En muchos sentidos, la nueva resolución de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación constituye un avance positivo, pero desafortunadamente opta por el desarrollo de regulaciones relativas a los proveedores privados en lugar de instar a los gobiernos a que asuman sus responsabilidades.
Al solicitar un marco regulador para los proveedores de la educación, la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha abierto la puerta a la legitimación de actores con fines de lucro en el ámbito de la educación.
La Internacional de la Educación (IE) ha señalado que en lugar de fortalecer su compromiso de garantizar que los gobiernos "proporcionen fondos y recursos adecuados a la educación pública", en realidad, la ONU ha conseguido que a los gogiernos les resulte más fácil eximirse de su obligación.
Susan Hopgood, Presidenta de la IE, dejó claro que "la existencia de la enseñanza privada no es un derecho, y en la mayoría de los casos es ideológico".
Hopgood, quien tiene previsto representar a la IE en un evento de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre educación, que tendrá lugar el 28 de junio en Nueva York, prosiguió aclarando que "cuando existen actores no estatales y forman parte de un sistema de reglamentación de actores no estatales y están registrados para ejercer sus actividades, estos deben cumplir un conjunto de normas mínimas».
La Internacional de la Educación sigue abogando por un sistema de reglamentación de los actores no estatales, y no para beneficio de los actores no estatales.