriminación de ningún tipo. Las comunidades LGBTI además agradecen el acompañamiento y solidaridad para sus luchas en temas de acceso a derechos humanos y no discriminación.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y sus organizaciones de base, también destacan por el acompañamiento que han hecho desde hace muchos años a las luchas de las comunidades LGBTI. La afiliación de CTERA y su dirigencia han celebrado conquistas como el matrimonio igualitario, el reconocimiento a la identidad de género y el cupo laboral trans. Además han acompañado la lucha por la aprobación e implementación de la educación sexual integral, y más recientemente, junto a autoridades de gobierno, estuvieron presentes en las calles de Buenos Aires, en la conmemoración de los 30 años de la Marcha del Orgullo.

Las personas estudiantes LGBTI de América Latina necesitamos escuelas primarias, secundarias y universidades seguras, que nos permitan continuar con nuestra formación y desarrollar todo nuestro potencial, sin limitaciones motivadas por el odio y la exclusión. El personal docente y personal de apoyo educativo LGBTI también merece espacios de trabajo seguros, donde puedan ejecutar sus labores sin temor o preocupaciones por revelar aspectos fundamentales de su personalidad, como su identidad o su familia.

Leyendo este documento ‘ Respeto a la identidad de género de las personas y la diversidad sexual en las organizaciones sindicales de la educación de América Latina’, podrán encontrar un breve repaso de las luchas de la población LGBTI por el reconocimiento a sus derechos en la región y además podrán repasar las Resoluciones emitidas por el Congreso Mundial de la Internacional de la Educación referentes a los derechos de las personas LGBTI.

En América Latina queda aún mucho trabajo por hacer para construir centros educativos inclusivos y respetuosos con las personas LGBTI. La suma de voluntades individuales y colectivas es clave para avanzar en este camino.

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Nota: Se trata del segundo post de una serie iniciada en ocasión del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia (IDAHOBIT).

El primer post de la serie está disponible aquí: Sobre la responsabilidad del personal docente con respecto del alumnado LGBTQI (ei-ie.org)

También puede acceder a la Declaración de la IE para el IDAHOBIT: Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia: Escuelas seguras e inclusivas para estudiantes y docentes en toda su diversidad (ei-ie.org)