Ei-iE

Preámbulo

La Internacional de la Educación (IE) es el portavoz del sector educativo en el mundo, que representa a docentes y trabajadores y trabajadoras de la educación en todos los niveles - desde la educación infantil hasta la enseñanza superior. Al ser la Federación Sindical Internacional (FSI) más grande del mundo y la única que representa al personal de la educación en prácticamente todos los rincones del mundo, la IE agrupa a todos los docentes1 y otros trabajadores y trabajadoras de la educación y constituye la expresión de su opinión colectiva sobre política educativa, la profesión, términos y condiciones de empleo y otras cuestiones relacionadas.

La IE se rige por los principios de democracia, derechos humanos y justicia social. Es independiente de los gobiernos y de las organizaciones internacionales intergubernamentales. Se trata de una organización autónoma, libre de cualquier influencia o control por parte de cualquier partido político, grupo ideológico o religioso. La IE promueve y protege los derechos de todos los docentes y los empleados de la educación y defiende una educación de calidad para todos y todas.

La IE es firme defensora de los derechos sindicales y colabora con el desarrollo de organizaciones independientes y democráticas representativas de los docentes, el personal académico, investigadores en educación superior y demás trabajadores de la educación. La IE fomenta la solidaridad y la cooperación mutua. La IE combate la discriminación negativa en los ámbitos educativos y en la sociedad en su conjunto, fomentando las buenas relaciones entre el personal educativo en todos los países.

La IE ha decidido, después de dieciocho años de formulación de políticas a través de sus Congresos y Conferencias en los planos internacional y regional, desarrollar una política integral en materia de educación. En ella se resume la esencia misma de lo que ha hecho de la IE lo que es hoy y refleja los objetivos sobre los que ha de asentarse un servicio educativo consecuentecon las tradiciones de la IE.

Esta política pone en tela de juicio explícitamente la visión estrecha que considera la educación exclusivamente como un instrumento para enseñar a los y las estudiantes2 a convertirse en trabajadores cualificados. Aboga por una perspectiva de la educación que atienda tanto a los valores de la sociedad a nivel local y mundial, como a las necesidades culturales, democráticas, sociales, económicas y medioambientales. Reconoce que la educación es un derecho humano y un bien en sí mismo, que posibilita a las personas en todas las etapas de sus vidas alcanzar su máximo potencial, conocerse mejor a sí mismas y entender su papel y sus relaciones en general. La educación es también un medio clave para la transmisión, el análisis y la aplicación del conocimiento y la experiencia, y desempeña un papel central en la adquisición de nuevos conocimientos a través de la investigación y la innovación. Su papel es mucho más amplio que la función mecánica e instrumental que le asignan muchos defensores de las fuerzas del mercado y los modelos de "proveedor-cliente".

Esta declaración política se basa en conceptos que son centrales a la filosofía de la IE y que representan los valores y las demandas fundamentales del movimiento sindical educativo. Estos incluyen la educación de calidad como un derecho humano, la educación proporcionada por las autoridades públicas3 y gratuita para todos, la educación inclusiva y la igualdad en la educación y en la sociedad, y un alto estatus profesional para los docentes. La política también se refiere a los desafíos que sirven como una llamada a la acción para que sean abordados con iniciativas y estrategias concretas.

I: Promoción de la educación como un derecho humano y un bien público

1. Una educación de calidad desarrolla el talento y la creatividad de los seres humanos, contribuyendo así al desarrollo personal y profesional del individuo, así como al desarrollo social, cultural, económico, político y medioambiental de la sociedad en su conjunto. Promueve la paz, la democracia, la creatividad, la solidaridad, la inclusión, el compromiso con un medio ambiente sostenible, y el entendimiento internacional e intercultural. Proporciona a las personas el conocimiento, las habilidades y destrezas fundamentales para conceptualizar, cuestionar y resolver los problemas que se producen tanto a escala local como mundial.

2. Los Gobiernos elegidos democráticamente, ya sea a nivel local, regional o nacional, deben ser los garantes y los principales prestadores de los sistemas educativos. Esas autoridades públicas tienen la responsabilidad fundamental de garantizar que una educación libre y de acceso universal disponga de los recursos adecuados y sea constantemente actualizada y desarrollada. Recaudando fondos por medio de una fiscalidad progresiva, pueden y deben invertir en la educación una parte sustancial del presupuesto del Estado, que represente como mínimo 6% de su Producto Interior Bruto. Dicha inversión deberá garantizar el desarrollo equilibrado de todos los sectores educativos, desde la educación infantil a la educación superior y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Las autoridades públicas, en cooperación con los docentes, deben supervisar y regular el sector de la educación con el objetivo de mejorar constantemente su calidad, y establecer y aplicar un marco legislativo que garantice un servicio de alta calidad, normas profesionales, acceso para todos y un sistema representativo de gobernanza. Resumiendo, las autoridades públicas son responsables de la financiación, provisión y regulación de todas las instituciones educativas.

3. Los valores sociales de la educación requieren que las autoridades públicas protejan el sector educativo del programa neoliberal de privatización y comercialización. Este nefasto programa incluye la mercantilización y el comercio en la educación y la propiedad intelectual, la precarización del empleo en el sector de la educación, la aplicación de modelos de gestión del sector privado en las instituciones educativas, la privatización de las prestaciones, y la intrusión de motivos de lucro o intereses empresariales en la gobernanza de las instituciones educativas.

