Presencialidad escolar en pandemia: negociación colectiva vs. utilización política
En la Argentina, durante el año 2020 en el marco de las medidas de prevención y aislamiento frente al Covid-19, el gobierno nacional decretó la suspensión de las clases presenciales en todo el país. Esta decisión contó con un marco institucional de respaldo social y político.
Trabajadoras y trabajadores de la educación ratificamos el esfuerzo de sostener el derecho social a la educación, mediante el denominado trabajo a distancia, poniendo a disposición los recursos tecnológicos que cada docente tenía, así como el acceso a la conectividad.
El trabajo a distancia impuso transformaciones sustanciales respecto de las características del proceso de trabajo con fuerte impacto en la Salud del docente. Esta situación advertida desde los sindicatos, impulsó la necesidad de Acuerdos Paritarios que regularan las nuevas condiciones de trabajo, logrando avances en derechos para el sector.
Dentro de los acuerdos paritarios se destacan: la regulación de la jornada laboral y el derecho a la desconexión, formación docente en servicio y gratuita para el trabajo a distancia, protocolos específicos de cumplimiento obligatorio para la vuelta a la presencialidad evitando los contagios en las escuelas.
Aún con las dificultades impuestas por la profundas desigualdades, no solo en el acceso a las tecnologías requeridas, sino en las condiciones de vida de docentes y estudiantes, hicimos los esfuerzos por mantener el vínculo pedagógico y social con el alumnado, llegando en muchos casos a sus viviendas para acercarles el material pedagógico (cuadernillos, fotocopias).
Según la encuesta realizada por CTERA, el 67 % de los y las docentes se sintieron con sobrecarga laboral. Entre las causas que señalaron se encuentran: la falta de equipamiento y conectividad, falta de organización de los espacios y tiempos escolares, la nueva modalidad de trabajo virtual sin formación suficiente, etc. El contexto inédito con alto impacto en las condiciones de trabajo sigue siendo un territorio en disputa en el campo de la Salud Laboral.
El Gobierno Nacional elaboró el “ Protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y en los institutos superiores” que establece un piso mínimo de condiciones de cumplimiento obligatorio, así como los marcos generales de análisis y evaluación de riesgo para el desarrollo de actividades presenciales.
Presencialidad cuidada, trabajo sindical articulado
Los avances científicos abrieron oportunidades para enfrentar la pandemia, entre ellas, la políticas de cuidado, y el acceso a la vacunación masiva. En febrero de este año se firmó un nuevo acuerdo paritario que incluye a trabajadores/as de la educación en los grupos prioritarios objetivo para vacunar contra el Covid- 19 y se conforma el Observatorio del Regreso Presencial a las Aulas.
El Ciclo Lectivo 2021 comenzó con un retorno gradual a las aulas, pero la situación epidemiológica se complicó por el fuerte aumento de casos y hospitalizaciones forzando al máximo los sistemas de salud locales.
La mayoría de la docencia como en el conjunto de la sociedad, anhelamos la vuelta a la presencialidad que sea segura, o sea, en las condiciones en que la prioridad es la vida y la salud de todos y todas.
CTERA junto a los sindicatos de base comenzamos a articular un seguimiento de la situación, con el fin de garantizar y exigir el cumplimiento de la normativa producida en las negociaciones colectivas, considerando:
- Análisis de la situación epidemiológica por jurisdicción a través de un tablero dinámico con los comportamientos de los principales indicadores.
- Seguimiento del plan de vacunación, en el colectivo de trabajadores de la Educación y estudiantes.
- Seguimiento y control del cumplimiento de los protocolos sanitarios.
El consenso político institucional entre el Gobierno Nacional y gobiernos Provinciales sobre los criterios y forma para la suspensión y/ o vuelta a la presencialidad logrado en 2020, no fue posible en el presente año.
“En aquellas provincias donde fue posible la participación efectiva de los sindicatos docentes en los Comités Mixtos o mesas de Negociación, el regreso a las aulas fue consensuado, seguro y menos traumático.”
Argentina transita un año electoral donde se renuevan legisladores en ambas Cámaras. La oposición política mayoritaria, la derecha neoliberal, advirtiendo que la falta de clases presenciales podía ser una de las causas centrales del malestar social lo convirtió en pancarta electoral.
Definir la vuelta a la presencialidad escolar en forma masiva sin tener en cuenta el crecimiento de contagios, las condiciones de los edificios escolares, y cumplimiento de protocolos fue una fuerte disputa sindical. La vuelta a las escuelas se convirtió en un lastimoso espectáculo publicitario. Desde ciudad de Buenos Aires, y otras provincias opositoras al gobierno nacional, se lanzaron grandes campañas publicitarias con el inicio de la presencialidad, mientras los contagios crecían, los/ las trabajadoras enfermaban y morían de COVID19, nuestros sindicatos resistieron y quedaron fuera de toda participación en la toma de decisiones.
Nos indignamos y denunciamos cuando esos gobiernos provinciales y fracciones políticas levantan la bandera de la Educación pública, cuando en los hechos poco y nada han invertido para generar las condiciones que permitieran un retorno cuidado a las aulas.
Nos enorgullece cuando observamos que en aquellas provincias donde fue posible la participación efectiva de los sindicatos docentes en los Comités Mixtos o mesas de Negociación, el regreso a las aulas fue consensuado, seguro y menos traumático.
La lucha docente permitió conquistar derechos que mejoran las condiciones de trabajo: exigir su cumplimiento, difundir e impulsar la necesidad de la vacunación masiva de la población, incluidos estudiantes menores de 18 años, son todos aportes para tener este presente, donde los contagios han bajado abrupta y sostenidamente. La pandemia nos da un respiro, pero no terminó, seguimos atentos.
La Educación y la Salud se defienden como derechos sociales con políticas de Estado, gobiernos que invierten en educación y democratizan las decisiones con participación de trabajadoras y trabajadores. Los avances logrados fueron posibles a partir de la restitución de la PARITARIA NACIONAL DOCENTE con el Gobierno de A. Fernández, pero sigue siendo un desafío luchar por su cumplimiento y por unas mejores condiciones de trabajo.
Volvimos a las escuelas, nos encontramos, estamos felices, NOS SEGUIMOS CUIDANDO.
Las opiniones expresadas en este blog pertenecen al autor y no reflejan necesariamente ninguna política o posición oficial de la Internacional de la Educación.