El nuevo gobierno conservador de Uruguay, que accedió al poder en marzo pasado, ha presentado al Parlamento un proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC), profundamente antidemocrático en forma y substancia. El LUC muestra cómo el país enfrenta una avalancha de conservadurismo y privatización, alejándose de los principios públicos y democráticos que siempre han definido la educación pública en el país.
Este proyecto de ley ha sido presentado por el Poder Ejecutivo para su aprobación urgente sin consultar a los diversos actores sociales, incluyendo a los sindicatos, lo cual es un factor esencial de la gobernanza democrática tratándose de un texto que cambia sustancialmente las leyes vigentes en el país.
67 de los 502 artículos de la LUC se refieren al sector educativo. Si se aprueba, la reforma supondrá una fuerte concentración de poder en manos del Ministerio de Educación y una limitación de la participación docente en la toma de decisiones educativas. Al mismo tiempo, se abre la puerta a nuevos actores, como el sector privado, en la conducción del sistema de educación nacional, al eliminarse, entre otros, el requisito actualmente vigente de acreditar diez años de ejercicio de la docencia en la educación pública para poder integrar un consejo de participación.
En 2017, en el marco de la campaña de Respuesta Global frente a la privatización educativa, la IE publicó una investigación que anticipaba la instauración de sistemas de financiamiento público al sector privado y la introducción de políticas de autonomía escolar y políticas de rendición de cuentas incluyendo la remuneración por desempeño.
En concreto, la LUC introduce un nuevo Estatuto del Personal Docente que habilita la concentración de decisiones sobre el trabajo docente en los/las directores/as de los centros, lo que supondrá una fragmentación del sistema educativo. Además, se elimina la prohibición existente en la Ley de Educación de suscribir acuerdo o tratado alguno, bilateral o multilateral, con Estados u organismos internacionales que, directa o indirectamente, signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo o alentar su mercantilización.
Estas reformas entrarían en vigor justo cuando el regreso a la escuela tras la pandemia de la Covid-19 requeriría que el personal docente y sus sindicatos desempeñaran un papel clave en la toma de decisiones.
La IE y sus organizaciones miembro se han solidarizado con las afiliadas en Uruguay: FENAPES (Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria), FUMTEP (Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria) y CSEU (Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay), pidiendo a la autoridad legislativa que bloquee este proyecto de ley urgente que pone en peligro el derecho fundamental a la educación pública, gratuita y de calidad, del pueblo uruguayo.