4. La emergencia de un “mercado” mundial en la educación, que se iniciara en la educación superior pero ahora está invadiendo prácticamente todos los sectores educativos, plantea una serie de riesgos potenciales a la misión docente y de investigación de las instituciones educativas. La privatización de la educación ha sido facilitada por acuerdos de comercio e inversiones como el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) así como por un creciente número de tratados bilaterales y regionales. Estos acuerdos han tenido como efecto fijar e intensificar las presiones hacia la comercialización y privatización. La IE considera que los servicios proporcionados en interés público, como la educación, no han de quedar sujetos a las reglas comerciales de los tratados de comercio. La educación transnacional ha de estar regulada por principios educativos, y no por imperativos comerciales. Las autoridades públicas deben garantizar una financiación constante de capital y normas acordadas y adecuadas para la enseñanza y la investigación.

5. Se necesita un fuerte lazo de solidaridad internacional para brindar apoyo en situaciones donde el Estado no tiene la capacidad de proporcionar una educación de calidad para todos. Esto resulta esencial para alcanzar los Objetivos de Educación para Todos de Dakar y los ODM relacionados con la educación. Estados o territorios con sistemas políticos débiles, Estados fallidos, Estados afectados por conflictos violentos o desastres naturales, territorios en disputa o regiones con un Gobierno no democrático, requieren ayuda y asistencia internacional para establecer sistemas de educación integral vitales para su desarrollo social y económico. Dicha ayuda deberá desplegarse en estrecha cooperación con las organizaciones y estructuras locales adecuadas, incluyendo los sindicatos y organizaciones representativas de los trabajadores y trabajadoras de la educación.

6. La responsabilidad de las autoridades públicas respecto a la educación también incluye la ratificación, implementación y supervisión periódica de los convenios y reglamentos internacionales en materia educativa. Estos incluyen los siguientes: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966; la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979; la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, 1989; la Recomendación de la OIT-UNESCO relativa a la situación del personal docente, 1966; y la Recomendación de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior, 1997.

7. Esa responsabilidad se extiende también al respeto de los derechos del personal de la educación, conforme a lo previsto en el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; el Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949; el Convenio 111 de la OIT sobre discriminación (empleo y ocupación), 1958; la Declaración de la OIT sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo, 1998; y la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, 2008.8. En línea con estas obligaciones internacionales, las autoridades públicas deben apoyar la autonomía de las instituciones de educación superior en relación con las políticas académicas, los programas, los nombramientos de personal y su gestión interna. La autonomía institucional, en estas esferas, es una condición previa indispensable para la existencia de la libertad académica que garantiza que puedan prosperar la investigación, la enseñanza y la erudición independientes, pero no debe confundirse con la libertad académica. Las instituciones están absolutamente obligadas a asegurarse de que su autonomía facilite la protección de la libertad académica frente a un entorno exterior hostil, y no deben abusar de su autonomía para socavar o suprimir la libertad académica a nivel interno. Por otro lado, debe reconocerse que las instituciones operan en la esfera pública por lo que les incumbe la obligación general de rendición de cuentas y de obrar en aras del bien público. Un elemento clave de la libertad académica es el derecho del personal académico y de investigación a estar directamente representados en todos los órganos de toma de decisiones dentro de las universidades e institutos que deberán basarse en el principio de colegialidad. Este principio incluye garantías de derechos del personal individual, como la libertad de determinar el estilo de enseñanza, las prioridades de investigación y el derecho a la propiedad intelectual.

II: Mejorar la calidad de la educación

9. La ciudadanía de todas las naciones tiene derecho a una educación de calidad. Proporcionar una educación de calidad que responda a las aptitudes y necesidades de los estudiantes representará un reto mayor para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, desde la educación de la primera infancia hasta el nivel secundario y superior. La IE define la educación de calidad en términos de contexto y cultura. La calidad no es unidimensional ni simple. La educación de calidad se define por sus aportaciones (incluyendo la formación de los estudiantes, los títulos de los docentes, las condiciones de trabajo, la cantidad de estudiantes por clase y la inversión en educación); el proceso educativo (incluyendo la enseñanza, la crianza de los hijos, y los procesos de aprendizaje relacionados); y los resultados proyectados (incluyendo las necesidades individuales, sociales, culturales, económicas y medioambientales). Un enfoque contextual de la educación nunca es determinista, dado que está supeditado a la creatividad y el desarrollo constante.

10. No puede subestimarse la importancia que reviste el contar con una docencia de calidad para garantizar una educación de calidad. A tal efecto, los docentes de todos los niveles educativos deben estar capacitados y cualificados adecuadamente. Los docentes deberían continuar su desarrollo profesional a partir del momento en que son contratados, pasando por un período de introducción a la profesión con apoyo de un mentor, y tener acceso a lo largo de su carrera a una actualización profesional y un aprendizaje continuos de alta calidad. Estas oportunidades deberían ser proporcionadas por las autoridades públicas o por otros empleadores, sin que representen costo alguno para los docentes.

11. El entorno en el cual ocurre el proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar diseñado de tal manera que apoye a los docentes y a los trabajadores y trabajadoras de la educación en su misión. Las autoridades públicas deberán proporcionar la infraestructura y los recursos adecuados para atender a las necesidades de este entorno.

12. La educación de calidad debe cimentarse en una investigación educativaconfiable. Los resultados de dichas investigaciones deberán difundirse e integrarse en las teorías y la práctica de la enseñanza. La investigación también debe basarse en la experiencia profesional de los docentes e involucrar a éstos en el proceso. Esto culminará en un vínculo inseparable entre educación e investigación, que contribuirá a generando nuevos conocimientos y mejorar las destrezas pedagógicas.

