Lo que ha sido descrito como un borrador casi final del controvertido Acuerdo Comercial de la Lucha contra la Falsificación (ACTA) se dio a conocer en octubre en medio de la confusión sobre si realmente se llegó a un acuerdo.
El representante de comercio de Estados Unidos, Ron Kirk, señaló que las negociaciones habían terminado y elogió el tratado como una “victoria significativa para todos aquellos que se preocupan por la protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual”.
Sin embargo, la reacción de la Unión Europea fue cautelosa, y uno de sus responsables afirmó “hemos recorrido un buen trecho, pero todavía hay que solucionar las lagunas que quedan, sin lo cual no habrá acuerdo”.
Cualquiera que sea la situación en la que se encuentra el texto de octubre, se han incorporado al ACTA cambios importantes que protegen mejor a la comunidad de usuarios, incluidos los docentes y estudiantes.
En particular, se han diluido las disposiciones anti-elusión, que hubieran prohibido la ruptura de las denominadas “cerraduras digitales” colocadas en el contenido electrónico. El último borrador proporciona flexibilidad a los países para que puedan permitir el uso y la reproducción de contenido digital bloqueado para efectos legales para la educación y la investigación, por ejemplo.
Además, los proveedores de servicios de Internet en el último proyecto de acuerdo ya no se harán responsables de la infracción de los derechos de autor de sus clientes.
Sin embargo, las preocupaciones sobre el tratado persisten.
El programa estadounidense sobre justicia y propiedad intelectual de la información advirtió que las disposiciones del ACTA sobre medidas fronterizas podrían afectar el acceso a los medicamentos genéricos.
“El texto todavía promueve un régimen jurídico al estilo de los EE.UU. que facilitaría los embargos transfronterizos de los medicamentos genéricos legítimos y legales que transiten a través de cualquier miembro del ACTA”, indicó el grupo.
David Robinson, consultor sobre comercio de la Internacional de la Educación, está de acuerdo en que aún persisten algunos elementos preocupantes en el proyecto de tratado, pero dice que, en general, representa una mejora importante para la comunidad educativa.
“Hay cierta flexibilidad muy importante en el último proyecto, que permite excepciones permanentes a los derechos de autor con fines educativos”, afirmó. “Sin embargo, tenemos que ser vigilantes para que los gobiernos y el sector no traten de interpretar estrechamente la letra del ACTA en un intento por restringir nuestro acceso a los contenidos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje.”