El ‘PIN parental’ que la ultraderecha española está promoviendo contra los contenidos de igualdad y diversidad en las escuelas ha sido denunciado por parte de los sindicatos de la educación.
El llamado ‘pin parental’ está en el centro de un agitado debate en el entorno educativo español. Se trata de una propuesta del partido de ultraderecha Vox, quien sugiere a los padres ejercer un veto sobre contenidos progresistas en las actividades complementarias en las escuelas, impidiendo a sus hijos asistir (por ejemplo en el caso de charlas sobre diversidad afectivo-sexual). El partido de ultraderecha, que en las últimas elecciones de noviembre alcanzó 52 diputados de los 350 que componen el Parlamento español,impuso esta opción para otorgar su voto en la formación del gobierno de Murcia, poniendo así la educación en el centro de un debate sobre derechos y libertades.
Oposición sindical
Los sindicatos de la educación de España (entre ellos Fesp-UGT y FECCOO, afiliados a la Internacional de la Educación) se oponen a esta medida. Reunidos junto a otras organizaciones en la Plataforma Estatal por la Escuela Pública firmaron un manifiesto el noviembre pasado en contra del veto de contenidos sobre diversidad y libertades en las escuelas.
Acusan a la ultraderecha de pretender “incidir, condicionar y fiscalizar los proyectos educativos de los centros docentes, suprogramación general anual e incluso las competencias reguladas legalmente de losórganos colegiados o de su profesorado establecido en la Ley educativa”. Denuncian la intromisión en la autonomía de los centros educativos como censura y señalan que el discurso de odio promovido por algunos sectores de la ultraderecha va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art 1 y 2), laConvención sobre los derechos de la infancia, la Carta de los Derechos Fundamentalesde la Unión Europea (Art 21), la Constitución Española y varias leyes españolas.
Los sindicatos han pedido la intervención del Ministerio de Educación, quien anunció la semana pasada que recurrirá el ‘pin parental’ en la región de Murcia. "La pretensión de que las familias conozcan de forma anticipada y autoricen a sus hijos es una objeción de conciencia encubierta que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española", ha señalado la ministra Celaá en declaraciones al periódico El País.