13. La IE considera que los educadores han de mantener un alto nivel de profesionalismo y deben responder ante la sociedad. Las normas profesionales deben establecerse con la participación de la profesión docente de los respectivos países. Los docentes deben tener plena confianza en que tanto los estándares profesionales como su desarrollo profesional resulten relevantes para su actividad docente.

14. Las autoridades públicas deben garantizar que las instituciones educativas tengan un plan de estudios con marcos de trabajo amplios y equilibrados, donde se establezcan los derechos y responsabilidades comunes para todos los y las estudiantes. El marco de trabajo debe ser lo suficientemente flexible para permitir que las escuelas se adapten a las necesidades de todo el alumnado. Las propias instituciones educativas deben responsabilizarse de adaptar el marco curricular a las necesidades del contexto de la sociedad relevante.

15. El objetivo de la evaluación ha de quedar claro para todos aquellos involucrados en la educación. Las evaluaciones de los sistemas educativos, de las comunidades escolares y de educación superior, de los docentes y de los estudiantes tienen distintos objetivos y deberían estar separadas. Cuando una forma de evaluación diseñada para un objetivo particular se emplea para un objetivo distinto las consecuencias pueden ser imprevisibles y perniciosas. Otra forma perjudicial de evaluación son los exámenes estandarizados obligatorios. Los sistemas de exámenes estandarizados y los modelos de inspección escolar punitiva, por ejemplo, conducen a que los establecimientos educativos se centren esencialmente en la materia que se considerará en el examen y en las inspecciones, limitando su capacidad de innovar, reduciendo los programas educativos y minando la confianza de los docentes en sí mismos. Se corre además el riesgo de una mayor desmotivación y un creciente desinterés por parte de los estudiantes, que tendrían menos probabilidades de progresar y obtener buenos resultados. Todas las formas de evaluación que involucren a estudiantes, docentes, centros escolares e instituciones de educación superior, y los sistemas educativos, deben quedar claras y ser acordadas con los docentes y los sindicatos de la educación. De hecho, el principio clave aplicable a toda forma de evaluación, incluso en la evaluación de docentes, es la auto-evaluación. La revisión y la evaluación de los docentes debe basarse en la confianza y contar con la activa implicación de aquellos que sean evaluados. Sus resultados deberán desembocar en la identificación y aportación de las necesidades de desarrollo profesional de los docentes. Este enfoque hará que resulte mucho más probable que los docentes se muestren entusiastas y comprometidos con este tipo de proceso, incluso respecto a cualquier norma profesional utilizada en la evaluación y a los resultados en cuanto al desarrollo profesional.

16. Toda forma de evaluación ha de ser formativa, más que punitiva. A este respecto, la IE rechaza los enfoques instrumentales en relación con la evaluación de la educación. La IE considera que un abuso generalizado del concepto de calidad para justificar formas estandarizadas de evaluación resulta perjudicial para el sistema educativo en su conjunto, ya que intenta reducir el proceso de la enseñanza y el aprendizaje a indicadores cuantificables. A lo que la IE se opone firmemente es a la estandarización, el enfoque unidimensional de las pruebas y la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, si es mucho lo que se pone en juego en cualquier sistema de evaluación, entonces la educación se enfocará directamente a cubrir los requisitos externos estandarizados, fenómeno al que suele denominarse ‘enseñar para las pruebas’. Esto frena la innovación y la creatividad, limita los planes y programas de estudio y socava la autonomía profesional. En otras palabras, la evaluación punitiva eliminatoria socava la eficacia y la confianza de las instituciones educativas.

17. Las herramientas unidimensionales centradas exclusivamente en los resultados, como las pruebas estandarizadas y las tablas de clasificación o ranking, están siendo utilizadas cada vez más como instrumentos para el establecimiento de políticas. Las autoridades públicas deberían precaverse contra el posible uso indebido del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés) en la administración y planificación de los sistemas educativos. Deberían además evitar la utilización del estudio piloto sobre la Evaluación de Resultados del Aprendizaje en la Educación Superior (AHELO) para el establecimiento de comparaciones potencialmente engañosas entre distintos sistemas nacionales de educación superior.

18. La Internacional de la Educación reconoce el papel fundamental que desempeña el liderazgo profesional para contribuir a una educación de calidad. Contar con un líder profesional es importante para mejorar la autonomía y el desarrollo profesional de los docentes. El liderazgo pedagógico requiere una alta cualificación, incluyendo titulación en magisterio. Quienes ocupan posiciones de liderazgo en escuelas y en otras instituciones educativas deberán recibir el apoyo y la formación específica que requiere su exigente función. Los responsables de liderar a otros docentes deben estar implicados regularmente en aquellas actividades que promuevan la docencia efectiva y el aprendizaje en las aulas. También deben contar con la asistencia y los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones con eficacia. El liderazgo ha de apoyarse en los principios de colegialidad, trabajo en equipo, procesos democráticos de toma de decisiones y reconocer la importancia del diálogo y la cooperación.

