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El gobierno de centro derecha recientemente instalado en Uruguay busca dar tratamiento parlamentario rápido a una serie de reformas pro-mercado. La tradición pública y democratizadora de la educación uruguaya se encuentra bajo amenaza. En las próximas líneas se propone una acercamiento a estos fenómenos.

El 1 de marzo de 2020 asumió el gobierno en Uruguay una coalición de cinco partidos que abarca desde posiciones de centro hasta la extrema derecha del mapa político local. Esta coalición definió impulsar transformaciones rápidas en variados ámbitos de actividad a través de la presentación en el Parlamento de un proyecto de Ley de urgente consideración.

Este recurso, previsto constitucionalmente para el abordaje de temáticas específicas que necesitan de rápidas definiciones, está siendo utilizado para imponer transformaciones en temáticas tan dispares como seguridad pública, relaciones laborales, educación o sector agropecuario, entre otras. Se organiza en once secciones y está integrado por 476 artículos. El Parlamento uruguayo dispone de 90 días para el tratamiento del conjunto de la Ley en sus dos Cámaras. La discusión se está llevando adelante, además, en un contexto de restricción de la participación ciudadana por efecto de la pandemia en curso. El procedimiento adolece de las garantías democráticas necesarias para un debate profundo sobre temáticas tan sensibles y estratégicas para el futuro del país.

El área que tiene más peso en la propuesta es la de “Seguridad” con 117 artículos. El segundo lugar lo ocupa “Educación” con 78 artículos.

El conjunto de la Ley ha sido caracterizada por diversas organizaciones sociales, sindicales y por la oposición política, como de carácter antipoular y de promoción de procesos de privatización en diversas esferas de la vida pública.

En el caso concreto de la Educación, se trata de una propuesta que desestima la fuerte tradición de educación pública que caracteriza al país desde la conformación de su sistema educativo en el último tercio del siglo XIX. Al desmantelamiento del Sistema Nacional de Educación Pública, previsto como ámbito central de la estructura educativa según la Ley General de Educación (Nº18437) actualmente vigente, se suman diversos artículos en los que se restringe la participación de actores sociales y docentes en los ámbitos de conducción de la política educativa.

Por otra parte, se trata de una propuesta que impulsa diversas formas de privatización de la educación uruguaya. A título indicativo mencionaremos aquí solamente tres que nos parecen centrales:

1. El artículo 14 de la Ley actualmente vigente establece: “No sesuscribirá acuerdo o tratado alguno, bilateral o multilateral, con Estadosu organismos internacionales, que directa o indirectamente signifiquenconsiderar a la educación como un servicio lucrativo o alentar sumercantilización”. En la primera versión que se presentó del proyecto de Ley en el mes de enero de 2020, se eliminaba este artículo. La presión social, sindical y política producida luego de la presentación de esa primera versión, ha logrado que en el debate actualmente en curso en el Senado de la República la bancada oficialista haya aceptado reincorporar la primera parte del artículo. De todos modos, se mantiene la exclusión de la referencia a “alentar su mercantilización”.

2. El proyecto de Ley establece la posibilidad de que se apruebe a futuro un nuevo marco normativo (Estatuto) para la regulación del trabajo docente en la educación pública. Según se plantea en el artículo 193 de la propuesta, esa nueva normativa podrá otorgar potestades a los directores de los centros educativos a los efectos de lograr “la conformación de planteles estables, con permanencia de funcionarios y concentración de carga horaria en un mismo centro educativo”.

A tales efectos, estos directores podrían “disponer condiciones de orden funcional (como el compromiso con una metodología de trabajo o un proyecto de centro educativo) para el acceso o permanencia en un lugar de trabajo específico”.

De este modo, se habilita un mecanismo de tipo gerencial para la gestión de los planteles docentes en los centros educativos, configurándose una de las características centrales que diversos autores han definido como “privatización endógena

En el mismo sentido, se plantea que se podrán establecer “compensaciones o complementos salariales y otros beneficios, atendiendo a circunstancias como la ubicación geográfica del lugar de trabajo, el contexto socio cultural en el que funciona el establecimiento, o el cumplimiento de metas de política pública”. Colocar las remuneraciones docentes en función del logro de metas de política educativa ha sido un componente estelar de las reformas pro-mercado, con los consabidos resultados negativos en términos de equidad y de desarrollo de la profesionalidad docente que ya han sido ampliamente documentados en la investigación educativa

3. El proyecto de Ley, en su artículo 171, prevé un sistema de becas para estudiantes que cursen estudios de formación docente al que podrían acceder aquellos “que sigan programas universitarios de formación en educación”. Esta podría ser una muy buena noticia si no fuera el caso de que la formación docente pública en Uruguay es de carácter terciario no universitario. Las únicas instituciones que forman docentes en ámbitos universitarios son privadas y abarcan una cifra levemente superior al 1% de la matrícula total.

El conjunto del proyecto de Ley nos ubica ante una ofensiva conservadora y privatizadora en los más diversos ámbitos de la sociedad uruguaya. En Educación en particular, se trata de una apuesta al quiebre de la tradición pública y democratizadora que ha caracterizado al país. Ante esta situación es de esperar que se presenten tiempos complejos y desafiantes.

En ellos, la defensa de la educación pública deberá vincular la resistencia frente a la ofensiva en curso, con la generación de propuestas para construir una educación popular que permita avizorar mejores tiempos para las grandes mayorías nacionales.