Una empresa de colocación de docentes de Los Ángeles ha sido condenada a pagar 4.5 millones de dólares a 350 docentes filipinos que fueron atraídos a Estados Unidos y obligados por contrato a enseñar en condiciones de explotación a su llegada a Louisiana.
El veredicto llega tras un juicio de dos semanas en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California en Los Ángeles. El caso fue presentado en nombre de los/as docentes por la Southern Poverty Law Center, la American Federation of Teachers (AFT) y la firma de abogados Covington and Burling.
"Este veredicto pionero afirma el principio de que todos/as los/as docentes que trabajan en nuestras escuelas públicas deben ser tratado/a de manera justa, sin importar de qué país procedan”, declaró Randi Weingarten, presidenta de la AFT. “Los abusos escandalosos son ejemplos drásticos de la extrema explotación que puede ocurrir cuando no hay una adecuada supervisión de la industria de la contratación profesional. Las prácticas que intervienen en estos casos - contratos de trabajo firmados bajo coacción y otros acuerdos que recuerdan a la esclavitud - no deben tener cabida en la América del siglo XXI”.
Mary Bauer, directora legal para el Southern Poverty Law Center, señaló: "El jurado ha enviado un mensaje claro de que las prácticas comerciales explotadoras y abusivas que involucren a trabajadores federales invitados no serán toleradas. Esta decisión pone a las agencias de contratación sin escrúpulos sobre aviso de que los seres humanos, independientemente de su ciudadanía, no pueden ser forzadas por contratos que les obligan a pagar honorarios ilegales”.
Dennis Auerbach, abogado principal en el caso de Covington and Burling , elogió la perseverancia de los/as docentes filipinos/as. "Estamos muy satisfechos/a con el veredicto en este caso y orgullosos/as de haber apoyado a estos/as valientes docentes a los que finalmente se les ha hecho justicia”, dijo.
Trabajo forzoso
Los/as docentes comenzaron a llegar a Estados Unidos en 2007 como parte del programa de trabajadores invitados H-1B . Administradas por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, las visas H-1B permiten a los/as extranjeros/as con habilidades especiales trabajar en Estados Unidos durante un máximo de seis años. La mayoría de los/as docentes pagan el servicio de colocación, unos 16.000 dólares - varias veces el ingreso medio por hogar en Filipinas - para obtener sus puestos de trabajo.
La gran mayoría de los/as docentes tuvo que pedir dinero prestado para pagar los enormes honorarios de reclutamiento. Los/as reclutadores/as remitían a los/as docentes a prestamistas privados que cobraban del 3 al 5% de interés al mes. Los/as docentes se vieron obligados/as a pagar estas cuotas exorbitantes porque ya habían hecho inversiones sustanciales que no serían devueltas. Los/as reclutadores/as también confiscaron los pasaportes y visados de los/as docentes hasta que las cuotas de reclutamiento fueran pagadas en su totalidad.
Además de pagar los honorarios por adelantado, los/as docentes se vieron obligados/as a ceder un 10% adicional de los salarios que ganaran durante el segundo año de enseñanza. Los/as docentes que se resistieron a la firma de los contratos fueron amenazados/as con ser enviados/as a casa renunciando a los miles de dólares que ya habían pagado. Estos contratos fueron declarados ilegales e inválidos por el tribunal como parte de este caso.