19. La educación superior y la investigación juegan un papel clave en el sostenimiento del sector educativo en su conjunto, especialmente a través de la formación docente y la investigación educativa. En los últimos años, el sector de la educación superior y la investigación ha sido objeto de una serie de ataques que han socavado los principios de libertad académica y colegialidad, minando el valor intrínseco de la adquisición, transmisión y análisis de conocimientos. Las tendencias mundiales hacia la comercialización y la competencia en el sector de la educación superior amenazan con comprometer la calidad y la equidad. Es necesario revertir estas tendencias. El sector de la educación superior y la investigación cuenta con el potencial de aportar soluciones a los retos científicos, medioambientales, económicos, sociales y éticos más urgentes a los que debemos enfrentarnos hoy en día. La educación superior y la investigación contribuyen al desarrollo y bienestar de los individuos, tanto a través del desarrollo personal de los estudiantes como a través del desarrollo de la sociedad en su conjunto.

III: Promoción de la igualdad por medio de una educación inclusiva

20. Las autoridades públicas tienen la responsabilidad de asegurarse de que todos los ciudadanos tengan acceso a una educación de alta calidad y adecuados a sus necesidades. Apoyándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en una serie de instrumentos internacionales y multilaterales, la Internacional de la Educación sostiene que deben eliminarse todas las barreras a la educación, con el fin de hacerla accesible a todas las personas, independientemente de su género, sus orígenes o características personales. La IE promueve por tanto el concepto de igualdad de acceso y de oportunidades a todos los niveles de la educación. Nadie debe encontrarse en una situación de desventaja debido a las diferencias percibidas, incluidas las basadas en el género, la raza, el origen étnico, la orientación sexual, la religión, el estrato cultural o económico, o las características personales. Las personas con discapacidades deberán recibir asistencia para desarrollar al máximo su potencial.

21. Una educación inclusiva implica que todos los estudiantes deben ser educados juntos, cumpliendo los mismos estándares de calidad, en la medida de lo posible en las mismas instituciones educativas, independientemente de su género, fe religiosa, origen étnico, entorno cultural o económico y capacidades físicas o intelectuales. No obstante, la IE reconoce que para garantizar las mejores oportunidades que permitan a ciertos estudiantes desarrollar al máximo su nivel, puede ser necesario disponer de instalaciones y de servicios separados. Resulta particularmente importante que se establezca un fuerte vínculo entre las facilidades especializadas y las generales, con objeto de permitir que se compartan conocimientos y técnicas pedagógicas y de promover la colaboración institucional. La experiencia educativa de los estudiantes debe inculcar en ellos los conceptos de igualdad, tolerancia y respeto por la diversidad.

22. La educación inclusiva es tan crucial para los países en vías de desarrollo como para los países desarrollados. Los complejos procesos de exclusión exacerban las desigualdades en la educación en todo el mundo. Estas desigualdades se reproducen en otros ámbitos de la sociedad. En un entorno de educación inclusiva, los estudiantes se ven directamente confrontados a los retos de la diversidad y se aprende a ser una ciudadanía más solidaria y responsable desde una temprana edad. La verdadera educación inclusiva es un desafío y exige una posición proactiva por parte de las autoridades públicas, los docentes y demás trabajadores y trabajadoras de la educación, estudiantes, familias y la sociedad civil, para incluir en un mismo centro educativo a estudiantes de diferentes orígenes y con capacidades físicas y de aprendizaje diferentes.

23. Las dificultades para la implementación del programa de Educación para Todos ilustran los problemas que encuentra el mundo en desarrollo para cumplir la agenda de la educación inclusiva. Demasiados niños y niñas, adolescentes y personas adultas carecen deacceso a la educación y competencias más básicas. El nivel inadecuado de inversión en educación y de ayuda internacional al desarrollo ha impedido el logro de los objetivos de la EPT. La escasez de docentes y otros empleados de la educación cualificados para los grupos marginados, los problemas de desigualdad de género, el recurso continuo al trabajo infantil y una desatención a todos los niveles de la enseñanza han exacerbado el problema. La IE considera que un sistema de gobernanza y de financiación más incluyente y fundamentalmente diferente para el programa de la EPT resultaría más eficaz con objeto de satisfacer las necesidades de las personas que no disponen de acceso a la educación.

24. La Internacional de la Educación considera que las cuestiones relativas al género constituyen un aspecto central de la educación inclusiva, dado que afecta a la comunidad educativa. Desde la etapa más temprana posible, deben impugnarse y eliminarse de la educación todas las formas de estereotipos de género. Las autoridades públicas deberían promover la plena participación tanto de niñas y mujeres como de niños y hombres en la educación a todos los niveles. También deben ser sensibles a las cuestiones de género en relación con el rendimiento, el empleo, la contratación y la gestión en los ámbitos educativos. Las instituciones educativas y los sindicatos deben promover estrategias globales de integración de una perspectiva de género.

25. La educación y capacitación previa y durante el ejercicio de la docencia es también fundamental para dotar a los docentes  con la capacitación y los conocimientos necesarios para ofrecer los servicios apropiados a estudiantes de diferentes orígenes, con diferentes capacidades y orientaciones. Esta educación y formación docente y el desarrollo profesional deben estar plenamente financiados por las autoridades públicas y dirigidos a ayudar a los docentes a aceptar la diversidad y utilizarla para mejorar la experiencia del aprendizaje, incluyendo el empleo de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones en las aulas. Unos programas de formación inicial y acceso bien diseñados resultan fundamentales para retener a los nuevos docentes que ingresan en la profesión y asegurar un desempeño eficiente.

