Rosana Palacios, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), ha sido amenazada con acciones penales y se le ha prohibido que hable en nombre de su sindicato. Rosana Palacios, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), ha sido amenazada con acciones penales y se le ha prohibido que hable en nombre de su sindicato.
El comité ejecutivo nacional del sindicato, que se reunió el 22 de octubre, ha decidido continuar su lucha para acabar con la campaña falsa del Gobierno destinada a disolver el sindicato de docentes. En una declaración, la UNE dice: "Es nuestra obligación defender la educación pública secular y plurinacional y los derechos de los/las docentes".
Las oficinas provinciales del sindicato han sido desvalijadas y ocupadas y el Gobierno alquila algunas con ánimo de lucro. Las cuentas bancarias del sindicato han sido cerradas y los/las docentes corren peligro si tienen contactos con los/las cargos sindicales de la UNE.
El Director General de la OIT, Guy Ryder, ha escrito al Ministerio de Educación para expresar su profunda preocupación por la disolución de la UNE y otras acciones contra el sindicato, creado hace más de 50 años.
La UNE apelará la decisión de disolución y ha llevado el caso ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la UNE considera que dos de los tres jueces son nombramientos políticos y puede que no actúen de manera imparcial e independiente. Si su petición es denegada, la UNE planea interponer un recurso ante el Tribunal Nacional de Justicia.
Rosana escribió a la Internacional de la Educación para pedir a los sindicatos de la educación de todo el mundo que muestren solidaridad y, de ser posible, proporcionen fondos para financiar su asistencia letrada.