Los docentes de educación primaria y secundaria del sector público han emprendido una huelga de tres días para obtener mejores condiciones de vida y de trabajo por parte del gobierno de Togo.
Las federaciones de sindicatos de docentes que forman parte del Marco de Consulta Permanente ( Cadre Permanent de Concertation-CPC) y la Coordinación de Sindicatos de Docentes de Togo ( Coordination Syndicale des Enseignants du Togo-CSET) convocaron una huelga del 13 al 15 de noviembre. Las dos afiliadas a la Internacional de la Educación (IE) en Togo: la Fédération Nationale des Syndicats de l’Education du Togo(FENASYET) y la Fédération des Syndicats de l'Education Nationale(FESEN) son miembros de las confederaciones sindicales que han convocado la huelga.
Los docentes han lamentado el hecho de que las autoridades públicas no hayan cumplido las promesas que habían realizado y aplicado las medidas necesarias para el año escolar.
El ministro de la Función Pública, del Trabajo y de las Reformas Administrativas, Gilbert Bawara, no ha sugerido una solución a las reivindicaciones de los docentes, alegando que detrás de ciertas reivindicaciones que respaldan la huelga él percibía una especie de "confusión y de amalgama entre activismo y medidas sindicales y políticas".
Por consiguiente, el personal docente ha decidido intensificar sus esfuerzos para obtener resultados satisfactorios.
El objetivo de la huelga de tres días consistía en obtener "una copia del estatuto especial entregada al jefe del Gobierno; entablar negociaciones para establecer el porcentaje correspondiente a las primas y subvenciones e incorporar la subvención fija de 20 000 francos CFA (30 Euros) a los sueldos básicos de los docentes que son remunerados con arreglo a la subvención estatal para educación religiosa.
Otras reivindicaciones del personal docente comprendieron la revisión del trato de los 1 045 docentes confesionales que son remunerados con fondos del presupuesto adicional de la subvención, la redacción y la firma de un acuerdo de colaboración entre el Gobierno y el sector educativo confesional tan pronto como resulte posible, y el organización de un examen de ingreso especial para los docentes voluntarios del sector público para que se conviertan en docentes empleados por el Estado.