26. También es necesario un número adecuado de personal de apoyo capacitado dentro de los ámbitos de aprendizaje, a fin de atender con eficacia a los estudiantes con necesidades especiales. Se requiere la colaboración y un trabajo en equipo entre el personal docente y los trabajadores y trabajadoras de apoyo con el fin de garantizar que los docentes, el personal de apoyo y los estudiantes tengan a su disposición el mejor asesoramiento y orientación a la hora de tratar con situaciones conflictivas en términos de inclusión.

27. Con el fin de promover el concepto de educación inclusiva, tanto en términos de los estudiantes como de los docentes, la dirección de las instituciones educativas debe ser más incluyente y dar un papel activo a los docentes, en cooperación con familias y alumnado.

28. Todo aquel que reúna los requisitos relevantes deberá tener acceso a la enseñanza superior, no debiendo estar limitado por los medios económicos o el origen social de los estudiantes potenciales. Idealmente, esto implica que la enseñanza superior debería ser totalmente gratuita.

IV: Promover la docencia como profesión

29. La docencia es una profesión que se sitúa en el corazón tanto del aprendizaje de los niños y jóvenes como de su desarrollo social, cultural y económico. Resulta crucial para transmitir e implantar valores sociales como la democracia, la igualdad, la tolerancia, la comprensión cultural y el respeto de las libertades fundamentales de toda persona. La profesión debe contar con un conjunto de normas, una ética, y condiciones y derechos profesionales. Deben ser similares a las normas éticas y profesionales que rigen a otros grupos profesionales que requieren una calificación similar. Los estándares profesionales en la enseñanza deben aplicarse a los docentes a todos los niveles, tanto en el sector público como en el privado. Las bases de estas normas profesionales deben inculcarse en los programas de magisterio.

30. Es necesario mejorar con toda urgencia el atractivo de la profesión docente. La actual generación de docentes está envejeciendo y un número alarmante abandona la profesión durante sus primeros años de carrera. Es responsabilidad de las autoridades públicas y los directores de las instituciones educativas asegurarse de que las profesiones de maestro y maestra, profesorado e investigación sigan siendo atractivas tanto para los actuales educadores como para el personal potencial, garantizando que se les apliquen condiciones de trabajo, prestaciones de seguridad social, planes de pensiones y salarios que resulten atractivos y comparables a los de otras profesiones que requieren un nivel similar de formación. Debe reconocerse y respetarse el compromiso profesional del profesorado con la educación y el bienestar de sus alumnos. Gobiernos y empleadores deberían conceder la mayor prioridad al incremento de la autonomía profesional y la confianza de los docentes en sus juicios profesionales y pedagógicos garantizando su derecho a la libertad académica y de investigación, lo que resulta esencial para mejorar la calidad de la enseñanza y del  aprendizaje. En este contexto, la seguridad en el empleo reviste enorme importancia y debe rechazarse la precarización de la profesión docente y de investigación, que resulta fundamentalmente perjudicial para la profesión.

31. La situación del personal docente, académico y educativo más joven merece una atención especial. Los jóvenes suelen ser los primeros que se enfrentan a empleos con contratos precarios, a corto plazo, que no les ofrecen una trayectoria profesional clara para el futuro. Las estructuras de carrera a todos los niveles de la educación y la investigación deben ofrecer un claro potencial de progresión en función de las normas profesionales, las cualificaciones y la aceptación de nuevas responsabilidades profesionales. No debe haber ninguna posibilidad de discriminación por ningún motivo en los procesos de promoción.

32. Los docentes reciben cada vez más apoyo por parte de personal profesional, administrativo, técnico y general. Esto constituye un elemento crucial para garantizar una educación de calidad, así como para la inclusión. La IE afirma que el personal de apoyo debe gozar del mismo estatus, derechos y condiciones que el resto de los empleados de la educación con cualificación académica y técnica y experiencia comparables.

33. El acceso a la profesión docente y a otros roles relacionados con la misma ha de ser inclusivo, sin discriminación en base al género, la raza, la edad, la orientación sexual, discapacidades, creencias políticas o religiosas, y condición económica o social. Las autoridades públicas deben apoyar y supervisar las prácticas de empleo para asegurarse de que no haya lugar a discriminaciones.

34. La formación inicial del profesorado debe ofrecerse en instituciones de educación superior hasta alcanzar un nivel de cualificación alto, incluyendo oportunidades para estudios de post-grado, y debe estar totalmente financiada. Pero la obtención de un título al completar un programa de formación en magisterio no implica el fin del desarrollo profesional de un docente. Al momento de la contratación, los docentes recién titulados deberían siempre contar con programas estructurados de iniciación profesional. Todos los docentes deben tener derecho a un desarrollo profesional continuo plenamente financiado. Para que el desarrollo profesional sea efectivo, los docentes deben participar en la identificación de sus necesidades de desarrollo profesional y controlar el desarrollo profesional ofrecido. Todos los Gobiernos deberían intentar acordar, junto con los sindicatos de docentes, las estrategias adecuadas para el desarrollo de la profesión docente. La IE reconoce que muchos sindicatos de docentes ofrecen buenas formas de desarrollo profesional a sus miembros y a los docentes en general, e insta a los Gobiernos y empleadores a mejorar y financiar enteramente las oportunidades aportadas por los sindicatos. Con ese apoyo los docentes podrán mantener altos estándares en su profesión.

35. Unos códigos éticos y unos valores profesionales sirven para asistir y sustentar los criterios profesionales de las personas docentes, y éstas deben ser responsables colectivamente de la elaboración de dichos códigos y de llevarlos a la práctica. Los códigos contribuyen a respaldar el compromiso de los docentes con su profesión, con los estudiantes, sus colegas, las familias y sus comunidades escolares. Resultan esenciales para mantener un alto nivel profesional en cualquier institución educativa, y contribuyen a una mayor satisfacción profesional y a infundir un sentido de autoestima entre los docentes. Es importante que ahí donde se establezcan Consejos profesionales para los docentes, cuenten con el apoyo de la profesión docente y de los sindicatos.

36. Dado que las instituciones educativas aspiran a servir un creciente número de objetivos complejos, los valores de la deliberación y la asociación deben sostenerse y salvaguardarse a pesar de las tendencias que apuntan a mejorar la eficacia y la eficiencia por encima de todo. Un entorno educativo inclusivo, en sí mismo, requiere que los diferentes participantes trabajen juntos, sobre todo los docentes, otros empleados de la educación, estudiantes y familias, en un espíritu de comprensión compartida del proceso educativo y de aceptación y apertura en relación con los puntos de vista de los otros. De ahí que debe fortalecerse el liderazgo colegiado y democrático en las instituciones educativas.

V: Reforzar los sindicatos de la educación como asociados esenciales en la sociedad civil

37. Resulta evidente la fuerza de una colaboración estratégica y estructurada entre los propios profesionales docentes. Unos sindicatos organizados, independientes, democráticos y representativos contribuyen eficazmente al desarrollo de la política educativa a nivel nacional, regional e internacional. Son además la clave para garantizar que se respeten las normas y la ética profesionales. La libertad de asociarse y formar sindicatos independientes, democráticos y representativos debe aplicarse a los docentes y otros empleados de la educación en todos los territorios, a todos los niveles y en todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Estos derechos sindicales, entre los que figura el derecho de huelga, han de ser respetados por las autoridades públicas.

38. Los sindicatos de la educación desempeñan un importante papel en el proceso de diálogo social entre las autoridades empleadoras, las autoridades públicas y las personas empleadas, proceso encaminado a discutir de manera constructiva todos los asuntos relacionados con el trabajo que se plantean en un entorno educativo. El diálogo social debe basarse en el respeto de todos los actores, y su objetivo debe ser mejorar la calidad y el estatus de la educación, así como las normas y condiciones profesionales. Los sindicatos deben ser socios igualitarios en este proceso de diálogo social. También negocian colectivamente en nombre de los docentes y otro personal educativo. Los sindicatos de la educación deben poder emprender acciones sindicales tradicionales si sus miembros fueran tratados de manera injusta o si sus inquietudes no estuviesen seriamente consideradas. Los salarios, las condiciones de trabajo y las estructuras de carrera de los empleados de la educación deben negociarse con los sindicatos a través de un proceso de negociación colectiva.

39. En el transcurso de la última década, la IE ha establecido una importante asociación con organizaciones de la sociedad civil en el marco de la Campaña Mundial por la Educación. Ha quedado claro que unos vínculos fuertes entre los sindicatos y la sociedad civil favorecen una educación de calidad. Por otro lado, la cooperación con la sociedad civil refuerza los valores sociales de la educación, contribuyendo a preservar la paz, la democracia, el medioambiente y el entendimiento intercultural.

VI: Promoción de la solidaridad en la educación a nivel internacional

40. Los intercambios y los contactos internacionales contribuyen de manera importante al desarrollo de la educación en el mundo actual. Cualquiera sea el nivel en que se producen estos contactos e intercambios, deben ser fomentados y facilitados. No se puede subestimar la medida en que mejoran la comprensión y la cooperación internacional y el respeto mutuo. En este contexto, deben alentarse y favorecerse los intercambios entre escuelas e instituciones educativas de estudiantes, docentes, personal académico e investigadores de la educación superior, así como los intercambios entre las autoridades de gobierno y otros organismos institucionales.

41. La IE representa un movimiento sindical internacional que valora la asociación y la solidaridad y sus principios no se han visto afectados por la adversidad o la crisis. La experiencia demuestra que los vínculos globales se fortalecen con el tiempo a medida que inquietudes similares de los trabajadores y trabajadoras de la educación en todo el mundo inspiran la adopción de estrategias conjuntas para hacer frente a retos similares. La fuerza del movimiento sindical internacional de la educación se ve reforzada también por las expresiones de solidaridad a través de asistencia financiera o medidas de apoyo mutuo en tiempos de crisis.

42. La IE hace hincapié en que debe prestarse especial atención a las necesidades de la región de África. Ese apoyo es esencial para el desarrollo a largo plazo del continente. Requiere, entre otras cosas, una asistencia significativamente mayor del resto del mundo para apoyar el desarrollo de servicios la educación en la región. Sigue siendo necesario crear capacidades en todos los sectores de la educación y fortalecer los vínculos entre las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los sindicatos de la educación y las autoridades públicas en África, y ayudar a establecer las condiciones laborales y los derechos profesionales de los docentes y otros empleados de la educación, que permitan el florecimiento de la educación y la investigación.

43. La educación es un elemento clave para unir a las naciones, acercar a los seres humanos y guiarlos hacia una mayor humanidad. En muchas partes del mundo, la sociedad civil se ve afectada por conflictos violentos, represión y guerras. Es importante reconocer el papel crucial de la educación para contribuir a la construcción de una cultura de paz y condenar aquellos casos en que se socava la educación con el fin de atacar a la democracia y la tolerancia. La IE hace hincapié en la importancia de reconstruir los sistemas educativos tras los conflictos.

44. La IE discrepa de las opiniones de organizaciones intergubernamentales económicas y financieras, que consideran la educación exclusivamente como una empresa comercial que debe ser objeto de mercado para el beneficio económico privado. La IE ha venido trabajando diligentemente con organizaciones internacionales que operan en el ámbito de la educación. Figuran entre otras la UNESCO, la Organización Internacional del Trabajo, la Agrupación Global Unions y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La IE apoya la misión educativa de dichas organizaciones, que consideran el desarrollo de la educación como un pilar fundamental de la sociedad.

VII: Empleo de la tecnología para promover una educación de calidad

45. Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) ofrecen interesantes posibilidades para mejorar la calidad de la educación. Software de educación interactiva, bibliotecas digitales de acceso abierto y nuevas formas de interacción entre estudiantes, docentes, empleados de la educación y la comunidad son sólo algunas maneras en que la educación puede enriquecerse con la integración de esas tecnologías en las actividades del aula tradicional. Estas herramientas representan un recurso rico y poderoso para los docentes, ayudándoles en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Docentes, personal académico, investigadores de la enseñanza superior y otros trabajadores y trabajadoras de la educación tienen un papel cada vez más importante en la integración de la tecnología en la educación, actuando como formadores o autoridades en el entorno tecnológico rico en información en el que muchos estudiantes viven en la actualidad.

46. La mejor forma de utilizar estas tecnologías es como complemento, y no en sustitución de la enseñanza en las aulas. El uso de las TIC en la educación requiere por tanto mayor reflexión y mejora de los programas de desarrollo y formación de docentes, los planes de estudio, la carga de trabajo de los docentes y la infraestructura de las instituciones educativas. Exige además  que se resuelva la cuestión de la equidad en el acceso a dichas tecnologías en todo el mundo. A menos que se aprovechen eficazmente y estén disponibles de manera general, contribuirán a profundizar la brecha existente entre las sociedades más ricas y las más pobres en el mundo entero. Por otro lado, la tecnología debe ser aprovechada como una herramienta para mejorar el desarrollo personal y profesional, a través de una evolución de las relaciones entre los estudiantes entre sí y entre estudiantes y docentes y otros empleados de la educación.

47. Las nuevas redes sociales ofrecen una manera de comunicarse entre distintas culturas. Los docentes son conscientes de que estos medios constituyen una importante herramienta para construir un mundo basado en la igualdad, la democracia y la solidaridad. En las aulas, estos medios pueden ayudar a la humanidad a progresar, conectando estudiantes y docentes de distintas localizaciones geográficas. Estas herramientas deberían ser utilizadas para enseñar a los estudiantes a valorar distintas culturas, estimulando el aprendizaje de idiomas y el intercambio intercultural.

48. Las redes sociales han sido utilizadas para llevar la democracia a países donde anteriormente gobernaban dictaduras y reinaba la corrupción. Los sindicatos de la educación consideran que representan medios muy poderosos para conectarse con sus miembros. Estos medios sociales pueden reforzar la democracia dentro de los sindicatos, aportando nuevas formas de debate y consulta. También pueden ser importantes herramientas para intensificar la participación, puesto que los miembros pueden intervenir de manera más directa en el desarrollo de estrategias, actividades y servicios sindicales. Facilitan además nuevas formas de cooperación entre los sindicatos y la sociedad civil en general.

VIII: Promoción de la educación para la vida y a lo largo de toda la vida

49. Como los desafíos que afrontan los ciudadanos en las sociedades en todo el mundo son cada vez más vastos y complejos, la experiencia educativa no puede terminar con el último año de la enseñanza obligatoria. Los sistemas educativos deben tener un enfoque de aprendizaje permanente y brindar oportunidades a estudiantes de todas las edades. Esto reviste una importancia crucial para las mujeres adultas, que se han beneficiado menos de la educación en generaciones previas. El aprendizaje permanente merece especial atención en la formación profesional y la educación superior ya que estos sectores proporcionan no sólo la cualificación para acceder a nuevas ocupaciones, sino también para el continuo desarrollo y para equipar a los ciudadanos a hacer frente a los nuevos retos globales.

50. Los sistemas educativos deben adaptarse a los nuevos retos sociales, culturales, económicos, políticos y medioambientales. En este sentido, un sistema de formación y capacitación profesional dotado de los recursos adecuados ha de formar parte esencial de cualquier sistema educativo moderno. Los docentes y otros trabajadores y trabajadoras de la educación en este sector requerirán un creciente desarrollo profesional continuo que les permita mantenerse al día con la rápida evolución del entorno social y económico para el que preparan a su alumnado.

51. Los sistemas educativos deben también tomar mayor conciencia de la contribución que hacen a la salud de los estudiantes. Deben promover la sensibilización en materia de salud y la transmisión de conocimientos útiles para permitir a los estudiantes ser más responsables de su propia salud, así como de la salud de los que los rodean. Los comedores en los centros de enseñanza deberían aportar una dieta saludable, y los planes de estudio deberían incluir programas para mejorar la higiene personal y de asesoramiento respecto al comportamiento sexual y reproductivo.

52. Los sistemas educativos tienen la responsabilidad de ayudar a los estudiantes a estar informados y hacer frente a los desafíos que afronta el mundo moderno, particularmente en relación con el futuro del planeta y la necesidad de un desarrollo sostenible. La educación respecto al desarrollo sostenible ha de entrar a formar parte integral del plan de estudios en todas las instituciones educativas. Como ciudadanos y consumidores del mañana, los estudiantes deben tomar conciencia del impacto que el ser humano ha tenido sobre el medio ambiente y, en particular, de las consecuencias de la continuación de una cultura consumista en la sociedad para el futuro del planeta. El desarrollo sostenible debe incluirse como un elemento central de cualquier marco curricular establecido.

Resumen

1. La educación es un derecho humano y un bien público que debe ser financiado y regulado públicamente.
2. Las autoridades públicas deben proporcionar un marco jurídico para la educación en sus países, que establezca los principios de imparcialidad, equidad y calidad sobre los cuales debe apoyarse la educación.
3. Las autoridades públicas deben respetar y aplicar los convenios internacionales sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación a organizarse y negociar colectivamente, y sobre el estatus de los docentes y los empleados de la educación a todos los niveles.
4. Las autoridades públicas deberían invertir al menos un 6% del PIB en educación.
5. Toda persona tiene el derecho fundamental a recibir una educación apropiada que le permita aprovechar al máximo su potencial y convertirse en ciudadano responsable.
6. La educación debe ser de alta calidad para todos.
7. Todos los estudiantes tienen derecho a un plan de estudios amplio y equilibrado en sus escuelas e instituciones educativas.
8. La educación de calidad se define en términos de contexto y cultura. La calidad no es ni unidimensional ni simple. Una educación de calidad se define por sus aportaciones (incluyendo la formación de los estudiantes, los títulos de los docentes, las condiciones de trabajo, el número de alumnos por clase y la inversión en educación); el proceso educativo (incluyendo la enseñanza, la crianza de los hijos e hijas, y los procesos de aprendizaje relacionados); y los resultados proyectados (incluyendo la medida en que cubre las necesidades individuales sociales, culturales, económicas y medioambientales). Un enfoque contextual de la educación nunca es determinista, dado que está supeditado a la creatividad y el desarrollo constante. Una educación de calidad para todos ha de establecerse y perfeccionarse sobre la base de las mejores prácticas, las experiencias profesionales y la investigación educativa relevante.
9. Los docentes deben mantener un alto estándar profesional y responder ante la sociedad. La evaluación de los docentes ha de ser llevada a cabo en colaboración con sus pares y profesionales competentes. Debe basarse en la confianza y ayudar a los docentes a identificar sus necesidades de desarrollo profesional.
10. La formación en magisterio debe ser de alta calidad y con oportunidades de alcanzar un nivel de postgrado. Debe estar acompañada por un período de iniciación profesional estructurada con la asistencia de un mentor. Los docentes deben recibir apoyo a lo largo de su carrera, teniendo derecho a una actualización profesional continua de alta calidad totalmente financiada.
11. Debe reconocerse a los educadores un alto estatus profesional en la sociedad acorde con sus responsabilidades profesionales, títulos y aptitudes, y la contribución que su profesión aporta al desarrollo de la sociedad.
12. Los salarios, planes de pensiones y condiciones de servicio de los trabajadores y trabajadoras de la educación deben ser comparables a los disponibles para otros grupos de la sociedad con una cualificación similar.
13. La educación ha de proveerse sobre la base de igualdad de acceso y de oportunidades para todos. No debe existir discriminación, incluyendo la basada en el género, las discapacidades, la religión, la raza, el origen étnico, la orientación sexual, el estrato cultural o económico, o las características personales.
14. La educación debe ser inclusiva e inculcar los conceptos de igualdad, tolerancia y respeto por la diversidad.
15. La educación superior debe ser accesible a toda persona que reúna los requisitos necesarios, sin que existan obstáculos financieros o sociales. Debe estar protegida de la comercialización y la competencia.
16. La educación debe prestar especial atención a cuestiones relativas al género, particularmente las relacionadas con estereotipos de género e impedimentos basados en el género para una plena participación en la educación, ya que afectan a todos los estudiantes y a los trabajadores y trabajadoras de la educación.
17. La docencia a todos los niveles debe estar reconocida como una actividad profesional y acordársele el mismo respeto y estatus que tienen otras profesiones similares en la sociedad.
18. Los docentes deben observar un código de ética profesional y de valores que aporte prestigio a su estatus.
19. Los trabajadores y trabajadorasde la educación deben compartir la responsabilidad de la gestión de sus instituciones y de su propio desarrollo profesional. Deben asociarse con otras partes interesadas, como familias y estudiantes, para mejorar y desarrollar sus instituciones educativas.
20. Unos sindicatos de la educación independientes, democráticos y representativos desempeñan un papel vital en el desarrollo y la prestación de una educación de alta calidad en la sociedad. Se les debe conceder un papel destacado en los debates sobre la prestación y la calidad de la educación y ser reconocidos a efectos de la negociación colectiva en tanto que representantes oficiales de los docentes y los trabajadores y trabajadorasde la educación.  
21. La solidaridad y la asociación internacional en la IE con sus propias organizaciones miembros y a nivel mundial con las instituciones intergubernamentales internacionales que desarrollan políticas educativas, pueden contribuir significativamente al desarrollo y la provisión de una Educación Para Todos de calidad.
22. Las tecnologías modernas pueden constituir una ayuda y suplementar la enseñanza y el aprendizaje con el fin de mejorar la calidad de la educación. Deben ser accesibles a todos.
23. La educación debe brindarse a las personas a lo largo de toda su vida y debe promover un modo de vida saludable y sostenible.